El monto total de las contrataciones efectuadas en contra de las advertencias de ilegalidad de la Intervención es de casi 14 millones
La ex alcaldesa de La Laguna, Ana Oramas, y el ex alcalde Fernando Clavijo, hoy diputada nacional y senador de Coalición Canaria (CC) respectivamente, dictaron más de 2.500 decretos levantando los reparos, es decir desoyendo las advertencias de ilegalidad planteadas por la Intervención General del Ayuntamiento desde los años 2006 a 2010, una época en la que ni el actual interventor municipal, Gerardo Armas, ni el denunciante del caso Reparos, Santiago Pérez, formaban parte de la Corporación.
Ese ingente número de Decretos vienen a confirmar cómo se fue arraigando, desde los tiempos de Oramas, un modus operandi ilegal. El monto total de las contrataciones efectuadas en contra de las advertencias de la Intervención es de casi 14 millones de euros.En total fueron 2.567 los decretos dictados y la cifra fue aumentando a medida que pasaban los años: 117 en el ejercicio de 2006; 301 en 2007; 807 en el año 2008; 832 en 2009 y 510 en el 2010.
Entre esos Decretos destacan 80 cuyas ilegalidades son muy parecidas a las que ahora se investigan en los Juzgados laguneros, con la participación de la Fiscalía Anticorrupción, que examina el período comprendido de los años 2011 a 2019 (en el que Clavijo y su sucesor, José Alberto Díaz, levantaron más de 170 reparos para poder prorrogar una veintena de contratos, cuyo importe supera los 60 millones de euros).
A veces llegan a ser idénticos (prórrogas de contratos ya extinguidos o autorizaciones a empresas privadas a seguir gestionando servicios municipales, sin convocar los concursos regulados por la legislación de contratos del sector público). Los servicios concedidos al margen de la ley tienen carácter esencial: limpieza de centros educativos y dependencias municipales, limpieza viaria y recogida y transporte de residuos, asistencia domiciliaria, mantenimiento de jardines, conservación de vías, alquiler de vehículos para la Policía Local, servicios a los centros de mayores…Y las empresas beneficiadas casi siempre las mismas: Marpe Innova, Procedimientos de Aseos Urbanos (PAU), Eulen, Urbaser, Lease Plan Servicios S.A, Interjardín o Servisar.
Abogados
Entre la relación de decretos dictados para salvar las advertencias de ilegalidad de la Intervención en aquellos años, figura la contratación de casi 60 servicios de abogados externos al Ayuntamiento frente a los que se dice que “no se acredita que su contratación se haya observado el cumplimiento de las normas exigibles en materia de contratación administrativa” previstas en la Ley de Contratos del Sector Público.
Señala la Intervención en su informe que “teniendo en cuenta que el contrato debe abarcar la totalidad del objeto”, sin embargo “los gastos de representación y defensa jurídica de esta Administración se están abonando mediante resoluciones individuales sucesivas por importe inferior al límite de los contratos menores” por lo que “el órgano de contratación podría estar fraccionando su objeto para eludir los requisitos de publicidad o los relativos al procedimiento de adjudicación que corresponden en la medida en que todos ellos podrían constituir el objeto de un solo contrato”.
Y luego añade que “no consta motivación alguna que acredite la elección del procedimiento de adjudicación utilizado” como exige el artículo 93.4 de la Ley de Contratos del Sector Público.
Finalmente, al menos una quincena de los decretos firmados por Ana Oramas y Fernando Clavijo tienen que ver con la gestión del Plan Especial de Protección de Casco (PEP) por María Luisa Cerrillos, pagos que en su totalidad suman más de 800.000 euros.