Entrevista en Radio San Borondón
Rubens Ascanio, portavoz de Unid@s se puede en el Ayuntamiento de La Laguna,afirmó en Radio San Borondón que al alcalde de La Laguna lo que le gusta es la oosicion «tranquila y mansa» que se limita a levantar la mano en los plenos por unas migajas de poder.
Ascanio anuncia el acuerdo de su organización para reiterar la denuncia sobre el entramado de Técnicas Competitivas ante el juzgado de guardia.
La rueda de prensa ofrecida por el señor Alcalde “ha mostrado su molestia por la acción de una oposición que hace su labor, que propone y también audita, que cuando estima que hay pruebas suficientes traslada a la justicia las presuntas irregularidades que se hayan podido realizar, entiendo que pida nuestra dimisión, no hacer lo que hacemos sí que nos obligaría a dimitir”.
El portavoz de la formación lagunera argumenta que la documentación que aportaron a la Fiscalía Anticorrupción mereció que el 27 de julio de 2016 la Teniente Fiscal de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y Criminalidad Organizada, con sede en Madrid, solicitara la remisión de lo actuado por la Fiscalía de la Comunidad Autónoma, aunque un Decreto del Fiscal Superior de la Comunidad Autónoma, el 21 de septiembre de 2016, pidió su devolución a la Comunidad Autónoma, con el resultado del archivo inicial ya conocido.
Ascanio manifiesta que «hemos decidido reiterar esta denuncia en el juzgado de guardia tras la consulta a nuestros asesores jurídicos y por la entidad de la documentación que manejamos, nuestros asesores jurídicos ya están trabajando en la denuncia que esperamos entregar esta semana en la que detallará nueva información que vincula a destacados cargos de CC-PSOE con un entramado empresarial que ha obtenido más de 24 millones de euros de fondos públicos en los últimos años y el manejo de mucha información personal de cientos de miles de ciudadanos y ciudadanas de Canarias».
Les parece significativo que «una vez más una decisión judicial se haya filtrado a los medios de comunicación casi antes que a sus denunciantes, cosa que sucede siempre cuando es favorable a los mismos poderes económicos y políticos, nos parece bastante definitorio de cómo está la justicia en nuestra tierra, a pesar del trabajo serio y responsable de la inmensa mayoría de su aparato».
Según su web, Técnicas Competitivas, S. A. (TCSA) es una empresa dedicada a la prestación de servicios y al desarrollo de productos dentro del marco de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, especialmente en el ámbito de la Sanidad, la Administración Pública y el Sector Portuario.
En 1998 su presidente era Rosendo Reboso, que pasó a ocupar importantes cargos públicos en el Gobierno de Canarias, como Director general de Comunicaciones e Informática y Viceconsejero de Desarrollo e Innovación Tecnológica, como miembro de CC, hasta el año 2004. El señor Reboso ha sido consejero de la empresa y de las empresas accionistas, igual que su mujer, participando además “en múltiples empresas vinculadas a este entramado y donde también están presentes otros de los presuntos responsables de este espacio político-empresarial”..
Otras personas que han formado parte de ese presunto entramado, según sus denunciantes, son Augusto Brito, exportavoz del PSOE en el Parlamento canario, o Víctor Díaz, hermano del actual alcalde lagunero, exconsejero de Empleo del Gobierno canario y destacada figura de CC en Tenerife.
Según el portavoz de Unid@s se puede, «esta denuncia llega a través de una información vecinal y entendemos que, tras la consulta de decenas de expedientes y documentos, muestra cómo se creó todo un ecosistema político que facilitó que esta empresa, creada en 1998, lograra tras la salida del Gobierno del señor Reboso, multitud de contratos públicos y el control de buena parte de la información vinculada con los canarios y canarias».
“Nos parece sorprendente que la Fiscalía no preste importancia a que un hijo del exconsejero de Educación del Gobierno canario, José Miguel Pérez, fuera Responsable de Desarrollo Internacional de Técnicas Competitivas unos meses antes de que su consejería le otorgara un concurso público de más de 1,2 millones de euros”, explica. Igualmente señala que la propia Fiscalía reconoce el vínculo de José Alberto Díaz con “otra de las empresas que conforman el entramado, Piélago Consultores SL, de la que el actual alcalde traspasó todas sus participaciones a su propio hijo, entendemos que desde un punto de vista jurídico, los dos responsables políticos deberían haberse inhibido de tomar estas decisiones como mínimo”.
Finaliza señalando que «hemos tomado la determinación de presentar reformulada y ampliada esta denuncia en el juzgado de guardia, opción que la propia Fiscalía nos da, ya que creemos que es nuestra responsabilidad cuando entendemos que se ha cometido una grave irregularidad que afecta a los presupuestos públicos, incluido nuestro Ayuntamiento que gastó unos 500.000 euros en esta empresa».