Intervención formuló advertencia de ilegalidad contra una operación financiera, contrataciones, convenios y subvenciones del Cabildo.
Fernando Sabaté, portavoz del grupo de Podemos en el Cabildo de Tenerife, informa que durante el año 2015 el Gobierno insular de CC-PSOE gastó de forma irregular más de 204 millones de euros, según se desprende del informe de fiscalización económica realizado por Intervención General sobre ese ejercicio.
“Tanto la multimillonaria cuantía de ese gasto irregular de fondos públicos, como el tipo de reparos de legalidad formulados por Intervención contra la política de gasto del equipo de Gobierno, nos parecen absolutamente preocupantes y escandalosos”, remarca el representante de Podemos.
Matiza que este gasto irregular afecta solo a la corporación insular, sin tener en cuenta las posibles anomalías cometidas en organismos públicos, sociedades, consorcios y fundaciones del Cabildo, con lo que “la suma total de dinero gastado en contra del criterio de legalidad de Intervención durante 2015, puede ser mucho mayor”. Sabaté avanza que el grupo Podemos “está realmente sorprendido con lo que está encontrando en los informes de fiscalización económica” y que “va a profundizar en el análisis económico de ese año para intentar entender lo ocurrido y para dilucidar si hay indicios de delito”.
El reparo de legalidad más importante emitido ese año por Intervención de Fondos, detalla Sabaté, guarda relación con una operación financiera de más de 188’7 millones de euros. Añade que, además, este órgano de fiscalización económica mostró discrepancias contra el gasto de otros 14’8 millones de euros referidos a numerosos incumplimientos en materia de contratación de obras, servicios y suministros, así como encomiendas de gestión, convenios y subvenciones, muchas de ellas asignadas de forma directa por el equipo de Gobierno que preside Carlos Alonso.
En cuanto a las principales irregularidades detectadas por Intervención, destaca “el otorgamiento de subvenciones directas sin que se justifique en el expediente la imposibilidad o dificultad de realizar una convocatoria pública” (la anomalía más frecuente) y la “falta de de justificación de subvenciones concedidas anteriormente a los mismos perceptores y por los mismos conceptos”. Añade que también abundan las advertencias a gastos “que bajo el concepto de representativos o protocolarios, encierran verdaderas subvenciones en especie”. Además, añade, se incide en los contratos menores y de patrocinio, así como en los convenios de colaboración “que dada su naturaleza y contenido, deberían quedar sometidos a la Ley General de Subvenciones”.
Sabaté remarca que también abundan las referencias técnicas sobre “ausencia de la correcta acreditación de estar al corriente de las obligaciones tributarias y en la Seguridad Social”, sobre “falta de adecuada justificación del gasto de acuerdo con la finalidad para la que fue concedida” la subvención y, asimismo, la de “no someterse a las obligaciones de publicidad” que marca la legislación vigente en materia de subvenciones.
En cuanto a número de reparos por áreas, batió récord Presidencia, con un total de 20 advertencias de vulneración legal. Le siguió con 14 reparos el área de Innovación, Educación, Cultura y Deportes. Turismo, Internacionalización y Acción Exterior recibió 10 reparos, mientras que Empleo, Comercio y Desarrollo Económico protagonizó nueve y Agricultura, Ganadería y Pesca tuvo ocho. Otras cinco consejerías se repartieron entre cuatro y dos reparos de legalidad.
Como recoge el citado informe de Intervención del que se dio cuenta al pleno insular del pasado mes de diciembre, para poder gastar ese dinero a pesar de las discrepancias legales formuladas por el área de Intervención, el presidente del Cabildo, Carlos Alonso (CC), levantó vía decreto un total de 64 reparos que afectaban a 201.096.281 euros. Por otra parte, el pleno insular acordó el levantamiento de 12 reparos de legalidad que sumaban una cuantía total de 2.654.338 euros. A fecha 31 de diciembre, quedaban por levantar nueve reparos para poder llevar a cabo el pago de 680.056 euros cuyo gasto había sido comprometido durante ese año.