Por: Antonio Aguado Suárez
El Gobierno (en lo que respecta al PSOE), ha venido sufriendo un gran desgaste electoral, debido a los casos de corrupción protagonizados por algunos de sus dirigentes más significativos, como fue el de José Luís Ábalos, condenado nada menos que a 24 años de presidio. Sin embargo, el principal corrupto de la trama llamada de las mascarillas Víctor de Aldama, aunque fue condenado a cinco años de prisión, pero inexplicablemente no ha entrado en presidio, porque el Tribunal Supremo “muy benevolente” lo ha exonerado con el argumento de que iba a colaborar con la Justicia presentando pruebas inculpatorias en contra de Pedro Sánchez, algo que en absoluto ha hecho.
También está por medio el absurdo e injusto juicio protagonizado por el juez Juan Carlos Peinado en contra de Begoña Gómez esposa de Pedro Sánchez. El referido juez Peinado (como tantos otros), ha venido cumpliendo con la consigna del asesino de Las Azores (Guerra de Iraq), que ha pedido que “quien pueda hacer, que haga”.
Con todo esto, el panorama para Pedro Sánchez se le había puesto muy oscuro y estaba muy asediado. Sin embargo, ha venido muy bien para él y Gobierno que preside, la indignación causada por el desahucio de Mari Carmen, una anciana de 87 años desalojada de su vivienda por un fondo buitre llamado Urbagestión, que pretendía incrementarle la renta nada menos que a 2.650 euros mensuales después de haber estado habitándola durante más de 70 años y estando al corriente de todos los pagos del alquiler que, lo tenía establecido en 500 euros.
Pedro Sánchez tenía previsto convocar las próximas elecciones generales al final de la legislatura, pero ahora y con el problema de la vivienda y el rechazo de los dos decretos leyes por parte del PP, Vox y Junts y la reacción masiva de la sociedad con las acampadas y manifestaciones, puede ser que las elecciones se adelanten antes de finalizar el año. Esas decisiones reaccionarias en contra de la mayoría social, incluso de gran parte de sus propios electorados, podrían hacer que Pedro Sánchez adelante las elecciones antes de lo que tenía previsto.
Si las elecciones se adelantan antes de finalizar este año, podría ser una bocanada de aire fresco para el Gobierno. Al respecto, hay que esperar, a los siguientes pasos que se den para afrontar el primer problema que tiene la ciudadanía como es el de la vivienda.
Aunque lo continúen rechazando el Gobierno tendría que presentar un nuevo decreto ley, pero que sea mucho más ambicioso, contemplando las reivindicaciones del Sindicato de Inquilinas. Como el contrato indefinido, topar el precio del arrendamiento y que sólo se pueda aumentar anualmente con arreglo al IPC. Expropiación de las 115.000 viviendas pertenecientes a los “fondos buitres” y las 34.961 ilegalmente inmatriculadas por la Iglesia. Como así mismo, disponer de las más de 40.000 viviendas de la Sareb y de las más de 400.000 viviendas embargadas por los bancos a sus deudores, cuando se produjo la crisis financiera e inmobiliaria en 2008. Para el rescate de la banca el Estado invirtió más de 60.000 millones de euros. Mariano Rajoy expuso que el total de ese dinero se recuperaría, pero lo cierto es que, solamente se ha recuperado 3.500 millones.
Eliminar progresivamente (en tres años) los pisos turísticos con los que se han venido especulando y obligando a las personas a abandonar sus barrios. Someterles mientras tanto, a un régimen impositivo del 40%.. Eso favorecería la creación de zonas tensionadas
También tendría que plantearse la propuesta del ministro Pablo Bustinduy para que la ciudadanía mayor de edad de todo el país, se pronuncie en referéndum acerca del mencionado problema de la vivienda.
Esta es la fórmula más ágil y eficaz para afrontar y resolver el problema de la vivienda, máxime si se tiene en cuenta que nuestro país necesita 1.600.000 viviendas y existen 4.000.000 desocupadas. En este sentido, se trataría de asegurar e incentivar a los propietarios para que las pongan a disposición de las personas necesitadas en régimen de venta o alquiler.
Sería incomprensible ver a diferentes administraciones que tienen competencias en la materia: comunidades autónomas, diputaciones, cabildos y ayuntamientos, la mayoría gobernadas por el Partido Popular, colaborando con el Gobierno Central para hacerle frente y abordar la solución conjuntamente a este problema, por mucho que sea el más grave que actualmente padecemos.