La lista de espera de la dependencia se mantiene en Canarias y al ritmo actual se tardarían más de 25 años en cumplir con los derechos de las personas dependientes, lo que sitúa al archipiélago en una situación crítica, según se desprende del último Informe del Observatorio Estatal de la Dependencia, hecho público por la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales.
EuropaPress.- La atención a la dependencia en España, según recoge el informe, sufrió un «claro y doloroso» estancamiento desde mediados de 2012 hasta mediados de 2015, momento en el que se incorporaron las personas con dependencia moderada (Grado I) al Sistema. Desde entonces se ha incrementado en un 12% el número de personas atendidas, superando el estancamiento.
En Canarias, el incremento anual de personas atendidas entre junio de 2015 y junio de 2016 apenas superó el 4,5%, lo que sitúa al archipiélago como la Comunidad Autónoma con el crecimiento más bajo, por detrás de Cantabria (+8,7%) y Extremadura (+6,6%).
Pese al incremento de personas atendidas en España, del informe se desprende que sigue existiendo un «fragante» incumplimiento respecto a cientos de miles de personas, ya que actualmente (con datos oficiales de 30 de junio) hay 1.207.870 dependientes, de los que están siendo atendidos el 68,4% (826.362), mientras que el 31,6% (381.508) está en ‘lista de espera’.
La Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales valora positivamente el incremento de personas atendidas en el último año, que achaca a diferentes factores, siendo la fundamental el revulsivo de la incorporación de los dependientes moderados.
Muchos de esos dependientes moderados, aclara la Asociación, ya venían siendo atendidos por los servicios sociales locales y autonómicos, con lo que se intuye que en muchos casos su incorporación al sistema se debe más a mecanismos de gestión que a un cambio real de su situación o de los servicios que reciben. Por otra parte, añade que la atención a dependientes moderados permite teóricamente atenciones de menor coste.
Pese a la mejora en las cifras de gestión del último año, del informe se desprende que hay tres elementos que resultan «extremadamente» preocupantes y ante los que se deben tomar medidas. En primer lugar, pone de relieve las extremas diferencias interterritoriales, pues no todas las Comunidades Autónomas han mejorado la gestión en la misma medida.
De hecho, en el informe se perciben algunas situaciones críticas que no se pueden obviar. Aún hay más de 126.00 personas en lista de espera con grados de dependencia II (severa) y III (gran dependencia). La incorporación del Grado I (300.000 personas) se produjo sin que muchas comunidades autónomas hubieran atendido la demanda anterior acumulada.
Frente a territorios que han avanzado significativamente en el último año, como son Castilla y León (que ya ha culminado el proceso de incorporación de dependientes moderados), Madrid, Asturias, La Rioja o las ciudades de Ceuta y de Melilla, hay dos comunidades en situación crítica: Canarias (con una avance anual de menos del 5% y una lista de espera superior al 50%) y Cataluña, que es la única Comunidad que ha reducido el número de personas atendidas en el último año teniendo una lis …
Con muchas dificultades se encuentran Aragón, Castilla-La Mancha, Andalucía, Extremadura y Galicia, cuyos avances en el último año no han sido suficientes, considerando el camino que aún tienen por recorrer.
En segundo lugar, el informe señala que el actual incremento de personas atendidas es «claramente» insuficiente, de forma que, con un hipotético número constante de dependientes en España (1.200.000), con el actual ritmo de nuevas incorporaciones de atendidos deberían transcurrir más de cuatro años para acabar con la desesperante lista de espera.
En realidad, se advierte de que no se llegará a la plena atención en cuatro años, ya que hay dos territorios que con el actual ritmo anual no absorberían nunca la demanda: Cataluña y Canarias (esta última tardaría más de 25 años), junto a otras cinco comunidades por encima de los cinco años. De nuevo las diferencias para las personas dependientes en función de la Comunidad en la que residan son insoportables.
UN MODELO DE FINANCIACIÓN INSUFICIENTE.
Por último, la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales ve imposible atender con las mínimas garantías a las personas en situación de dependencia sin un modelo de financiación adecuado.
Todos los analistas han coincidido en que el modelo de financiación es insuficiente, cuando no tramposo, y está provocando la paulatina retirada de la financiación finalista a las comunidades autónomas por parte de la Administración General del Estado a medida que el gasto se incrementa en la factura autonómica en dependencia.
El recorte acumulado del Gobierno de Rajoy en dependencia, tras el RD-ley 20/2012, asciende a 2.865 millones de euros considerando la supresión del nivel acordado, la reducción del nivel mínimo y la supresión de las cotizaciones de cuidadoras familiares. Según el informe, «el quebranto para las comunidades autónomas por recortes en su financiación les ha situado en una encrucijada con una difícil salida».
Para la asociación estatal, la única salida posible es incorporar en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera, tras un debate realista y responsable, un acuerdo sobre la financiación del SAAD que permita a las comunidades autónomas cumplir con los ciudadanos debidamente». En un tema como este, espera que antepongan a las personas en situación de dependencia a «los devaneos de salón y a los postureos partidistas».
Las prestaciones y servicios en este último año han aumentado en 18.538 nuevos servicios de ayuda a domicilio, 4.396 plazas residenciales de nueva creación, 4.396 plazas de centros de día, 33.891 de teleasistencia, 9.725 prestaciones vinculadas al servicio y 1.289 de asistentes personales.
Este aumento en los servicios ha incrementado en más de 15.000 el número de empleos directos que han entrado a trabajar en el Sistema de Atención a la Dependencia, en el que ya hay más de 200.000 trabajadores. Por el contrario, el número de cuidadores no profesionales ha descendido en 6.683.
«El nuevo Parlamento y el próximo Gobierno tienen como tarea (re)considerar que un buen sistema de atención a la dependencia en España es un reto estratégico para un futuro inevitable; forma parte de un sector de la economía de alta generación de empleo y de retornos fiscales y –sobre todo– es vital para cientos de miles de personas y sus familias», concluye la Asociación.