José Marrero, concejal de Unid@s se puede en el Ayuntamiento lagunero, informó este viernes de las alegaciones que su grupo municipal ha presentado en el periodo de exposición pública del estudio detalle del proyecto de estación de servicio en la parcela ubicada entre la TF263, las calles Afrodita, Amazonas y Altea de San Miguel de Geneto.
El edil recuerda que el Ayuntamiento firmó en abril de 1997 un convenio por el que un promotor urbanístico lograba que se declarara como urbanizable una parcela de 68.000 metros cuadrados a cambio de que el Ayuntamiento dispusiera de un solar de 6000 metros cuadrados y la entrega de 40 millones de pesetas, “ambas acciones con destino a lograr las dotaciones y equipamientos públicos que los residentes en la zona demandaban desde hacía años”.
Marrero recuerda que “no existe ninguna prueba que demuestre que los 40 millones fueron entregados o que justifique que dos décadas después San Migue de Geneto solo tenga un centro ciudadano, que es la mitad del que se anunció con bombo y platillo en los días antes de las elecciones municipales de 2004”.
El grupo lagunero indica que esta instalación industrial “supone una afección directa a estos equipamientos públicos, siendo significativo lo que establece el Real Decreto 1562/1998, de 17 de julio, por el que se modifica la Instrucción Técnica Complementaria MI-IP02 «Parques de almacenamiento de líquidos petrolíferos», que establece que estos almacenamientos con capacidad superior a 50.000 metros cúbicos deben estar situados a un mínimo de 20 metros de distancia de los espacios de pública concurrencia”.
El edil cree que “es muy preocupante que en La Laguna no existan herramientas de protección a la ciudadanía ante este tipo de infraestructuras que suponen un riesgo para la seguridad y, según las leyes estatales, también para la salud por los vapores procedentes de los derivados del petróleo”. José Marrero recuerda que “otras administraciones locales han tomado determinaciones de seguridad, como es el caso del Ayuntamiento de Vitoria que establece un mínimo de 50 metros de distancia entre estos equipamientos y las zonas residenciales, también Torrejón de Ardoz, que en mayo de 2016 aprobó una ordenanza que autoriza la apertura de estaciones de servicio a una distancia mínima de 100 metros de espacios calificados urbanísticamente de «zonas vulnerables». En 2015 el Ayuntamiento de Valladolid aprobó también que en ningún caso se podrá instalar una estación de servicio a menos de 50 metros de las viviendas”.
En el grupo de Unid@s se puede anuncian también que están trabajando para “poner en marcha una propuesta de modificación de las ordenanzas municipales para seguir lo establecido en otros municipios del Estado, además de reclamar que este tipo estudios de detalle, cuando correspondan con instalaciones industriales que puedan suponer afecciones acústicas, emisiones contaminantes o dañinas para la salud, sean sometidos también a un informe de impacto ambiental, ya que el criterio actual de la COTMAC, según acuerdo de 2 de julio de 2012, “la tramitación de Estudios de Detalle no está sujeta a la ley 9/2006”, o en las variaciones que se hayan realizado con la Ley del Suelo.
Igualmente el concejal manifiesta que su grupo seguirá colaborando en la difusión de información sobre este equipamiento, ya que “nuestra responsabilidad como grupo municipal es la de estar a pie de calle y trabajar con la ciudadanía, que mediante la información puede y debe tomar una decisión sobre qué modelo de entorno urbano desean y cómo se puede lograr, en este sentido debemos defender el interés general”.
Finalmente Marrero explica que en el informe de la Unidad de Apoyo Técnico del área de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento, presente en la documentación administrativa, se afirma que “…se estima que el acceso y salida por calle Afrodita puede sobrecargar el tráfico de la vía municipal”, cuestión que no se resuelve, ya que el informe del Cabildo, obra de la Directora Insular de Carreteras manifiesta que en ningún caso se podrá acceder a la parcela directamente desde la vía insular, limitando además el aparcamiento en batería en el frente de la parcela.