Mariano Rajoy ha activado el artículo 155 de la Constitución.
Texto íntegro del requerimiento.
El Consejo de Ministros aprueba el primer paso previsto en la ley de leyes: enviar un requerimiento al presidente de la Generalitat para que aclare y desista de sus intenciones. En este caso, y dada la confusión generada ayer por el presidente de la Generalitat con su decisión de proclamar y al tiempo suspender la aplicación de las consecuencias de crear su república nacionalista catalana, el Ejecutivo empieza por pedir confirmación de la decisión que ha tomado el dirigente independentista.
El jefe del Ejecutivo hizo el anuncio de la decisión del Consejo de Ministros en persona, en una declaración oficial desde La Moncloa y antes de detallar su posición en el Congreso de los diputados. En fuentes gubernamentales confirmaron que antes informó de ese paso a Pedro Sánchez y a Albert Rivera, no así a Podemos, la tercera fuerza parlamentaria.
Rajoy dijo que pretendía de entrada aportar claridad en la crisis institucional provocada con el golpe separatista en Cataluña después del último espectáculo de Puigdemont y sus socios en el Parlamento catalán, el de la ‘declaración trampa’ dirigida a los partidarios de abrir un diálogo y negociación con el presidente de la Generalitat sobre los hechos consumados de sus leyes y su referéndum para la secesión de Cataluña.
El presidente del Gobierno precisó que el requerimiento previo es el requisito para adoptar en los próximos días las medidas previstas en la Constitución para restablecer la ley en una administración que se salta el ordenamiento constitucional y va contra los intereses generales de la nación. La intervención de competencias vendría después, en caso de que las autoridades autonómicas confirmen su desobediencia y rebelión.
Rajoy invitó a Puigdemont a utilizar ese requerimiento para poner fin a la etapa de vulneración de las leyes y devolver el sosiego y la normalidad institucional a Cataluña. Es un último aviso. En La Moncloa no detallaron el plazo que el requerimiento da a Puigdemont para responder, pero en fuentes del PP hablaron de 5 días a contar desde mañana.
El presidente de la Generalitat tendrá que aclarar a partir de ahora y por escrito si sigue suscribiendo el texto firmado con el resto de diputados independentistas en el Parlament. Un documento que contradice la suspensión de la Declaración Unilateral de Independencia que había anunciado desde el estrado de la Cámara y que supone una verdadera proclamación de Cataluña como República soberana independiente que solicita negociar «de Estado a Estado» con el resto de España.
Puigdemont juega con que un documento no tiene efectos jurídicos -para intentar eludir así las consecuencias tanto administrativos como penales- e intentar que no se lleve a efecto la aplicación del 155. Para Puigdemont y su vicepresidente, Oriol Junqueras, al no haber sido votada y al no estar en el orden del día de la Cámara, la firma de los diputados independentistasno es un documento que tenga efectos jurídicos ni es una proclamación como tal. Solo una declaración de intenciones que, desde su estrategia, no puede ser perseguida por el Estado.
Esta es precisamente la tesis que ha sido comprada tanto por el líder de Podemos, Pablo Iglesias, como por la alcaldesa de Barcelona y líder de los ‘comunes’ allí, Ada Colau. Para ambos, Puigdemont ha suspendido la DUI en un gesto «que le honra» y ahora toca al Gobierno de Rajoy dar una «oportunidad al diálogo». Lo contrario, según Iglesias, sería un «error histórico».
Sin embargo, para los abogados del Estado que asesoran al Gobierno y para los fiscales de las tres asociaciones, la firma del documento es una auténtica declaración de independenciaperseguible judicialmente y suficiente para poner en marcha la aplicación del artículo 155, una fórmula que permite al Gobierno desde la suspensión de la autonomía, la inhabilitación de los cargos de la Generalitat o la disolución del Parlament y la convocatoria de nuevas elecciones.