El magistrado que preside el tribunal de jurado encargado de enjuiciar el llamado caso eólico, Pedro Herrera, ha acordado hoy miércoles 13 de junio la suspensión del inicio del plenario ante la incomparecencia de uno de los acusados, Alfredo Briganty, y específicamente al darse la circunstancia de que este imputado, abogado de profesión, se defiende a sí mismo.
Un imputado puede no comparece a juicio y este continuar su curso tras ser declarado en rebeldía, pero no puede dejar de estar representado legalemente en el plenario.
En consecuencia, el magistrado Herrera ha acordado la suspensión del comienzo de la vista señalado para hoy, y ha acordado dos medidas en referencia a Briganty: su puesta en busca y captura con orden de detención, en su condición de acusado que no acude a una citación judicial sin justificación al parecer había presentado un escrito a las 11 de la noche de ayer martes, documento que hoy no estaba aún registrado en el Decanato- y la incoación de un expediente disciplinario en su calidad de abogado, con propuesta de sanción de 18.000 euros por no acudir a un juicio a defensar a su cliente, paradójicamente él mismo.
El resto de imputados en el proceso -el ex director general de Industria y Energía del Gobierno de Canarias Celso Perdomo; su pareja, la funcionaria del Cabildo de Gran Canaria Mónica Quintana; el ex funcionario de la Consejería de Industria Honorato López y los empresarios Enrique J. Guzmán y José Ignacio Esquivel- sí acudieron a la cita, y recibieron las disculpas del presidente por el imprevisto que impedía celebrarlo hoy.
El magistrado Pedro Herrera tomó la decisión de ordenar la detención de Briganty a petición del representante del Ministerio Fiscal, el fiscal anticorrupción de Las Palmas Luis del Río. Sólo la abogada defensora de Celso Perdomo se opuso a la petición; el resto de las defensas o bien replicaron que no tenían “nada que alegar” o instaron a que el magistrado tomara la decisión que procediera en derecho.
El caso eólico intenta aclarar una supuesta trama de corrupción en la adjudicación de potencia eólica con información privilegiada del Gobierno de Canarias, previa a la publicación del concurso que a tal efecto se convocó en 2004. Es considerado el primer megaproceso por presunta corrupción política que se abrió en las islas en la pasada década, con gran proyección mediática y escándalo en la sociedad.