Cuando comprobamos que la política fiscal del Partido Popular a través del ministro de Hacienda Montoro es muy injusta como se ha demostrado con la arbitraria amnistía fiscal, que ha sido rechazada unánimemente por el Tribunal Constitucional, tanto en la forma por haberla tramitado a través de un decreto ley y el fondo, que permitía a los defraudadores no cumplir con sus deberes tributarios, tenemos que llegar a la conclusión de lo hipócrita que es la celebre frase: “hacienda somos todos”, más aún si la extrapolamos a colectivos débiles y vulnerables, que son objeto de ensañamiento y se les aplica injustas medidas tributarias.
España sobre todo desde principios del siglo pasado ha sido un país de emigrantes. En aquel entonces la emigración española se dirigía y establecía fundamentalmente en Latinoamérica. Salvo los de intercambio y salidas al extranjero para mejorar y/o ampliar estudios y conocimientos, los componentes que obligan a las personas a emigrar fuera de su entorno son el social-económico y como estamos viendo en la actualidad el político, con tantos millones de refugiados que para sobrevivir huyen de las guerras en sus países.
Este tipo de emigración lamentablemente también la padecimos durante y posteriormente a la Guerra Civil, con muchos cientos de miles de desplazados que se vieron obligados a abandonar nuestro país, siendo en la mayoría de los casos bien recibidos en los países de destino. Uno de los mas importantes y significativos, fue el de la gran y positiva acogida dispensada por México a los exilados republicanos españoles, estando al frente del gobierno mexicano el presidente Lázaro Cárdenas, que atendió solidariamente a la iniciativa y solicitud de Juan Negrín, presidente del gobierno de la II República.
Desde mediados del siglo pasado hasta bien entrada la década de los 80, sólo en Europa residíamos y trabajábamos más de 3.000.000 de emigrantes españoles. Todos contribuimos mediante el envío de remesas económicas y divisas al sostenimiento de la economía española, posibilitando la realización de infraestructuras, servicios, etc.
Durante nuestra estancia en el extranjero los gastos que causábamos en todo tipo de servicios: sanitarios, educativos, sociales, etc. eran cubiertos por los países donde residíamos, mediante nuestras aportaciones correspondientes a sus respectivas seguridad social.
Después del tiempo transcurrido y como consecuencia del fallecimiento de la mayoría, sobrevivimos algo más de 850.000 emigrantes, quienes en enero de 2015 por Hacienda fuimos notificados que estábamos obligados a declarar la pensión percibida del extranjero. Se basaba en la disposición adicional única de la ley: 26/2014 de 27 de noviembre.
Anteriormente a éstas fechas y cuando íbamos a hacer nuestras correspondientes anuales declaraciones en Hacienda, se nos informaba que las del extranjero no eran necesario declararlas y sin embargo la referida disposición adicional no solamente nos obliga, sino que lo hace con carácter retroactivo, con el gran quebranto que esa injusta medida ha causado a tantos miles de emigrantes jubilados, que ya se habían adaptado a vivir con sus pagas de jubilación, muchos de ellos exclusivamente con la extranjera, por haber desarrollado toda su vida laboral en los países donde trabajaban y residían, complicando su régimen de vida el pago con carácter retroactivo, debido a que como suele ocurrir con muchos pensionistas, mediante sus pagas, mantienen o ayudan a hijos y nietos que se encuentran en paro o con graves problemas sociales y económicos.
Como se ha podido comprobar, el gobierno del PP, amnistió a grandes defraudadores “auténticos patriotas” (políticos, empresarios, miembros de la familia real etc.). Con estos defraudadores profesionales se ha tenido mucha (demasiada) consideración, hasta el extremo de que las detracciones a quienes se acogieron a la amnistía fiscal fueron prácticamente simbólicas (en la mayoría de los casos menos del 3%) y en el caso de los herederos de la infanta María Cristina de Borbón, prima del rey emérito Juan Carlos, no han llegado a pagar ni el 2%, concretamente 73.437 euros de más de 4 millones que tenían ocultos en paraísos fiscales.
No ha ocurrido igual con los emigrantes españoles retornados, colectivo por su avanzada edad muy vulnerable y que ha sido castigado en las detracciones de carácter retroactivo, como las anuales a través de sus declaraciones de la renta con un promedio del 30%.
Como algunos funcionarios de Hacienda llegaron a manifestar. Éste era un colectivo fácil con el que ensañarse y poder ser exprimido, algo que lo más probable tuvo en cuenta Montoro, no así con los de su estirpe, con quienes se ha mostrado y muestra permisivo y muy condescendiente.
En la actualidad y aunque sin tanto dramatismo como en tiempos pasados, se ha vuelto a reproducir el problema de la emigración. En ésta ocasión con tantos miles de jóvenes mayoritariamente muy preparados, que no teniendo alternativa, se han visto obligados a emigrar a diversos países europeos, tratando de encontrar un futuro mejor. El índice de paro con más del 50% entre los jóvenes es realmente preocupante, por eso no es de extrañar que en los dos últimos años, más de 300.000 hayan abandonado nuestro país.
A los emigrantes españoles en general y a estos jóvenes en particular, por motivos administrativos y burocráticos, se les está hurtando la posibilidad del voto, que con toda probabilidad sería bastante crítico con el poder o partido político (PP) del gobierno establecido, demostrándose la poca voluntad política para que se revierta ésta injusta situación y que puedan ejercer libremente su derecho, como en este caso a votar y decidir la opción política que estimen o deseen más oportuna o conveniente.
Antonio Aguado Suárez