La abogada Cristina Martínez Benítez de Lugo narra las irregularidades ocurridas durante el juicio que se sigue en Marruecos contra 24 presos saharauis del grupo de Gdeim Izik
AL.- En cinco meses de juicio contra los presos saharauis de Gdeim Izik se han visto todo tipo de irregularidades, hasta como dos abogadas eran sacadas violentamente de la sala del tribunal por la policía, a pesar de la insistencia del presidente del Tribunal en vender la transparencia y equidad del proceso.
Llevan seis años y medio de prisión preventiva, padecieron torturas –Marruecos fue condenado por el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas por las que sufrió el procesado Naama Asfari- y fueron sentenciados a penas de veinte años a cadena perpetua por un tribunal militar, declaradas nulas posteriormente por falta de pruebas. Su delito, participar en el campamento que 20.000 saharauis levantaron a 12 kilómetros de El Aaiún para pedir mejoras sociales y que fue violentamente arrasado por el ejército y las fuerzas de seguridad marroquíes en noviembre de 2010.
La vista contra los 24 procesados, interrumpida en varias ocasiones, se reanuda el 5 de junio, en un juicio en el que los procesados decidieron plantarse y no volver a la sala por considerar que es una farsa y que la sentencia, aunque formalmente la impondrá el Tribunal, la dictará el gobierno marroquí; dicen que es un caso político.
Cristina Martínez Benítez de Lugo, letrada del Colegio de Abogados de Madrid, relata algunas de las irregularidades que ha constatado como observadora en el juicio que se lleva a cabo en Salé (Marruecos):
–Tras el plante de los acusados, el presidente del Tribunal exigió a las dos abogadas francesas decidir sobre su continuidad en el juicio con un sí o un no. Ante la voluntad de las abogadas de expresarse, como habían hecho sus compañeros, el presidente ordenó que saliesen de la sala: fueron sacadas a la fuerza y en volandas por policías de uniforme y de paisano. La letrada Olfa Ouled sufrió una lesión en un brazo.
–El presidente nombró a cuatro abogados de oficio y ordenó seguir el proceso sin que los letrados pudiesen estudiar el sumario.
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La abogada EOlfa Ouled
–El fiscal dijo tener grabaciones de agosto de 2010, desconocidas hasta ahora, según las cuales Gdeim Izik fue preparado en Argelia por los activistas, responsables del F. Polisario y Argelia. También dijo que había instrucciones para utilizar la fuerza y crear un desequilibrio que impidiera un acuerdo social con las autoridades para desestabilizar las “provincias del Sur”.
–Los abogados de oficio denunciaron que la intervención del fiscal suponía una nueva acusación, muy grave, y que había aportado un acta sin precintar, no las supuestas grabaciones, que no se podía cambiar la acusación a esas alturas y que lo que se planteaba no tenía relación con el expediente que se debatía.
–El presidente desoyó estas alegaciones y resolvió aceptar la moción del Fiscal.
–Los acusados decidieron no contestar a las preguntas de la parte civil (acusadores particulares) a la que no dan legitimidad, pero cuando los abogados de la defensa formularon preguntas el presidente del tribunal las rechazó por haber sido formuladas previamente por la parte civil.
–Ante el planteamiento de que el juicio es ilegal por celebrarse en Marruecos y no en el Sáhara Occidental ocupado, como determina el derecho internacional, el presidente y la acusación dijeron que el derecho internacional no tenía cabida en ese juicio.
–Los abogados de la defensa fueron constantemente boicoteados por las intervenciones de la acusación, que interrumpían a gritos.
Testigos manipulados y aleccionados
–Un testigo marroquí dijo haber vivido en el campamento 22 días, cuando allí sólo entraron saharauis y algún invitado extranjero, nunca colonos; sabía de memoria los nombres de los acusados, pero fue incapaz de nombrar a uno solo de sus supuestos vecinos.
–Otro testigo dijo que el procesado Naama Asfari, detenido el 7 de noviembre de 2010 hasta hoy, repartió armas blancas el 8, el día siguiente.
–Otro testigo no supo si un acusado que él decía conocer era blanco o negro o si tenía un defecto en el habla.
–Uno de los vídeo presentados por la fiscalía fue descalificado como prueba en el peritaje que hizo una organización francesa por el numero de cortes, 68, luz de día cuando el desmantelamiento se hizo de noche, imposibilidad de saber si muchos planos fueron rodados en Gdeim Izik e identificación de personas que aparecían borrosas.
–Seis años después de las detenciones se practicaron los exámenes forenses sobre las denuncias hechas en su día por torturas y con el juicio ya en curso; unos cuantos presos se negaron porque cuando les torturaron había empleados públicos de Sanidad. Asociaciones europeas rebatieron en un estudio los resultados presentados por médicos marroquíes nombrados por el presidente del Tribunal, que rechazó una segunda pericial pedida al amparo del Protocolo de Estambul para investigación de torturas.
–Los acusados llevan casi 7 años en prisión preventiva. La base de este juicio son declaraciones extraídas bajo tortura. El presidente del Tribunal no consintió en cerrar ningún aspecto procesal; ni si se trataba de una primera o segunda instancia, ni si se admitía a un elemento nuevo, la parte civil marroquí, y nuevas pruebas o testigos. Mientras hay esa indefinición, la parte civil actúa y la acusación aporta nuevas pruebas y testigos.
“A los observadores –afirma Cristina Martínez – nos gustaría que el mundo supiera lo que está pasando, que alguna instancia superior impidiera a Marruecos jugar de esa manera con la justicia y con las personas. Que les hiciera cumplir sus propios tratados. Pido presión política de la comunidad internacional. Y pido una actuación eficaz de las Naciones Unidas para frenar este despropósito”.