La Plataforma por el Derribo del Mamotreto y Contra la Corrupción acusa al grupo de gobierno del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife —ahora con la inestimable colaboración del Ejecutivo autónomo— de intentar dilatar, una vez más, el cumplimiento de la sentencia firme que ordena derribar el inacabado edificio de aparcamientos de Las Teresitas.
Ante esta situación, la Plataforma por el Derribo del Mamotreto y Contra la Corrupción ha emitido un comunicado en el que manifiesta lo siguiente:
1.- El ayuntamiento de Santa Cruz, con su alcalde al frente, ha actuado en todo este proceso como el mayor defensor del delito y de los delincuentes. Lejos de respetar las decisiones judiciales, el grupo de gobierno municipal ha desoído reiteradamente las numerosas diligencias en las que el Juzgado de lo Penal Nº 5 le requería información o le ordenaba la ejecución de la sentencia.
2.- En su obsesión por mantener en pie un edificio ilegal e ilegalizable, el alcalde Bermúdez no sólo rechazó los informes de las y los funcionarios de mayor jerarquía y cualificación jurídica de la corporación, que coincidían en la ilegalidad del adefesio, sino que presionó lo indecible a Isabel Cubas, directora de los Servicios Jurídicos del Ayuntamiento, hasta hacerla dimitir, mientras que ante la negativa de Luisa de Toro, directora Técnico Jurídica de la Gerencia Municipal de Urbanismo, a renunciar de motu propio, acabó por cesarla sin contemplaciones.
3.- No nos sorprende que sea la Consejería de Política Territorial del Gobierno de Canarias en manos de una compañera de partido del alcalde quien esta vez le eche una mano en su cruzada contra la Justicia. Los argumentos con los que ahora pretenden paralizar el derribo del mamotreto son los mismos que apuntara hace meses en un informe encargado ex profeso la abogada contratada a dedo, Verónica Rodríguez Martín, hija del preboste de ATI Pedro Rodríguez Zaragoza. Ese informe fue desestimado por el Juzgado, que posteriormente urgió al Ayuntamiento a dar cumplimiento de una vez a la sentencia.
4.- En cualquier caso, dicha sentencia ordena el derribo de todo el mamotreto, no sólo de la parte que ocupa el espacio público marítimo terrestre, tal como estaba legalmente delimitado en el momento en que se cometió el delito. Condena, además, a penas de cárcel a seis personas, porque vulneraron la legislación vigente. La ocupación del espacio público fue una más —y no la más importante— de las numerosas ilegalidades que cometieron. Es conocido por todos que el mamotreto no puede ser legalizado a través del planeamiento y que debe ser demolido en su totalidad. Así figura incluso en una declaración institucional aprobada por unanimidad por el pleno municipal. Una eventual modificación de la línea de deslinde, como argumenta la Consejería de Política Territorial, no altera en ningún caso la ejecución de la sentencia.
5.- Desde la Plataforma por el Derribo del Mamotreto y Contra la Corrupción consideramos que el Alcalde Bermúdez es rehén de unos inconfesables intereses que nada tienen que ver con los de la mayoría social de nuestra ciudad. El mamotreto no es una infamia urbanística aislada, sino un ejemplo más del maridaje político-económico que durante casi 40 años ha sido la pauta de gobierno en la capital tinerfeña. Es un símbolo de la especulación urbanística y la corrupción política de quienes han gobernado la ciudad desde 1979. Algunos de ellos están siendo juzgados en estos momentos. Con su pertinaz desprecio a la Justicia, ¿Quieren José Manuel Bermúdez y sus cómplices del Gobierno de Canarias seguir el mismo camino?
Santa Cruz de Tenerife, 21 de septiembre de 2016.
Plataforma por el Derribo del Mamotreto y Contra la Corrupción