Cuando Canarias, al igual que el resto de regiones españolas, ha rebasado cuarenta largos abriles, desde la implantación de la democracia o partidocracia plutocrática, según se entienda;
rebasada la primera década del siglo XXI, y, pese, sustentarse la gobernabilidad de estas ínsulas, bajo la tutoría de gobiernos de corte político ideológico de, presuntamente, cariz nacionalista; por supuesto, gracias a los imprescindibles apoyos políticos obtenidos, “in trémpore”; apoyos prestados a Coalición Canaria (CC) mediante pactos adecuadamente concertados, alternativamente, con fuerzas políticas de ideología nacional, que no nacionalistas, es decir, partidos PSOE y PP; en gran medida puede, los que andan dirigiendo los destinos de Canarias, confundan gasto con lo que debería ser inversión de futuro para un país desarrollado; quizá haya sido la, presuntamente, causa que en pleno siglo XXI, Canarias continúe liderando deficiencias propias de los territorios infra desarrollados; destacando, entre otras muchas deficiencias, las siguientes materias:
Ley de atención a la Dependencia
Falta de Hospitales geriátricos públicos
Falta de Hospitales Psiquiátricos públicos
Sistema educativo público ineficiente
Fracaso escolar (Informe Pisa – OECD)
Deficiente sistema judicial, por la más que notable falta de medios humanos y recursos materiales
Sanidad Pública continuos recortes, pese manifestaciones, por todas convocatoria 07 abril 2018 – 11:00 h., Plaza Las Ranas (G. C.)
Una RTV-Canaria costosa e innecesaria; por tanto, perfectamente prescindible
Sistema Electoral Canario pésimo
Ley del Suelo, rechazada por una gran mayoría del pueblo canario
Excesiva carga poblacional; pese reiteradas manifestaciones de colectivos sociales y vecinales exigiendo una Ley de Residencia
Falta de un parque público de viviendas sociales, capaz de solventar las necesidades reales de los ciudadanos isleños
Etc.
Las deficiencias reseñadas en los apartados anteriores, entre otras muchas, son sólo algunas de las más destacables. Los diferentes Gobiernos de Canarias, itero, presididos por una coalición, presuntamente, nacionalista a lo largo de más de tres décadas, iteremos con el apoyo alternativo “in tempore” prestado de manera alternativa por dos fuerzas políticas de carácter nacional PSOE y PP; ello, quizá causa de no se haya sabido o querido desplegar políticas aptas, capaces de ofrecer respuestas y solución a los muchos problemas del pueblo canario; en más de los casos deseados ha contribuido, directa o indirectamente, al aumento de los problemas acuciantes de los canarios; a título ejemplificativo, podríamos citar la tan nombrado Reserva de Inversiones en Canarias (RIC), reserva que sólo ha servido para todo lo contrario de su razón de ser, es decir, enriquecimiento de pocos sin revertir en el desarrollo económico y social de Canarias; así, entre otras, ha contribuido al encarecimiento del precio de la vivienda –recordemos los muchos letreros de pisos en venta que rezaban “apto para la RIC”– ; otro polémico y más reciente, refiere al tema del tan aireado Concurso de la Radiotelevisión Canaria; mientras se habla de algo que, debió ser priorizado y, desde hace muchos años, resuelto; nos referimos a los tan necesarios hospitales geriátricos públicos, imprescindibles en territorios con una preocupante y desmesurada carga poblacional como ocurre en el caso de las islas Canarias; es un hecho constatable, Canarias se encuentra entre los territorios con mayor densidad de habitantes por kilómetro cuadrado. Población que, según los datos ofrecidos por el Instituto Nacional de Estadística (INE), a través del portal de su web, el número de habitantes en la Comunidad Autónoma Canaria, de conformidad al Padrón poblacional total existente a 2017 en las islas Canarias, asciende a un total de dos millones ciento ocho mil ciento veintiún habitantes (2.108.121). [1]
En referencia al dato poblacional, in crescendo, al no existir una Ley reguladora de la Residencia en Canarias, capaz de poner freno a la problemática de la superpoblación, con todo lo implícitamente de negativo que ello conlleva; especialmente tratándose de territorios insulares, tal como ha expresado las Naciones Unidas, los problemas de superpoblación en territorios isleños, se multiplican por cuatro respecto de los continentales (acumulación de residuos sólidos, chatarra, deterioro medioambiental, escasez de agua potable, aumento del consumo de combustibles fósiles, degradación del suelo por una excesiva agresividad constructiva; etc.); si a lo anterior le añadimos el excesivo número de visitantes (turismo de masas), las perspectivas del deterioro de los territorios insulares son, incuestionablemente, terribles a corto y medio plazo; sin embargo, pese a las razonadas demandas desplegadas por colectivos sociales y vecinales alertando del problema de la superpoblación en las islas, las instituciones públicas poco o nada han hecho al respecto. Algo que, por el contrario, otros territorios si han acometido: Isla de Malta, Estado de Hawái, República de las Seychelles, Isla de Man, etc., sus respectivas poblaciones y clases políticas dirigentes, han sido lo suficientemente previsores y conscientes, anteponiendo los intereses internos sobre cualesquiera otros de carácter exógeno, mediante la creación de normas que regulan la residencia, con el objetivo de preservar la cultura y la fragilidad de dichos territorios; tal debería haberse, hace años, hecho en las islas Canarias.
Por otro lado; conviene señalar que una de las grandes deficiencias detectadas entre la clase política, en general, está focalizada en una notable falta de capacidad resolutiva coherente y eficaz, es decir, de ejercer política con talla de estado, y no de carácter partidista oligárquico, bajo un manto plutocrático. Las causas de la mediocridad política, salvo excepciones, deviene de un sistema en el cual no se le exige al candidato de turno, capacidad o méritos demostrados para ejercer de político; hoy, para desempeñar cargos públicos políticos, a diferencia del funcionario, no se requiere de capacidad o conocimiento de tipo alguno determinado; cualquiera resulta bueno; ese, entre otras muchas causas, quizá, sea el principal origen de los grandes fallos del sistema político actual en España; a título meramente paradigmático, véase los miles de casos de corrupción locales, que salpican el espacio geográfico nacional e insulares.
Cuando la empresa más importante, las instituciones públicas, no están dirigidas y/o gobernadas por personas capacitadas, difícil que esas instituciones puedan funcionar con la eficiencia y eficacia requeridas; piénsese en una gran empresa mercantil en la cual para ocupar cualesquiera de los diferentes cargos orgánicos de la misma, a los candidatos no se les exigiese preparación alguna, probablemente al poco terminaría abocada a la ruina; de ahí, que, toda mercantil que se precie exija un determinado nivel de preparación a los aspirantes a desempeñar cargos de responsabilidad; sin embargo, itero, para dirigir un ayuntamiento, cabildo, gobierno autonómico, o ser miembro del congreso, etc., basta con medrar vía partido y/o ser lo suficientemente habilidoso para ganarse la confianza de sus compañeros y alcanzar un puesto para el cual, en más de las ocasiones, carece de la capacidad necesaria. Un ejemplo de mayor claridad, si cabe, utilizando un símil náutico, para ser el responsable de un barco ha de contarse, preceptivamente, de capacitación al puesto, es decir, ostentar el título habilitante de cada uno de los diferentes tripulantes (Capitán, Primer Oficial, Jefe de máquinas, contramaestre, etc.), todos son marinos, pero cada uno ocupa su respectivo puesto acorde con sus conocimientos y aptitudes profesionales; como dice el refrán “Donde hay patrón, no manda marinero”, no todos estamos capacitados para las mismas tareas, por eso debiere exigirse un mínimo nivel de capacidad adecuada a todo aquel político que aspire a desempeñar cargo público de cualquier nivel; algunos opinarán que eso no garantiza evitar la corrupción ni los errores pero ayuda, incuestionablemente, a su minoración y/o erradicación.
Respecto la responsabilidad del político; todo cargo público, implícitamente, habría de conllevar la preceptiva e ineludible responsabilidad directa inherente al desempeño del cargo de la concreta función ejercitada, durante el mandato y un mínimo de tres años siguientes a la finalización del mismo; dicha responsabilidad debiera ser personal y directa, tanto en el ámbito civil como en el penal; en este último, el Código Penal, deslindando los delitos tipificados para los funcionarios, habría de contemplar un título especial con penas mínimas de tres años, para cualesquiera de los cargos políticos de cualquier nivel, que resultaren condenados por causas derivadas de su gestión; así mismo, la competencia judicial tendría que estar atribuida en primera instancia, de manera exclusiva y excluyente, a los respectivos Tribunales Superiores de Justicia de las diferentes Comunidades Autónomas, con independencia de aforamiento alguno; quedando los recursos, en su caso, para ante el Tribunal Supremo. Así mismo, caso de afección a más de una Comunidad Autónoma, será competente en primera instancia la Audiencia Nacional. No olvidemos que en política se está por voluntad o devoción, no por obligación.
A modo de reflexión acerca del título del presente trabajo expositivo, y, conforme a la tesis aquí sostenida ha devenido practicándose, a lo largo de casi cuarenta años (1978/2018), con políticas que podrían calificarse de ineficientes respecto la actividad económica desplegada por los diferentes ejecutivos canarios, que, confundiendo gasto e inversión, han priorizado la puesta en marcha y el sostén, entre otros intranscendentes asuntos, de una costosa e innecesaria Radiotelevisión Canaria, frente a la apremiante necesidad de promover políticas económicas destinadas a inversiones de futuro; a título paradigmático, la puesta en marcha y sostén de un adecuado y eficaz sistema público hospitalario geriátrico y psiquiátrico, capaz de atender la demanda de la sociedad canaria conforme a la demanda real poblacional, en áreas tan importantes como es la sanidad pública o la educación; por todo ello, resulta recomendable que el ciudadano a la hora de depositar su confianza mediante la introducción del voto en la urna, sopese detenidamente su decisión; de ello dependerá que las cosas sean mejor o peor, para el conjunto de la población canaria. Prioritario es contar con un adecuado sistema público hospitalario (inversión), no de radio y/o televisión (gasto) por más autonómico que fuere. En relación con lo expuesto; conviene resaltar lo expresado respecto la salud en el Texto Constitucional de 1978, concretamente, en su artículo 43:
1. Se reconoce el derecho a la protección de la salud.
2. Compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios. La ley establecerá los derechos y deberes de todos al respecto.
3. Los poderes públicos fomentarán la educación sanitaria, la educación física y el deporte. Asimismo facilitarán la adecuada utilización del ocio.
A modo de resumen final; véase las retribuciones referidas al año 2017, correspondientes a los altos cargos a continuación detallados:
a) Retribución presidente Radiotelevisión Canaria (2017) Sr. Negrín…. Total anual (sin Seguridad Social ni antigüedad): 59.659,87 € [2]
b) Retribución director Servicio Canario Salud (2017) Sr. Domínguez… Total anual (Sin Seguridad Social ni antigüedad): 60.403,43 € [3]
Así mismo; reseñamos los gastos desglosados, correspondientes a los ejercicios de los años 2002 a 2017, concernientes al sostenimiento del ente público RTVC, los cuales han supuesto al erario público canario las cantidades detalladas en la tabla debajo destacada:
Bienes de carácter esenciales para el desarrollo de cualquier país que aspire a tal calificación, entre otros, destacan por su importancia la educación y la sanidad públicas; por lo tanto, los presupuestos habrán de contemplarlos como costes de inversión de futuro, jamás como gastos.
Constitución Española – Art. 128:
1. Toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general.
2. Se reconoce la iniciativa pública en la actividad económica. Mediante ley se podrá reservar al sector público recursos o servicios esenciales, especialmente en caso de monopolio, y asimismo acordar la intervención de empresas cuando así lo exigiere el interés general.
Juan F. Ramírez (Analista Político e Investigador)
Citas utilizadas:
[1] http://www.ine.es/FichasWeb/RegComunidades.do?fichas=49&busc_comu=&botonFichas=Ir+a+la+tabla+de+resultados
[2] http://www.gobiernodecanarias.org/cmsgobcan/export/sites/transparencia/temas/retribuciones/retribuciones_personal/altos_cargos/doc/13-RETRIBUCIONES_ALTOS_CARGOS_C._HACIENDA.pdf
[3] http://www.gobiernodecanarias.org/cmsgobcan/export/sites/transparencia/temas/retribuciones/retribuciones_personal/altos_cargos/doc/12-RETRIBUCIONES_ALTOS_CARGOS_C._SANIDAD.pdf
[4] http://www.gobiernodecanarias.org/hacienda/dgplani/presupuestos/2017/proyecto_de_ley/
NOTA: Los enlaces ofrecidos en el presente trabajo, han sido consultados en Internet los días 25 de marzo y 05 de abril de 2018.-