Esta semana celebramos en el Cabildo la segunda reunión para poner en marcha el proyecto de embellecimiento integral de la Autopista Gran Canaria uno (GC1).
En un encuentro con los alcaldes y alcaldesas de los municipios afectados desde la capital hasta San Bartolomé de Tirajana dimos los primeros pasos para actuar en el primer paisaje que se encuentran nuestros visitantes nada más aterrizar en nuestra isla. Esa imagen de plásticos e invernaderos, escombros en solares públicos y privados, casas abandonadas, vallas publicitarias (en su mayoría ilegales), … no puede ser nuestra carta de presentación ni la última imagen que retengan en sus retinas los casi cuatro millones de turistas que cada año eligen nuestra isla.
La solución no será rápida ni sencilla. Primero tenemos que detallar el número de vallas, ver si están en suelo rústico, urbano o urbanizable, quiénes son los propietarios de los terrenos con invernaderos o casas abandonadas. También hay que estudiar las diferentes ordenanzas municipales y todo el marco legal antes de plantear ninguna medida. Por eso convoqué directamente a los alcaldes y alcaldesas, pero también a los vicepresidentes del Cabildo, a la Consejería de Política Territorial, a la de Turismo y a la de Medioambiente. Y estaba también, Adapa, representando a la sociedad civil. Igualmente se incorporará el Consejo Insular de Aguas…
Nuestra intención es crear el Observatorio Insular del Paisaje, un organismo que está previsto en el PIO y que puede ser un instrumento de participación ciudadana que sirva para comprometernos en la protección y difusión de nuestro paisaje. Afortunadamente en Canarias hay bastante conciencia acerca de la defensa de nuestro medio natural. Hace unas semanas me reuní con la Asociación para la Defensa del Árbol y del Paisaje de Gran Canaria. Rafael Molina Petit pedía públicamente que nos planteáramos qué paisaje vio el célebre actor Brad Pitt cuando vino a rodar a Gran Canaria escenas de la película “Allied” si el único recorrido que hizo fue el que va desde el aeropuerto a la capital de nuestra isla. Pero también es lo que ven muchos trabajadores y trabajadoras que cada día van o vienen del sur de la isla a la capital a trabajar.
Queremos seguir la estela de la Convención del Benelux de 1982 sobre la Conservación de la Naturaleza y la Protección del Paisaje (UNEP 1982), cuando plantea que “El paisaje puede ser considerado como el reflejo de la actitud de la comunidad con respecto a su medio natural y de la forma en que actúa sobre el mismo”. Creo que lo que ha ocurrido con esa imagen que nos ofrece el corredor de la autopista GC 1 desde la capital al sur de Gran Canaria se explica en esta última parte de la definición. Si desde las instituciones y desde la ciudadanía cambiamos de actitud, lograremos cambiar esa vista.
No nos planteamos un simple plan de embellecimiento, queremos hacer algo de más calado, un proyecto integral con presupuesto suficiente y pensado a largo plazo. Por ello además de a las instituciones, queremos vincular a empresarios y vecinos y vecinas de las zonas afectadas. Queremos adecuar el Plan Insular de Gran Canaria (PIO-GC) a la protección del paisaje. Por eso antes de tomar medidas que puedan afectarle hay que estudiar bien sus posibles consecuencias -ya nos decían nuestros padres que con las cosas de comer no se juega- y, por supuesto, hay que propiciar que la participación ciudadana sea lo más amplia posible.
Por eso no entendemos las prisas del Gobierno canario, del Partido Popular y de algunas patronales, por aprobar la Ley del Suelo. Estamos ante un intento de cambiar apresuradamente y sin consenso un modelo de entender la ordenación del territorio en Canarias. Nada que ver con lo que ocurrió en abril de 2003 cuando el Parlamento canario aprobó por unanimidad la Ley de Directrices de Ordenación General y del Turismo de Canarias que promovió el gobierno que presidía Román Rodríguez.
El Catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de La Laguna y Premio Nacional de Economía y Medioambiente Federico Aguilera Klink en un artículo titulado “Deterioro Ambiental y deterioro de la democracia: el caso canario”, recoge un decálogo con los indicadores del deterioro de la democracia. Entre esos puntos Aguilera Klink señala: “Utilización de argumentos falsos o erróneos que no se corrigen. Imposición de una única ‘solución’ sin diagnóstico públicamente debatido y aceptado sobre cuál es el problema. Declaración fraudulenta del interés público. Ocultación de información por parte de los gobiernos. Frecuente connivencia entre los intereses de los políticos que toman las decisiones y las empresas constructoras de las infraestructuras propuestas.” La forma de redactar y presentar el anteproyecto de la Ley del Suelo de Canarias tiene varias características de este decálogo.
Un ejemplo de “utilización de argumentos falsos o erróneos” lo vemos cuando el presidente del Gobierno Fernando Clavijo defiende la supresión de la Cotmac (un órgano de carácter autonómico con personal técnico). El presidente suele manifestar que ha sido “inútil” porque no ha evitado los escándalos de corrupción urbanística en Canarias, o las sentencias judiciales que han echado abajo muchos planes generales municipales. Es un argumento falso porque en realidad es solo un órgano de supervisión de la adecuación a la legalidad de lo que pretenden aprobar los 88 municipios de Canarias, que en muchos casos carecen de recursos técnicos y humanos para sacar adelante sus planes generales. Como le sucede a la propia Comisión de Ordenación del Territorio. Si ha habido empresarios y alcaldes que se han saltado las leyes, si ha habido sobornos y concesión de licencias ilegales, nunca ha sido culpa de la Cotmac. Por eso dejar todo el poder en manos de los ayuntamientos y otras tantas pequeñas cotmac como pretende la Ley del Suelo pone en peligro el modelo de ordenación del territorio que hemos tenido durante nuestra autonomía. Se cercena la visión global de Canarias. Se elimina el enfoque insular del territorio. La idea de supresión de la Cotmac no es original de Clavijo, ya la planteó hace años José Manuel Soria cuando era vicepresidente del Gobierno canario en el ejecutivo que compartía con Coalición Canaria.
En Canarias y en las otras comunidades donde también existen organismos con las mismas funciones que la Cotmac, se han producido muchos casos de corrupción urbanística que no son culpa precisamente del órgano supervisor. En el artículo que mencionamos antes de Federico Aguilera Klink se recogen las conclusiones de un informe sobre la corrupción urbanística realizado en el año 2001 por la Fiscalía de Medioambiente, donde se decía que: “El incumplimiento de las leyes ambientales tiene su origen en la corrupción del sistema político. Porque cuando los intereses económicos son de índole menor, éstas se cumplen razonablemente; pero cuando estos intereses son importantes, los incumplimientos son clamorosos (…) El incumplimiento de las leyes ambientales es el mejor barómetro de la corrupción de un sistema político”.
Tras un profundo estudio del anteproyecto de la Ley del Suelo realizado por los técnicos del Cabildo de Gran Canaria, nuestro gobierno insular decidió realizar una serie de alegaciones donde se señala, entre otras cosas, que la simplificación del marco normativo no debe provocar la eliminación de los controles necesarios sobre el territorio. También denunciamos el planteamiento recogido en el anteproyecto de ley que da prioridad al “desarrollo económico” sobre el desarrollo sostenible en los tiempos de crisis. Estamos ante una ley que ha provocado más divisiones que acuerdos. División entre los empresarios; división política dentro del PSOE (con la oposición rotunda de Carmelo Padrón, uno de los expertos en urbanismo más destacados de este partido) y dentro de Coalición Canaria (con el rechazo del expresidente Paulino Rivero)…
Se equivoca el Gobierno de Canarias al querer enterrar definitivamente las Directrices de Ordenación Turística que se aprobaron por unanimidad en el Parlamento y con el respaldo de numerosas organizaciones sociales. Una visión desarrollista del suelo puede ser pan para hoy y hambre para mañana. Nuestro suelo, nuestro ecosistema y nuestro paisaje son un valor estratégico que no puede vincularse a intereses cortoplacistas de algunos sectores. La especulación urbanística puede incrementar el precio del suelo, pero no olvidemos que el valor estratégico de nuestro paisaje siempre será superior a ese precio. Ya lo decía Juan de Mairena, el profesor ficticio creado por Antonio Machado: “Todo necio confunde valor y precio”.
Antonio Morales Méndez