Tras el júbilo propiciado por la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) que “parecía” obligar a los bancos a devolver todo el dinero cobrado de forma poco transparente y abusiva a través de las cláusulas suelo llega la cruda realidad y es que la banca nunca pierde porque para eso cuenta en su haber con “amigos” o “deudores” políticos. Se calcula que los bancos deberán devolver entre 3.000 y 5.000 millones de euros.
El Banco de España lo ha cifrado en un máximo de 4.200 millones “si” devolvieran todo el dinero. Ese sí condicional se debe en primer lugar a que es el consumidor el que debe poner en marcha un proceso de reclamación tras averiguar si tiene derecho a una devolución. Según parece el texto que el Ministerio de Economía va a elevar a los bancos para informar a sus clientes que habían sido perjudicados con la cláusula suelo.
En segundo lugar ya ha comenzado a fraguarse el trilerismo bancario de algunas entidades que pretenden compensar, que no devolver, el dinero que el Tribunal de Luxemburgo considera que debe reintegrarse al aplicar límites abusivos en los intereses de sus préstamos. Algunas entidades financieras ya están planteando proponer a sus clientes afectados una amortización parcial de la deuda hipotecaria que mantienen con sus entidades en la cantidad correspondiente a la cláusula suelo con carácter retroactivo. También han comentado compensarles mediante aportaciones a un plan de pensiones o fondo de inversión, reestructuración de un crédito personal, contratación de seguro y cualquier otra opción que evite devolver todo el dinero cobrado de más por estos límites a la caída histórica del Euribor. Incluso algunas asociaciones de consumidores han alertado sobre la propuesta de algunas entidades a clientes para que firmen documentos por los que renunciarían a acudir a los tribunales a cambio de recuperar solo una parte del dinero defraudado.
En tercer lugar, tal como denuncian las asociaciones de consumidores, las entidades financieras, como partes interesadas, no deben ser las encargadas de realizar el cálculo de las cantidades pagadas de más dado que la mayoría de consumidores no disponen de conocimientos ni medios para verificar dichos cálculos.
En cuarto lugar, el Gobierno excusándose en evitar un recurso masivo a los tribunales de justicia aplaza el modelo de mediación y los plazos de devolución. El real decreto ley que articularía un sistema extrajudicial para devolver el dinero se ha pospuesto en varias ocasiones alegando que busca un mayor consenso con otras fuerzas políticas y que debe consultarlo con el Banco Central Europeo (BCE) dado que afecta al sector financiero. Algunos expertos ya han explicado que la razón que subyace es que aprobarlo como decreto ley implicaría su entrada en vigor tras su aprobación mientras que si se aprueba como proyecto de ley deberá pasar por el Congreso y admitir enmiendas de los partidos ganando las entidades financieras más tiempo para establecer y consolidar soluciones “alternativas”. De esta forma el Gobierno mata dos pájaros de un tiro, por un lado, aprobándolo como proyecto de ley, como ya comentamos, le proporciona más tiempo a sus “amigos” bancarios y por otro lado, aprobándolo como decreto ley, puede, con la justificación del apremio, introducir un sistema de mediación que esté desequilibrado favoreciendo al banco frente al cliente.
En quinto lugar Hacienda ya ha anunciado que los afectados que reciban una devolución deberán regularizar su situación impositiva, tanto los que recibieron una deducción por inversión en vivienda habitual como los que reciban una cuantía debida a intereses de demora ya que supone un incremento patrimonial. Lo que no comenta el Ministro Montoro y sí el Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) es que en muchas devoluciones el pago a Hacienda habrá prescrito al corresponder a años anteriores a 2013.
La Hemeroteca nos recuerda que el Tribunal de Cuentas preocupado por el “nivel de endeudamiento conjunto” de los partidos políticos sentenció que “el nivel de endeudamiento conjunto reflejado en las cuentas anuales presentadas por las formaciones políticas a 31 de diciembre de 2012 asciende a un total de 237,6 millones de euros”, el equivalente a 39.679 millones de pesetas. Al final del ejercicio 2013, según datos remitidos por éste órganos fiscalizador, los partidos reconocían una deuda de 205 millones de euros. Aunque existe una ley, aprobada en el año 2014, que prohíbe condonar deudas a los partidos políticos la hemeroteca recoge que tan sólo entre 1993 y 2002, según cifró el Tribunal de Cuentas, las condonaciones de la banca a los partidos políticos habían sido de 25,4 millones de euros.
Tal vez sea perspicacia o simple imaginación pero estos datos me conducen a dirimir el motivo por el que hemos pasado de un regalo de Navidad a todos los perjudicados por cláusulas suelo abusivas, proporcionado por la Sentencia, el 21 de diciembre, del Tribunal de Justicia de la UE, a un vía-crucis de Semana Santa, un calvario de adversidades y pesadumbres.