Desde hace unos meses tenemos a dos de los principales responsables de Coalición Canaria en el Archipiélago, Fernando Clavijo y José Alberto Díaz, repitiendo en los medios de comunicación que la gestión de las grúas en La Laguna no supuso ningún daño a las arcas municipales.
Sonará manido, pero aunque una mentira se repita muchas veces no deja de serlo. La realidad es que en el año 2004, cuando un joven concejal de Seguridad Ciudadana llamado Fernando Clavijo decidió privatizar este servicio público, el mismo se desarrollaba con dos grúas municipales y seis operarios que habían pasado un proceso de selección oficial, todo ello a un coste de 170.000 euros menos que el que, según los informes oficiales, supuso su gestión privada.
No es casualidad que esta decisión se tomara en un momento en el que La Laguna contaba con grandes ingresos y había recursos para mejorar ese servicio desde lo público. Respondía a la misma fe liberal de la que ha hecho gala Clavijo en este tiempo, una fe en que lo privado se gestiona “mejor” y además tiene menos cortapisas, una premisa que el tiempo y los datos está desmintiendo. Cuando sumamos el efecto total de la privatización, calculado en esos informes, hablamos de alrededor de un millón de euros más a las arcas municipales, todo para facilitar la contratación de afines.
Otra cosa clara son las declaraciones ante la Guardia Civil y en la comisión de investigación del primer propietario de la empresa que se hizo con este servicio. Afirma que desde el minuto uno lo usaron para colocar a dedo a personas vinculadas política y personalmente con los concejales, principalmente de Coalición Canaria, una práctica que desgraciadamente es un sostén fundamental de las políticas caciquiles.
El sobrecoste de este servicio público privatizado se realizó para consolidar la principal ganancia política que produce para sus ideólogos, reforzar la red clientelar que posibilita perdurar en el tiempo y mantener el poder. Esa red se sostiene sobre la precariedad de quien es contratado en base a un favor y se mantiene bajo la amenaza constante de que si otros gobiernan lo perderán. Es una red construida sobre el miedo y la arbitrariedad.
Ese ecosistema del premio y del castigo sale caro, incluso genera situaciones a la larga que explican parte de esos famosos 105 millones de deuda municipal que en 2012 afloraron, fruto de la mala gestión de los recursos públicos de la era Oramas y Clavijo.
Un ejemplo esperpéntico del resultado de este tipo de dinámicas fue el préstamo de 120.000 euros que el propio Ayuntamiento entregó a la empresa de grúas en 2014, una acción absolutamente infrecuente en las administraciones públicas, realizada en contra de los informes del Interventor municipal y que se hizo con un objetivo claro, permitir a las personas afines a Clavijo, que compraron la empresa en 2011, mantener el contrato cuando incumplían múltiples aspectos del pliego de condiciones.
Con descaro han dicho que era para evitar problemas a unos trabajadores que habían arriesgado su patrimonio en una empresa como esta, cuando en la misma época no movieron un solo dedo para evitar la ruina de miles que no tenían contactos ni amistad con el poder caciquil.
Estas artimañas contrarias a los informes y a la legalidad ya han costado la imputación del alcalde y del portavoz local de CC y estoy seguro que próximamente será determinante para la imputación de Fernando Clavijo.
Lo he dicho en varias ocasiones, seguramente antes de final de verano veremos el caso grúas en el Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Una vez lleguemos a eso entraremos en una fase donde, aquellos partidos que de verdad apostamos por la regeneración de las instituciones y la depuración de las responsabilidades políticas, deberemos dar pasos claros y contundentes. Veremos cuál es la actitud de otras fuerzas con respecto a estas situaciones. La grúa nos puede dejar una dignificación de la política o más vergüenza, veremos lo que pasa.
Rubens Ascanio Gómez. Portavoz municipal de Unid@s se puede en La Laguna