NC pedirá en un Pleno del Parlamento al Gobierno que explique las consecuencias de la anulación del concurso de radios
Román Rodríguez solicita al Ejecutivo de CC y PSOE que tras la sentencia del TSJC se revoquen las sanciones mpuestas a las emisoras expedientadas.
Nueva Canarias (NC) ha solicitado la comparecencia del Gobierno de CC y PSOE en el Parlamento para que explique las consecuencias de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que anula adjudicación de las licencias de radio de Frecuencia Modulada (FM), realizadas por el Ejecutivo del mismo color político en la pasada legislatura.
El portavoz parlamentario de NC, Román Rodríguez, defendió además la revocación de las sanciones impuestas a diversas emisoras por emitir sin la preceptiva licencia “ahora que se demuestra” que la adjudicación fue “ilegal”.
Nueva Canarias expondrá en un próximo pleno, a través de una comparecencia solicitada al gabinete presidido por Fernando Clavijo, que explique la sentencia del TSJC y sus consecuencias sobre las emisoras adjudicatarias y sobre las que siguen emitiendo, toda vez que el Gobierno no ha recurrido el pronunciamiento de la sala de Lo Contencioso-Administrativo.
Román Rodríguez avanzó además que, en comisión parlamentaria, hará una pregunta con el fin de que el Ejecutivo revoque o revise el acto administrativo por el que se ha sancionado a varias emisoras de radio por emitir sin la preceptiva licencia habilitante, “ahora que se demuestra que fue ilegal” la adjudicación.
Rodríguez recordó que, en la pasada legislatura y tras adjudicarse las frecuencias en base a ese concurso, el Gobierno abrió expediente por emitir sin la preceptiva licencia administrativa a ocho radios, según consta en la información remitida al grupo de NC por el Ejecutivo. Finalmente tres fueron sancionadas. Se trata de Radio San Borondón en Las Palmas de Gran Canaria, Radio Murión en La Palma y Onda Herreña en El Hierro.
En el caso de radio San Borondón, además de cerrar la frecuencia, se le impuso una multa de 100.000 euros. En opinión de NC, estos expedientes se abrieron tras “una más que discutible aleatoriedad» en las inspecciones realizadas por la Administración canaria.