Las elecciones generales del 26J dejaron un panorama político más complejo que las del pasado mes de diciembre. Con enormes dificultades para establecer mayorías que posibiliten formar gobierno de forma coherente, como se ha visto en las reuniones mantenidas esta semana por Felipe VI con los portavoces de los distintos partidos políticos con presencia parlamentaria.
La primera evidencia es que Mariano Rajoy y el PP no logran aunar apoyos del resto de la Cámara. Pese a ello, y a diferencia con lo sucedido hace apenas seis meses, los populares se han visto obligados a aceptar el encargo del Rey y el actual presidente en funciones se someterá a la investidura, dándose un “plazo razonable” para tratar de recabar apoyos para la misma.
Aunque añaden que la condicionan a que consigan suficientes apoyos, lo que vulnera el artículo 99.2 de la Constitución, que señala que una vez aceptado el encargo del Rey, “el candidato propuesto, conforme a lo previsto en el apartado anterior, expondrá ante el Congreso de los Diputados el programa político del gobierno que pretenda formar y solicitará la confianza de la Cámara”. No valen escaqueos posteriores.
Hasta la ronda de contactos con Felipe VI solo Ciudadanos, pese al discurso bien distinto mantenido durante la campaña electoral, parecía dispuesto a abstenerse en segunda votación, mientras que votarían no en la primera cita de la investidura. Aunque tras su reunión con el Rey insinuaron la posibilidad de apoyar un Gobierno del PP no presidido por Rajoy.
El resto de grupos, desde el PSOE y Podemos, segunda y tercera fuerza en número de escaños, a las distintas formaciones nacionalistas, ha anunciado su rechazo al candidato del PP. Esa es, también, la postura de Nueva Canarias como bien expresó nuestro diputado Pedro Quevedo.
Tiene su coherencia y su clara explicación ese posicionamiento contrario a la continuidad del PP en el Ejecutivo. Por un lado, por rechazo a las políticas que los conservadores desarrollaron durante la legislatura 2012-2015. Con los profundos recortes en los servicios públicos, la agresiva reforma laboral o una Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (Lomce) redactada y aprobada sin diálogo con los integrantes de la comunidad educativa, las CCAA y los grupos parlamentarios. Con su desprecio en la aplicación de la ley de la dependencia.
Así como con sus decisiones que restringen las libertades, fundamentalmente la denominada ley mordaza. Con sus políticas centralistas que solo han agudizando los conflictos territoriales. Con sus intentos de recortar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.
Y, además, con el continuo goteo de graves casos de corrupción. Proceso culminado estos días con la imputación del PP por el multiborrado y destrucción chapucera de ordenadores que la Justicia había solicitado poder investigar, y que afectaban a los datos sobre la presunta contabilidad B supuestamente guardaba en sus discos duros, y que supone el procesamiento del enésimo tesorero del PP.
Investidura y gobierno
Pero pese a sus nulos apoyos, el PP se ha visto obligado a afrontar la investidura. Con la esperanza de convencer a Ciudadanos para que otorgue un voto positivo y al PSOE para que, finalmente, se abstenga y permita un ejecutivo con apoyo minoritario que tendrá, a corto plazo, retos como la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado y el techo de gasto. Pero el punto de arranque es de un PP aislado y sin posibles socios para tratar de ganar la investidura y formar gobierno. 137 de los 350 escaños, se es el apoyo con el que hoy cuenta el candidato conservador.
En el caso de que Rajoy fracasara en su investidura caben dos posiciones de desbloqueo. Por un lado, que se articule una mayoría de otras fuerzas políticas. Por otro, que se vuelva de nuevo a las urnas a finales de año.
La primera de las opciones sería posible desde la generosidad, la altura de miras y la eliminación de líneas rojas por parte de los principales actores: PSOE, Podemos y Ciudadanos, partidos entre los que hay más coincidencias que las de cualquiera de ellos con el PP y que suponen 188 diputados. Formaciones que podrían ser apoyadas por algunas fuerzas nacionalistas en la tarea de establecer un programa de gobierno.
Pero parece que pesan más los cálculos estratégicos y cómo afectaría ese acuerdo a cada uno de los partidos en el inmediato futuro que la necesidad de modificar las políticas de recortes, revertir la grave situación de los servicios públicos y afrontar una profunda regeneración democrática.
Porque los puntos de acuerdo son muchos. Se demostró en la mini legislatura que se abrió tras las elecciones del pasado mes de diciembre. En esos pocos meses de actividad se constituyó, de hecho, una mayoría parlamentaria en la que no estaba el PP. Fueron numerosos los acuerdos establecidos en el Congreso de los Diputados entre el resto de las fuerzas políticas en muy diversos asuntos, apoyados por más de 200 escaños. Hay sectores políticos, sindicales e intelectuales que apoyan esta opción, como los que impulsan y firman el Manifiesto Por un Gobierno de progreso. Por un acuerdo de PSOE, Unidos Podemos y Ciudadanos.
Mayoría de cambio y de progreso
Ahora, con un programa de mínimos, se podría consolidar una mayoría respaldada por muchos más escaños (al menos 188) de los que hoy dispone un posible Ejecutivo del PP (137). Y desde esa mayoría, con amplios acuerdos, afrontar un programa reformista, regeneracionista, que trabaje por acabar con las desigualdades generadas por las políticas de austeridad y corregir el daño social causado.
Una mayoría parlamentaria transversal que se implique decididamente en la recuperación de los servicios públicos. Que introduzca los cambios necesarios para ganar en democracia y en transparencia de las instituciones. Que afronte el desempleo, la pobreza y la exclusión social. Y que tome decisiones para garantizar las pensiones.
No es verdad, como afirman algunos, que los números den para establecer una mayoría de izquierda. Ni siquiera sucedió tras las elecciones de diciembre, donde se precisaba el apoyo de nacionalismos conservadores. Mucho menos ahora.
Pero sí dan para una mayoría de cambio y de regeneración. Para articular un ejecutivo que supere los destrozos causados por estos cuatro años y medio de políticas neoliberales y de agresión permanente a los trabajadores y las clases medias. Si Rajoy fracasa, las fuerzas progresistas no pueden mirar para otro lado y considerar inevitables unas nuevas elecciones. Ni olvidar que se deben, en primer lugar, a los ciudadanos y las ciudadanas, y no a sus intereses internos. No estamos ante un falso dilema, sino ante tres opciones. La resignación no es el camino.
Román Rodríguez es portavoz parlamentario y presidente de Nueva Canarias.