Si se Puede señala al alcalde José Manuel Bermúdez como cómplice en el incumplimiento fiscal de la empresa
Sí se puede denuncia que Inversiones Las Teresitas SL no paga el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) correspondiente a los terrenos del frente de playa de Las Teresitas con la complicidad del alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, que ha sido suficientemente advertido por la organización ecosocialista de la irregularidad de la situación de las parcelas.
El portavoz del grupo municipal ecosocialista en el Ayuntamiento de la capital tinerfeña, Pedro Fernández Arcila, recuerda al pleno municipal que, tras la anulación por parte del Tribunal Supremo en 2007 del contrato de compraventa de las once fincas del frente de Playa de Las Teresitas que la corporación compró en 2001 a Inversiones Las Teresitas SL, estas parcelas no son de titularidad pública, sino de la citada empresa, por lo que está obligada a pagar todos los impuestos municipales que le afecten, incluido el IBI.
Por este motivo, Arcila preguntará en el pleno que se celebra el próximo 3 de marzo cuál es la cantidad que no se podrá recaudar al haber prescrito el plazo para el cobro del IBI tras la citada sentencia del Tribunal Supremo. Además, el portavoz de Sí se puede preguntará al grupo de gobierno presidido por Bermúdez cuál es la cantidad que se puede recaudar en los periodos no prescritos y por qué razón no se ha regularizado la situación en el Catastro Inmobiliario con relación a estas parcelas catastrales de forma que vuelvan a contemplarse bajo la titularidad de Inversiones Las Teresitas SL.
El concejal ecosocialista dirige su pregunta al concejal de Hacienda, dado que la situación irregular del registro de titularidad de las parcelas “es gravemente dañina para el erario municipal por cuanto que la no regularización de estos datos en el Catastro impide cobrar el Impuesto de Bienes Inmuebles que se devengan sobre estos terrenos, clasificados como suelo urbano no consolidado”.
Sí se puede señala que el valor catastral de las once parcelas asciende a más de 6.700.000 euros; este dato, junto a los diez años que han pasado sin resolver la situación, expresan “la grave afección” a la Tesorería municipal con el beneplácito de los distintos gobiernos municipales dirigidos por CC en este periodo, incluidos los dos mandatos del alcalde Bermúdez.
Arcila detalla que la sentencia del Tribunal Supremo de 3 de mayo de 2007 anuló, por ser contrario a derecho, el contrato de compraventa de 18 de septiembre de 2001 llevado a cabo entre el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, como comprador, e Inversiones Las Teresitas, como vendedora, por el que se adquirían las once fincas del frente de Playa de Las Teresitas. La decisión judicial se basó en la estimación del Recurso de Casación interpuesto por la Coordinadora Ecologista y Popular El Rincón (Recurso Casación 4693/2003-Recurso Contencioso Administrativo 1349/2001 del TSJ de Canarias).
Como efecto de esta sentencia, las parcelas dejaron de ser propiedad municipal, tal como tuvieron conocimiento el Ayuntamiento de Santa Cruz y la Gerencia de Urbanismo desde el 2007, dada su condición de demandados en el recurso contencioso administrativo citado. Sin embargo, “a fecha de hoy, continúan como suelo municipal en el Registro Municipal de Bienes Inmuebles y en el Catastro”, destaca el concejal de Sí se puede.
“Esta irregularidad resulta a todas luces inexplicable, y así se le ha explicado en varias ocasiones al concejal de Urbanismo en el curso del debate sobre el Plan Especial del Frente de Playa de Las Teresitas”, manifiesta Arcila. Este error afecta directamente al reparto de los beneficios del aprovechamiento urbanístico que se generen en ese ámbito –por la parcela hotelera y la destinada a uso como aparcamiento–, hasta el punto de que, a la vista de la titularidad del más del 80% de los terrenos, la mayor beneficiaria del aprovechamiento lucrativo es la empresa citada.
“Sin embargo, a pesar de estas advertencias, nada se ha hecho en los sucesivos documentos del Plan Especial, por lo que el error indicado deja de tener carácter involuntario, si alguna vez lo tuvo”, apunta Arcila. De mantenerse esta situación, se “corre riesgo de acercarse a otro monumental engaño que, en lo que más nos interesa, ocasionará graves perjuicios para el municipio”.