Entrevista en Radio San Borondón al abogado José Pérez Ventura.
El pasado 27 de enero, el grupo municipal Unidas Podemos en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, convocó una rueda de prensa para anunciar la denuncia a la Fiscalía de lo que consideran un “saqueo” a las arcas públicas.
En una entrevista para La Trapera, el abogado redactor de la denuncia, José Pérez Ventura, comentó que se trata de un asunto “cuantitativamente mayor que el caso Las Teresitas”.
El abogado recuerda que en el año 2005 el gobierno municipal de Santa Cruz de Tenerife, encabezado por Miguel Zerolo, decide privatizar Emmasa, una empresa pública solvente, para tapar el “agujero económico” en sus arcas por la compraventa del frente de playa de Las Teresitas. La justificación fue el dinero se usaría para realizar un Plan de Barrios en todo el municipio, plan que nunca llegaría a llevarse a cabo. El concurso fue adjudicado a la multinacional Sacyr, que adquirió el 95% de las acciones de Emmasa.
“Sacyr, apoyándose en un informe absolutamente sesgado reinterpreta el contrato, hace suyas las facultades que corresponden a la Administración y considera que el precio que pagó por las acciones de Emmasa se lo tendrían que devolver, en una suerte de trilerismo jurídico, porque estaba claro que era un precio, no un abono anticipado por un canon de uso de bienes de dominio público”, afirma Pérez Ventura.
De este modo, el consejo de administración de Emmasa aprobó en el año 2007 el reconocimiento de una deuda de alrededor de 59 millones de euros a favor de Sacyr Vallehermoso, que se pagaría en el plazo que durara la concesión. El abogado calificó esta maniobra como “un pelotazo de mayor cuantía que Las Teresitas, pero en diferido a 25 años”.
La empresa poseedora del 95% de las acciones de Emmasa tendría derecho a cobrar en virtud de dicho acuerdo, unos 59 millones de euros que procederían de las arcas municipales. Sumando los gastos financieros exigibles, la deuda con Sacyr Vallehermoso alcanzaría casi los 100 millones de euros en el plazo estimado. “Esta operación jurídicamente no tiene un pase”, afirma Pérez Ventura.
Hay que destacar que tanto en el proceso de reconocimiento de esta deuda, como en los años posteriores de gestión privada, en el consejo de administración de Emmasa se han sentado varios representantes públicos. Con su aprobación perjudicaron el interés de una empresa pública que hasta 2005 generaba beneficios, así como el interés municipal. Mientras se investigan judicialmente las responsabilidades penales que pudieran proceder, Pérez Ventura considera necesaria la asunción de responsabilidades políticas. El hecho de que representantes públicos hayan asumido esta deuda para el consistorio es considerado por el abogado como una “dejación de responsabilidades que ráya lo negligente”.
Uno de los concejales protagonistas de esta trama es Dámaso Arteaga, que además de ser la mano derecha del alcalde Bermúdez, presidió el consejo de administración de Emmasa siendo concejal de Servicios Públicos. Mientras que en anteriores ocasiones, CC ha defendido que no existían irregularidades en la gestión de Emmasa, José Manuel Bermúdez reconoce ahora el pago de cantidades “indebidas” a Sacyr y anuncia la reclamación de los más de 30 millones de euros ya pagados a la multinacional. José Pérez Ventura no duda que esta postura “forma parte del ‘carotismo’ político de ATI-CC”.
La marcha atrás del alcalde viene motivada por el dictamen preceptivo recientemente emitido por el Consejo Consultivo de Canarias a propósito de este canon irregular que el Ayuntamiento lleva trece años pagando.
Mientras defiende la labor realizada desde el grupo municipal de Unidas Podemos elevando a Fiscalía el caso, Pérez Ventura se muestra sorprendido por la actitud del PSOE. “Al día siguiente de que salió este dictamen hacen una rueda de prensa, dicen que esto es un saqueo, pero no mueven un dedo por ponerlo en conocimiento de la justicia”, afirma el abogado. Critica la falta de coherencia del grupo mayoritario de la oposición, recordando que mientras Patricia Hernández presidía el gobierno municipal tenían acceso a información “mucho más amplia y completa”.