EL BAR DE PEPE
Pepe está que le pinchan y no suelta una gota de sangre. Resulta que hace un par de años atrás salía del restaurante donde se acababa de celebrar el banquete de la boda de su hija, con sus dos copas de vino, su cava y como siempre su par de cubatas, un control de la benemérita le para y le coloca un par de “banderillas de las que hacen época” :
600 euros de multa, más 6 meses de retirada del permiso de conducir y 6 puntos de “sutura” en su carnet de conducir, y eso que estuvo un buen tiempo esperando a que se bajara los efectos del cubata. Pepe está con un cabreo que si pilla al supuesto mangante, presidente de la Confederación Nacional de Auto Escuelas, le da un piñazo mejor que el que le dieron al pobre Rajoy, o sea más efectivo.
En este puñetero país se montan chiringuitos legales para el chupeteo de tres o cuatro listillos de turno que, aprovechando la ineptitud de algún garrulo o garrula puesto a dedo por el partido, hacen lo que les sale de los huevos con toda la prepotencia del mundo mundial. O sea que no es suficiente unas Asociaciones locales de autoescuelas, ni una Asociación nacional de autoescuelas, ni siquiera una Federación nacional de autoescuelas; el sector necesitaba un chiringuito a lo grande, a lo bestia, y nada mejor que un tinerfeño para presidir la “Confederación Nacional de Autoescuelas” que al mismo tiempo controla, desde hace 10 años el llamado carnet por puntos, o sea el puto amo del cotarro. Según los denunciantes, el presi de los puntos es la persona que decide, en colaboración de otros miembros de su directiva “a qué 251 autoescuelas, de las 9.300 repartidas por toda España, les toca “la lotería” de dar los cursos de recuperación de puntos. Unos cursos que, por ejemplo, a una conocida autoescuela de Valencia le granjearon el año pasado unos beneficios de 430.000 euros brutos.”
“En los 10 años que han pasado desde la instauración del carné por puntos, 503.291 conductores han pasado por caja para hacer un curso de renovación parcial (210 euros) o total (396 euros) de los puntos perdidos por infracciones, según datos facilitados por la DGT, lo que ha generado ingresos de más de 142 millones de euros brutos. Una cifra de la que CNAE ha recibido un 20% del precio abonado por cada asistente, por lo que ha ingresado en sus arcas más de 24 millones de euros brutos en una década (los primeros tres años renunciaron a ese porcentaje para ayudar a arrancar a los centros)”.
Las conversaciones grabadas demuestran que la subdirectora adjunta de Formación Vial de la DGT, Marta Carrera, apañó los pliegos del concurso público para conceder el control de esos cursos con el presidente de la CNAE, José Miguel Báez, gestor y beneficiario de los mismos desde hace diez años, y «pactan sin ningún rubor todas las condiciones que serán exigidas a los centros y que posteriormente aparecen en los pliegos técnicos».
Los denunciantes, procedentes de Castilla-La Mancha, Baleares, Murcia y Comunidad Valenciana, exigen la expulsión definitiva de la UTE encabezada por CNAE del concurso que se adjudicó en septiembre de 2015 porque en su opinión supuestamente puede existir el delito de prevaricación por parte de la DGT y el supuesto delito de enriquecimiento ilícito y administración desleal por el presidente de la CNAE.
Seguramente el sr. Baez podrá demostrar su inocencia, de lo que estamos seguro es que nadie puede perpetuarse en los cargos, en las poltronas, porque a la larga acaban haciéndose los amos, los reyes del mambo y al mejor estilo dictatorial de Republica bananera utilizan su poder de forma torticera y rozando, en muchos casos, la legalidad vigente. La desvergüenza es seguir en el cargo y ni siquiera cuestionarse su dimisión.