En febrero de 2013, Mariano Rajoy afirmó que “no he cumplido con mis promesas electorales, pero al menos tengo la sensación de que he cumplido con mi deber”. Esa idea de que el deber y las promesas electorales son cosas distintas se integra en una cultura del poder que no concibe la democracia como la articulación de la voluntad popular, sino como técnica de control social. Para las cuestiones más importantes votar no es decidir. El voto es meramente ceremonial.
A la política económica impuesta con el pretexto de la crisis le sobra la democracia. Y le sobra la democracia porque le sobra la verdad: nadie gana unas elecciones prometiendo recortar en sanidad y educación, bajar los salarios, rediseñar las pensiones a la baja y amnistiar a los defraudadores fiscales. Nadie lleva estas “reformas” en el programa electoral que hace público, sino en el programa en b que oculta. El programa oculto del Partido Popular (y no sólo del PP) quiere consolidar la pérdida de derechos que eufemísticamente llaman “reformas”. Y quieren más “reformas” para transferir más renta desde la mayoría social a los sectores más adinerados. En septiembre de 2014, lo decía el secretario de la OCDE sirviéndose de la misma jerga: “las reformas nunca terminan, nunca se dejan de hacer y lo importante es reformar las reformas, porque nunca salen bien a la primera”.
Quieren seguir “reformando”: Rajoy se ha comprometido con Bruselas a seguir desmantelando la sanidad y la educación públicas. En el Programa de Estabilidad 2016-2019 se compromete a que el gasto en educación baje del 4.4% del PIB, en 2011, al 3.7% en 2019. Y, en sanidad, debe pasarse del 6.4% del PIB al 5.7%. Estas propuestas son coherentes con la política profundamente antisocial del PP: si comparamos los presupuestos del Estado de 2011 con los de 2016 vemos que el gasto en sanidad cae un 6%; en educación un 13%; en dependencia un 16.4%; en cultura un 27%; en I+D+i un 15%; en Justicia un 6% y en cooperación internacional un 72%.
Durante los primeros tres años y medio de Gobierno de Rajoy hubo 292.666 desahucios, o sea, 229 familias expulsadas de sus casas cada día en un país con más de tres millones de viviendas vacías. Cuando el PP llegó al poder se encontró con 630.000 hogares sin ingresos y ahora deja 719.000. Rajoy encontró 66.815 millones de euros en el Fondo de Reserva de la Seguridad Social y lo redujo a 32.481 millones. A esta reducción de la hucha de las pensiones se suman la reformas legales para reducir las futuras pensiones públicas y, además, una caída de la masa salarial, equivalente a tres puntos de PIB, que genera más problemas para financiar las pensiones.
Hoy hay 123.400 personas menos trabajando en España que cuando el PP llegó al poder. Es verdad que también se redujo el desempleo por la caída de la población activa (gente que ya no busca empleo y personas que se han ido al extranjero). Pero lo cierto es que las reformas laborales de Zapatero y Rajoy han fracasado. Decían que la bajada salarial abarataría nuestras exportaciones y así serían más competitivas. Pues bien, un estudio del economista Manuel Lago muestra que los costes laborales unitarios se redujeron un 6.4% en España, entre 2009 y 2014 (mientras crecían un 4.2% en la eurozona). Sin embargo, el índice de precios del comercio exterior aumentó ligeramente en esos años. Es decir, la devaluación salarial no abarató las exportaciones, sino que contribuyó a incrementar en 31.000 millones de euros los beneficios empresariales (de 2008 a 2013) y contribuyó a reducir en 54.443 millones la masa salarial. Es más, la reducción salarial se cebó con los más pobres: de 2010 a 2014, el salario del 10% de trabajadores peor pagados cayó un 15% y el salario del 10% mejor retribuido aumentó un 6%.
En el primer trimestre de 2016, se firmaron 35.000 contratos de un día de duración, frente a un máximo de 26.000 antes de Rajoy. Se ha pasado de un 14% de trabajadores en riesgo de pobreza a un 18.1% y, asimismo, de un 65.8% de desempleados que cobraban prestación a un 53.2%. De los que cobran, seis de cada diez perciben un máximo de 426 euros mensuales.
Es asombroso que el PP se presente como el partido de la moderación pese a su imponente historial antisocial y de corrupción. La degradación del gobierno de Rajoy tuvo momentos estelares cuando depositó 1.2 millones de euros de fianza civil en la Audiencia Nacional por su caja b, o cuando indultó a cuatro mossos d’escuadra condenados por torturas, a siete condenados por prevaricación urbanística, o malversación de caudales públicos, y a un kamikaze que mató a un joven cuando circulaba en dirección contraria (aunque el Supremo anuló este último indulto). El PP socavó la justicia universal, introdujo tasas judiciales que excluyen a miles de personas de la Justicia y legisló para bloquear la capacidad de los municipios de desarrollar el estado del bienestar. La renuncia al uso de la mano izquierda del Estado supuso el abuso de la mano derecha simbolizada por la Ley Mordaza.
Han destrozado nuestro país. Y lo han hecho con la colaboración del PSOE y del modelo de Unión Europea que promovieron conjuntamente. Un informe reciente de la Fundación BBVA establece que, de 2007 a 2013, tres millones de personas fueron expulsadas de la clase media y, al mismo tiempo, la renta del 20% más rico de la población, en relación con la renta del 20% más pobre, pasó de ser 6.4 veces mayor a 9.1 veces mayor. Un informe de Oxfam, publicado el pasado mes de enero, afirma que las 20 personas más ricas de España tienen el mismo patrimonio que los 13.5 millones de personas más pobres. Ocultados por el ruido y la demagogia, son muchos los datos que documentan el agravamiento de las desigualdades en nuestro país, el intento de consolidar la pérdida de derechos y el propósito de querer normalizar un futuro con más renta por habitante que antes de la crisis, pero con peor calidad de vida. Es una gran irresponsabilidad contribuir, por acción u omisión, a que las cosas sigan como están. Ramón Trujillo, coordinador de Izquierda Unida Canaria y concejal en Santa Cruz de Tenerife.