El Partido Popular quiere compensar su falta de mayoría absoluta en el Congreso con la que tiene en el Senado para defender su posición en algunos asuntos que considera claves y que han definido las señas de identidad de la anterior Legislatura popular.
Para ello contempla someter a votación en la Cámara Alta el apoyos a leyes que se hayan tumbado en el Congreso de los Diputados como ha ocurrido con el rechazo a la Ley de Seguridad Ciudadana o con el de la reforma laboral.
De momento, el próximo miércoles, el Pleno del Senado someterá a debate y votación –que saldrá adelante con la mayoría absoluta del Grupo Popular– una moción presentada por el Grupo Popular para instar al Gobierno a seguir aplicando la Ley de Seguridad Ciudadana, que la oposición ha rebautizado con el nombre de «ley mordaza».
En esta moción se insta al Ejecutivo a «seguir salvaguardando los derechos y libertades de todos los ciudadanos, articulando las medidas necesarias para permitir la correcta aplicación de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana».
Esta votación se va a producir 20 días después de que el Pleno del Congreso aprobara una Proposicón no de Ley (PNL) presentada por el Grupo Socialista que instaba al Gobierno a derogar la ‘Ley Mordaza’ y a promover en su lugar una nueva normativa «más respetuosa con los derechos y libertades fundamentales» recogidos en la Constitución.
La citada PNL salió adelante con los votos en contra del PP y la abstención de Ciudadanos y se limitaba a hacer una declaración política de intenciones ya que, para que tenga rango de norma tiene que concretarse en una proposición de Ley, con su articulado, y que ésta salga adelante en la Cámara.
Pero para compensar esta censura política a la Ley de Seguridad Ciudadana, el Grupo Popular en el Senado ha presentado una moción en la Cámara Alta, que es el equivalente a una PNL en el Congreso, en la que defiende esta normativa alegando que ha actualizado y mejorado la de 1992 –aprobada por el Gobierno de Felipe González– que «había quedado desbordada» y ante la necesidad de «ofrecer una respuesta apropiada a ciertos actos hoy impunes o la necesidad de una mejor cobertura y segur …
Además, alegan, en contra de las quejas de la oposición, que la citada Ley nació para fortalecer las libertades públicas porque «deslinda perfectamente el campo de los derechos, como son los de reunión y manifestación, del de las conductas violentas, vandálicas e insolidarias». Por tanto, añade la moción, «no coarta el ejercicio de las libertades para ningún ciudadano, ni tampoco ha prohibido el ejercicio de los derechos de reunión o de manifestación».
Y precisa, en respuesta a las acusaciones que han lanzado el PSOE y Podemos contra esta Ley, que con ella «ni es la policía la que sanciona, ni se vulneran los principios que rigen el proceso penal, ni se imposibilita el recurso ante los Tribunales de Justicia».
Es obvio que esta defensa de la Ley de Seguridad Ciudadana, como declaración política –al igual que la PNL del Congreso– saldrá adelante con los votos del Grupo Popular, que cuenta con mayoría en la Cámara Alta.
REFORMA LABORAL
Fuentes populares y del Ejecutivo defienden también que se someta al mismo procedimiento una defensa de la reforma laboral que puso en marcha el Partido Popular en la pasada Legislatura y que ha sido el caballo de batalla de la oposición desde que entró en vigor.
El rechazo a esta reforma se ha producido esta misma semana en el Congreso de los Diputados. El pasado martes, el pleno aprobó una proposición no de ley impulsada por el PSOE instando a derogar la reforma laboral del PP de 2012 y a realizar un nuevo Estatuto de los Trabajadores.
Salvo Ciudadanos y el Partido Demócrata Europeo Catalán (la antigua Convergència), que se abstuvieron, los demás grupos de la oposición apoyaron la iniciativa que recoge una enmienda transaccional pactada por PSOE, PNV y Unidos Podemos. La votación se saldó con 168 votos a favor de PSOE, Podemos, ERC y el Grupo Mixto en general, 131 votos en contra del PP, y 42 abstenciones de Ciudadanos y el PDECat.
Las fuentes consultadas explican que el acuerdo entre distintos partidos de la oposición para aprobar una PNL es más facil que sacar adelante una Proposición de Ley, que sería vinculante para el Ejecutivo salvo que éste la vetara. Una PNL lleva un simple texto de rechazo y de instancia a derogar la normativa, sin embargo una proposición de Ley incluye un articulado y la necesidad de negociar uno por uno todos los puntos, lo que la convierte en más compleja de aprobar.
Por ello, y para compensar el rechazo que se ha hecho en el Parlamento de la reforma laboral del PP, uno de los buques insignia de las reformas populares en la pasada Legislatura, se contempla la posibilidad de debatir y aprobar con la mayoría absoluta del PP en el Senado una moción que defienda esta normativa.
No obstante, esto no está previsto en el orden del día del Pleno de la próxima semana y la decisión de presentarla tendrá que esperar hasta el próximo año ya que la Cámara Alta no tendrá plenos hasta el 7 de febrero.