La Federación de Salud de Intersindical Canaria ha señalado directamente al Gobierno de Canarias, compuesto por Coalición Canaria (CC) y el Partido Popular (PP), como responsable de las dificultades de la ciudadanía para acceder a una vivienda digna en las islas. El sindicato vincula esta problemática con el auge del turismo, la especulación y las recientes protestas sociales en el archipiélago.
El colectivo de profesionales sanitarios afirma que los desahucios y la presión del modelo turístico sobre la habitabilidad —impulsada por la compra de inmuebles por parte de capital extranjero y la proliferación del alquiler vacacional— están ahogando la economía de las familias canarias. A esto se suma, según la organización, una oferta residencial casi inexistente y unos precios inasumibles que contrastan con los salarios más bajos del Estado y de la Unión Europea.
Presión demográfica y especulación
En el plano demográfico, el sindicato subraya el impacto del crecimiento poblacional en las islas. De acuerdo con los datos aportados por la federación, Canarias registró un aumento de 17.880 habitantes solo durante el año 2025, correspondientes en su mayoría a ciudadanos foráneos que fijaron su residencia en el archipiélago y que ahora también compiten en el mercado por la demanda de techos disponibles.
El comunicado denuncia la existencia de una red de prácticas especulativas por parte de entidades bancarias, rentistas y agencias inmobiliarias que propicia la expulsión de inquilinos antiguos para incrementar los beneficios, amparados en un marco legislativo que consideran desprotege a la clase trabajadora.
Bloqueo político en el Congreso
La organización también analiza el escenario político nacional y critica el reciente bloqueo en el Parlamento español de las medidas propuestas por el Ejecutivo central de Pedro Sánchez. Según Intersindical Canaria, el voto conjunto de PP, VOX y Junts impidió la aprobación del último decreto impulsado por el PSOE y Sumar, el cual buscaba frenar determinados desahucios y moderar los precios de los alquileres. Para el sindicato, esta postura alinea a estas formaciones con los intereses del sector financiero e inmobiliario.
Impacto en la salud física y mental
La Federación de Salud justifica su posicionamiento público advirtiendo que la falta de acceso a un hogar estable traspasa el ámbito económico y se convierte en un problema de salud pública. Los profesionales sanitarios alertan de las graves consecuencias físicas y psicológicas que sufren las miles de personas afectadas por la vulnerabilidad habitacional.
El comunicado concluye con una condena explícita a los partidos de la derecha y la ultraderecha, tanto a nivel estatal como autonómico, por el incumplimiento de este derecho fundamental.