Una sonorización que dejaba mucho que desear marcó la mañana a los medios que acudieron a informar sobre la primera sesión del juicio oral sobre el conocido como «Pelotazo de Las Teresitas«.
SB-Noticias.- No fue de extrañar que comenzara su intervención el Presidente de la Sala pidiendo disculpas por las malas condiciones del recinto. La sala utilizada fue la número 12 de la primera planta del Palacio de Justicia, la reservada habitualmente para juicios con jurado. Menos de la cuarta parte del espacio de dicha sala fue acotado para el público y los medios de comunicación. Unos 45 periodistas y fotógrafos se apiñaron a lado izquierdo y unas 12 sillas reservadas para el público asistente fueron «sorteadas» entre los asistentes, cuando el oficial de auxilio judicial dio la voz «Audiencia Libre», pero por riguroso turno de proximidad a la puerta de acceso, que no de llegada, lo que provocó algunas protestas.
A lo largo de la jornada de hoy no estaba prevista declaraciones de testigos e imputados, sólo la lectura de las consideraciones de las partes en relación con el procedimiento seguido. Las defensas llevaron la voz cantante, al principio con cierto grado de agresividad, llegando a manifestar que probarían a partir de la semana que viene que Santiago Pérez «mintió». Pero la tónica general fue argumentar la vulneración de derechos fundamentales durante la fase de instrucción.
Dos argumentos se reiteraron hasta que el Presidente pidió a las defensas que por economía de tiempo no se repitieran los mismos argumentos, como el derecho a la tutela judicial efectiva (Art 24 CE) y a la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Se argumentó reiteradamente por las defensas que al sólo calificar el ordenamiento jurídico infringido y no informar qué el hecho concreto por se les imputaba en el momento de acudir a testificar en calidad de imputados, tuvo incidencia en su derecho a la defensa, pues se les impidió el valorar en ése momento si hacer uso o no, de su derecho de no declarar.
También se argumentó reiteradamente la prescripción de las actuaciones ya que, en algunos casos, se sobrepasaron 10 años sin haber realizado ninguna diligencia de investigación, en lo que calificaron como dilaciones indebidas. Hay que recordar que lo que algunas de las defensas ya denominan «dilaciones indebidas», traen causa de que algunos de los imputados han llegado hasta el Tribunal de Estrasburgo haciendo uso de su legítimo derecho de defensa y de la compleja investigación del presunto cohecho que precisó comisiones rogatorias.
Una de las partes pidió la anulación de una prueba pericial caligráfica del imputado Sr. Parejo, por cuanto el perito judicial utilizó documentos de la faceta profesional del imputado, concretamente dos historiales médicos, pudiendo vulnerarse el derecho a la intimidad de dos personas. La Fiscalía manifestó que si un tercero creía vulnerados sus derechos le cabía iniciar la vía judicial pero que ello no viciaría de nulidad la pericial caligráfica. El Presidente de la Sala argumentó que ya pronunciaría durante la testifical de los peritos calígrafos, porque no había constancia de que los presuntos afectados prestaron su conformidad.
Una de las defensas manifestó que se había prorrogado de forma ilegal la prorroga del secreto del sumario, al no comunicarse mes a mes a las partes la conveniencia y la motivación de mantener el secreto sumarial.
Como resumen, una jornada tediosa centrada prácticamente en mostrar las deficiencias de la fase de instrucción. En el aire queda la sensación de que este proceso va a tener un largo recorrido, ya que las defensas podrían estar medio desvelando sus estrategias para iniciar una cadena de apelaciones a instancias superiores, en el caso de una condena de sus patrocinados.
Inocentes o culpables, ya se verá.
De momento, nos queda el asombro de que en una operación especulativa unos empresarios privados en connivencia con una administración pública, hayan obtenido dieciocho mil millones de pesetas de plusvalías, sin arriesgar dinero propio, sin mover una piedra o un solo ladrillo y, sobre todo, sin disparar un solo tiro. También causó asombro el contemplar un ex-alcalde locuaz y dicharachero durante la primera jornada, el mismo que en 2000, justo cuando se gestaba el pelotazo de Las Teresitas, jugó a la Lotería de Navidad diez décimos del 61941, y le tocó el quinto premio. Quince días después, la pedrea del Niño cayó en el 23427, número del que el alcalde llevaba 135 décimos. En total, 57.877 euros en premios, un poco más de lo que le costó una finca de 19 hectáreas que se compró inmediatamente. El 18 de enero, Zerolo adquiere, por poco más de 52.000 euros, una finca rústica —que era propiedad de una anciana— situada en el municipio de Granadilla. Las sospechas de un presunto blanqueo de capitales cobran fuerza al considerar que el 31 de diciembre se constituye la sociedad limitada Meumque, de la que Zerolo es administrador y socio único. Meumque, reza la investigación, «no presenta ningún tipo de actividad económica y no posee la titularidad de cuentas bancarias». Su objetivo es la «tenencia de patrimonio», esto es, la tenencia de aquella finca.
Un alcalde con demasiada suerte
La finca fue comprada con los premios de los sorteos, lo que llevó a los investigadores a subrayar que «es mucha concomitancia que tres días antes de la compra, que se presume la existencia de un período de reflexión y de negociación del precio con anterioridad, se ingresen unas cantidades en concepto de décimos premiados por aproximadamente la misma cantidad». El sumario añade que «también es mucha casualidad (la probabilidad es ínfima) adquirir diez y 135 décimos de dos sorteos consecutivos con un desembolso considerable, de 3.000 pesetas por décimo, que suman unas 435.000 pesetas —no había rastro en las cuentas bancarias—, y ser todos premiados».
Remata el estupor de los ciudadanos del archipiélago el hecho de que, previa declaración de una reserva natural especial, la finca acabaría siendo permutada por otros terrenos, los cuales Zerolo vendería por casi 670.000 euros, esto es, por diez veces más de lo invertido con los premios navideños.
Pero mientras esto sucedía, la investigación policial localizó periodos de hasta 28 meses en los que no se produjo ningún movimiento en las cuentas del suertudo Alcalde, con lo cual se supone que la familia vivía en ocasiones con apenas 300 euros al mes. De la suma total se desprende que hay 56 meses en los que apenas se gastaron 1.000 euros al mes. «Esta conclusión es un indicio que verifica la hipótesis de que el exalcalde pueda disponer de dinero en efectivo de desconocida procedencia«, concluyó el investigador. Pese a todo esto, no está imputado por cohecho.