El primogénito del expresidente catalán evadió los fondos cuando la investigación sobre su familia ya había empezado.
El juez José de la Mata ha decretado prisión incondicional comunicada y sin fianza para Jordi Pujol Ferrusola, de 59 años e hijo mayor del expresidente catalán Jordi Pujol, tres años después de que se iniciara la investigación sobre él en la Audiencia Nacional. El ministerio público considera que Junior y su esposa, Mercé Gironés, sacaron de España hasta 30 millones de euros en plena investigación judicial.
El magistrado considera que “se ha materializado el peligro fundado y concreto de ocultación de fuentes de prueba que ya se apreció en febrero de 2016”. De la Mata añade que con la prisión pretende “conjurar el riesgo de reiteración delictiva que también se ha concretado en las actividades desarrolladas” por Jordi Pujol Ferrusola durante la última fase del proceso.
Pujol Ferrusola ingresará esta misma noche en la cárcel de Soto del Real (Madrid). El hijo del expresidente se ha enfrentado a su tercera comparecencia ante el juez este martes, que le ha retenido teléfonos móviles y tabletas a petición de los fiscales Belén Suárez y Fernando Bermejo para evitar que se ponga en contacto con personas relacionadas con su patrimonio en el extranjero.
El magistrado, que le interrogó el 11 de febrero de 2016, le retiró el pasaporte y le prohibió salir de España, como le solicitó la Fiscalía Anticorrupción. En aquella ocasión, el mayor de los hijos de Pujol, de 59 años, insistió en que el dinero que repartió con sus hermanos en Andorra correspondía a la herencia de su abuelo Florenci, una versión de la que los investigadores y el juez De la Mata desconfían abiertamente.
La UDEF entregó el nuevo informe al magistrado después de que este ordenara expulsar de la causa toda la documentación aportada por la policía en un pendrive —lápiz de memoria informática— que supuestamente procedía de un robo de datos al mayor de los Pujol Ferrusola por parte de detectives privados de la controvertida agencia Método 3. La confección y custodia de este pen drive con pruebas ilícitas le ha costado al anterior número dos de la policía, el comisario jubilado Eugenio Pino, una posible imputación por prevaricación, falso testimonio y fraude procesal.
El nuevo informe evita en todo momento usar la información anulada por De la Mata y se basa en gran medida en la documentación intervenida en el despacho de abogados CET Consultores de Economía y Tributarios, propiedad del asesor fiscal de la familia Joan Anton Sánchez Carreté. El informe también tiene en cuenta archivos de contabilidad de Iniciatives Marketing e Inversiones, una de las empresas de Jordi Pujol Ferrusola; los movimientos financieros facilitados por el BBVA sobre cuentas corrientes, datos mercantiles obtenidos de fuentes abiertas, y “referencias aparecidas en medios de comunicación públicos de Argentina”.