La Encuesta Financiera de las Familias del Banco de España recientemente publicada, que analiza la riqueza y la renta medias entre los años 2011 y 2014, muestra la dualización económica y la insolidaridad social en nuestro Estado con toda su crudeza: el 10% de hogares más ricos (con una media de 1.295.660 euros de patrimonio) detenta el 52,8% de la riqueza total, de la que el 1% más acaudalado dentro de ese grupo de privilegiados tiene, por sí solo, el 20,23%; mientras, el grupo de las familias más pobres, el que más acusó la pérdida de riqueza por la gestión que se realizó de la crisis y que representa al 25%, carga con más deudas que activos, con un saldo negativo de 1.300 euros, de media.
El 65% restante, las familias que se encuentran entre los más ricos y los más pobres, detentan patrimonios que se sitúan entre unos 350.000 euros y unos 76.000.
En cuanto a la renta de que se dispuso entre 2011 y 2014, el 10% de las familias que más ingresan obtuvieron una media de 67.600 euros al año, mientras que, las que menos, poco más de un cuarto de esa cantidad (unos 19.400 euros). Aplicando la variable generacional, los hogares jóvenes (aquellos cuyo cabeza de familia es menor de 35 años) fueron los que soportaron un descenso anual mayor en sus ingresos, del 22,5%, a la vez que la renta de los hogares de los jubilados, gracias a la garantía de sus pensiones, crecía en un 11,3% (hasta unos 29.700 euros). Así, de media, una familia joven obtuvo unos 4.200 euros menos que una de mayores.
Detrás de los espectáculos y las distracciones promocionadas sin límite, a pesar de las promesas huecas de muchos de los dirigentes y los consuelos vacuos de demasiados dirigidos y más allá de las manipulaciones interesadas de unos y de la persistencia en estar en la inopia de otros, para quien quiera verlo, esto es lo que hay: en “nuestro” país, la gestión económica llevada a cabo por las más altas instituciones de gobierno –no solo durante la crisis, si no desde hace décadas- está facilitando el enriquecimiento desmesurado del 10% de la ciudadanía (más aún, del 1% en la cúspide del poder), mientras un cuarto de la población es sometida a condiciones de vida miserables. Y en el aseguramiento de ese antisocial empeño, se está precarizando -muy especialmente y en contra de toda lógica de progreso- a las generaciones más jóvenes.
Desde luego, un régimen democrático es mucho más que un mero procedimiento de legitimación de élites a través de votaciones; un Estado de Derecho solo lo es, si respeta los Derechos Humanos; y una sociedad del bienestar, si no está comprometida con la inclusión de todos sus integrantes, es un fiasco. Por lo que esta inhumana deriva, que ponen de manifiesto ya todos los datos socioeconómicos, no se debe seguir consintiendo.
Sobre todo, cuando es una dinámica que se impone a despecho de la Constitución vigente, esa que solo se saca a colación cuando les interesa a los gobernantes: la que, en su artículo 128 (.1), explicita que “Toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general.”; en la que, además, “Se reconoce la iniciativa pública en la actividad económica. [Que] Mediante ley se podrá reservar al sector público recursos o servicios esenciales, especialmente en caso de monopolio y asimismo acordar la intervención de empresas cuando así lo exigiere el interés general.” (Art. 128.2).
Dentro y fuera de España, el desafuero perpetrado es tan grave y las amenazas para la gobernanza pacífica son tan ciertas que hasta el Fondo Monetario Internacional -el mayor adalid, hasta ayer, de la Globalización- está llamando a la inclusión económica.
Por Xavier Aparici Gisbert, filósofo y emprendedor social.