EL BAR DE PEPE
La Constitución te ampara, cualquier individuo tiene el mismo derecho a una justicia justa, dicho de otra manera “todos los españoles somos iguales ante la ley”. No se trata de meras intenciones, los ciudadanos españoles tenemos derecho a una defensa judicial gratuita.
Si usted no está integrado en una unidad familiar tiene derecho a abogado de oficio si sus ingresos brutos (incluidas retenciones, impuestos y seguridad social) no superan los 1.065,02 euros (prorrateados en el caso de aquéllos que tengan más de doce pagas al año.) al mes (o 12.780,24 al año). Si forma parte de una familia de hasta 4 personas contándole a usted, puede beneficiarse de la justicia gratuita si cobra menos de 1.331,28 euros brutos al mes y si su familia es mayor, si percibe menos de 1.597,53 euros.
Por aclarar una de las dudas clásicas: si su pareja y usted han decidido divorciarse y ambos trabajan, no pueden superar entre los ingresos de ambos sumados las cantidades anteriormente descritas. Lo mismo cabe decir si conviven con ascendientes o descendientes que estén trabajando.
Hay un matiz importante, y es que no se solicita ningún requisito de ingresos mínimos para las víctimas de violencia de género, los menores de edad y las víctimas de terrorismo.
La pregunta del millón es: ¿defiende igual un abogado en el ejercicio de turno de oficio, que contratado particularmente?
Se supone que si, que las leyes y la ejecución de las mismas son iguales en uno u en otro caso, sin embargo, el malestar en el colectivo de abogados del turno de oficio ha empezado a manifestarse de forma evidente.
El abogado/a de oficio está empezando a sentirse puteado por la administración.
Violencia de género, ladrones, psicópatas asesinos, homicidas, okupas, pistoleros de bar de alterne, inmigrantes sin recursos llegados en pateras, etc., dependen su defensa de abogados que cobran un máximo de 300 € por defender a un psicópata asesino, o 90 € por asistir a una mujer víctima de malos tratos.
El caso del abogado que tiene que defender a 20 inmigrantes llegados en dos pateras, que estaba de turno de oficio y le llaman de madrugada para asistir a estas personas ya que el juez había dictado auto para meterlos en un CIE (Centro de Internamiento de Extranjeros) y tuvo que hacer un recurso contra el ingreso por cada uno de ellos. Dedicó dos días a los emigrantes y aún tiene que estar en contacto con la asistenta social para hacer un seguimiento de cada caso. Por toda esa asistencia apenas cobrará 200 € y no sabe cuándo lo podrá cobrar, “he perdido la cuenta del dinero que me deben”.
El turno de oficio es una carga de trabajo que está empezando a convertir en ong´s a los profesionales del derecho en este país. Son 45.348 los abogados que ejercen el turno de oficio, de los que un tercio dependen del Ministerio de Justicia, todos están en la misma situación. Según los baremos establecidos
Es el Ministerio el que paga al Consejo General de la Abogacía y este a su vez a los colegios de abogados que son los que pagan a los abogados que están inscritos en el de turno de oficio. D. José Muelas, decano del colegio de abogados de Cartagena, dice: “Los pagos se retrasan sistemáticamente, el baremo lleva 20 años sin revisar y los abogados empiezan a estar hartos de ser los que apechugan. La abogacía que es la que garantiza el derecho de igualdad en los tribunales, lo está pasando muy mal”.
Dependiendo de la Comunidad Autónoma, y si está o no transferida la justicia, el importe del gasto de abogado de oficio suele ser diferente, pero sigue siendo insuficiente para ejecutar un trabajo profesionalmente digno. Entre otras cosas porque poco se puede exigir de un profesional del derecho que cobra la hora un 80% más barata que un fontanero, electricista, camarero, etc. y cuando cobra su gestión ha pasado, en cualquiera de los casos de 6 meses a un año.
No es extraño que en los próximos meses veamos una movilización y huelga de los abogados del turno de oficio. Llegado ese momento, el colapso en la justicia y los terribles daños colaterales a los damnificados pueden ser irreparables.