Charla-coloquio de Santiago Pérez en la Sala San Borondón
Afirmó que buena parte de gobernantes eran personajes sumisos al poder económico, actitud de la que es fiel heredero Fernando Clavijo, que con la ley del suelo nos retrotrae a aquella época “sin ley”.
Santiago Pérez ofreció el martes día 3 de mayo una charla coloquio en la Sala San Borondón sobre el caso Las Teresitas, cuya sentencia se ha conocido recientemente.
Santiago Pérez, abogado, profesor de derecho constitucional de la Universidad de La Laguna fue quien en el año 2002 redactó la denuncia contra la operación de compra venta de los terrenos de Las Teresitas, que el colectivo Ínsula Viable presentó ante la Fiscalía anti-corrupción.
A lo largo de su intervención hizo un repaso por todo el proceso que provocó la denuncia por parte de Ínsula Viable y especialmente el marco social y político en el que sucedieron los hechos, hasta el día de hoy.
Pérez asegura que en esta isla, a partir de 1987, se restableció un régimen, un sistema de poder, que cada vez menos tiene que ver con una democracia que merezca ese nombre… “los gobernantes se convirtieron a partir de entonces en personajes sumisos al poder económico” y añadió que esto no solo no ha terminado, sino que la palma se la lleva hoy Fernando Clavijo, con su actitud de absoluta sumisión al poder empresarial.
“Los perfiles de este régimen llegaron al limite a lo absurdo”, y afirma que llegaron a estar tan convencidos de que la isla, las instituciones, el dinero público, los medios de comunicación eran de ellos, que llevaron a cabo una operación jurídicamente tosca y por tanto vulnerable.
Recordó como el poder político, económico, mediático… volvió a estar concentrado en las mismas manos, porque el poder económico aspira a hacerse con el control del poder político y que las leyes respondan a sus intereses.
Para Santiago Pérez el caso Las Teresitas es también un ejemplo paradigmático del control de los medios de comunicación “que ni de lejos reflejan la pluralidad de ideas que sí existe en Canarias”.
“Un grupo de miembros del PSOE de Santa Cruz, agotados todos los cauces jurídicos, convencidos de que sobre esta operación iba a caer un manto de olvido, decidieron llevarlo a la Fiscalía, constituyeron Insula Viable junto con algunos personas vinculadas a colectivos ecologistas y de izquierdas y me pidieron que redactara la denuncia”.
Recuerda a personas fundamentales como Jose Ángel Martín Bethencourt , Justo Menédez, Goyo Negrín, Delfi, Pablo Aznar…
Santiago Pérez conocía bien el proceso porque ya había redactado alegaciones al convenio urbanístico en 2001 previamente, que formuló como tinerfeño y como Secretario General del PSOE tinerfeño y que luego se convirtió en una denuncia penal ante la Fiscalía anti-corrupción.
El “secuestro del informe de Pía Oramas”
Por el camino quedó un largo proceso en la jurisdicción contencioso administrativo que promovió también Pérez y que se perdió “porque el ayuntamiento de Santa Cruz había secuestrado el informe de Pía Oramas valorando los terrenos en un importe mucho menor de que finalmente se pagó”, y por ello dicho informe no figuraba en el expediente administrativo que el ayuntamiento tuvo que dirigir a la administración contenciosa.
Santiago Pérez recordó como en el año 2001, antes de que se votara el convenio por el pleno, había dirigido una comunicación a los concejales socialistas -siendo Secretario General del PSOE de Tenerife-, diciéndoles que la lucha por preservar el frente de playa de los procesos edificatorios era una lucha noble de los socialistas, pero que no se podía convertir en pretexto o coartada de una operación muy oscura.
Manuel Parejo decía en la prensa en el año 2001 que no existían tasaciones de los técnicos municipales
Pérez remitió esta carta a un periódico “porque quería que quedara constancia pública”, y al siguiente día Manuel Parejo afirmaba en respuesta a sus declaraciones que, por la complejidad de la operación del convenio urbanístico, el ayuntamiento decidió encargar el informe a tasadoras externas y a otros organismos expertos “y por eso no existe ninguna tasación de los técnicos municipales…”.
“Los acusados usaron una maquinaria para dilatar el proceso”
Santiago Pérez llama la atención de dos aspectos paradójicos relacionados con el juicio. Recuerda que afortunadamente la trampa utilizada por los culpables para dilatar el proceso judicial – recuerda que la instrucción duró una década- tuvo efectos contraproducentes para sus intereses.
Si bien cuando se produjeron los hechos existía gran tolerancia social hacia la corrupción, esa estrategia de ganar tiempo hizo que el juicio haya coincidido con un momento social de intolerancia contra la corrupción. Y por ello, considera que los tribunales han acabado sensibilizándose con esta situación social.
“La otra paradoja -recuerda- es que algunos de los que hoy tienen que responder con su patrimonio habrán tenido tiempo de ponerlo a buen recuado”.
Enfrentarse al “régimen” tiene un alto precio.
Y Santiago Pérez lo ha comprobado a lo largo de los años “algunos de los que intentamos cumplir con nuestro deber de intolerancia ante la corrupción nos las hemos tenido que ver con el regimen”.
Y afirma con contundencia que el era Secretario General de los Socialistas de Tenerife y no estaba dispuesto a que el recuerdo de los antiguos socialistas quedara manchado en una operación tan turbia.
Pérez recuerda muchos escritos, editoriales, artículos contra el mismo y contra todos los que defendieran el interés público en este caso. En particular, el escrito de Zerolo “Yo acuso”, acusando a Santiago de ser siervo del aparato del poder…
La Ley del Suelo de Clavijo nos retrotrae a la época de Las Teresitas
La operación de Las Teresitas pudo salir adelante porque en la década de los 80 y 90 del pasado siglo “esto funcionaba como la ley de la selva”, la modificación del planeamiento se hacía sin regulación legal, a través de los convenios urbanísticos los ayuntamientos de veían obligados a modificar el planeamiento…
Pero con el tiempo ante estas prácticas, por los abusos que se cometieron, los tribuanles de justicia empezaron a poner coto.
Sin embargo llama la atención de que el actual proyecto de ley del suelo de Fernando Clavijo, lo que hace es volver a aquella época “sin ley”, en la que se producían operaciones como Las Teresitas o Montaña Pacho en La Laguna. Y recuerda que hasta el Consejo Consultivo de Canarias se lo ha dicho al Gobierno “pero Clavijo ha hecho caso omiso”.
Lo más importante: recuperar el dinero
Está convencido de que recuperar el dinero para los santacruceros es lo más importante y se pregunta cuanto esfuerzo de tantos ciudadanos estaban se perdió en ese sobreprecio que pagó el ayuntamiento.