La Plataforma de Afectados por la Hipoteca denuncia un nuevo caso en Tenerife, se trata de Carmen, una mujer desempleada, con trescientos diecinueve euros de ingresos, que vive en Bajamar con su hijo de catorce años, su hija de treinta, y dos nietos, menores, a su cargo.
Es víctima de violencia de género y tramita actualmente una discapacidad por diversas patologías, entre ellas una afección cardiaca. Su hijo de 14 años tiene ya una discapacidad reconocida del 78%, padece una escoliosis degenerativa y asma. Hoy, mientras su madre acudía a un juicio oral en los juzgados de San Cristóbal de La Laguna, por USURPACIÖN, él tenía que ser asistido en Urgencias del Hospital de la Candelaria debido a un ataque de ansiedad.
En el juicio Carmen apenas pudo defenderse y expresar su estado de necesidad, sintiéndose criminalizada por su condición de pobreza. Desde la PAH acusan a la abogada de VISOCAN, Carmen Palau, de hacer comentarios despectivos hacia ella y su hija, mandándolas a trabajar «Quizá -afirman desde la PAH- esta señora no es consciente de la tasa de paro que asola a Canarias y de las dificultades que ello supone para familias en exclusión social, siendo las mujeres las que lo sufren en mayor medida (35.000 familias formadas por mujeres y al menos un hijo de menos de 25 años sufren la exclusión social) Personas necesitadas de apoyo para poder superar una situación que va mucho más allá de una mera carencia de recursos económicos, puesto que casi el 35% de familias Canarias no consiguen llegar a fin de mes según el INE y hay unos cincuenta y ocho mil hogares en los que ningún miembro de la unidad familiar percibe ingresos».
Además recuerdan que VISOCAN obvia que gestiona viviendas sociales destinadas precisamente a colectivos poco favorecidos y lleva años ejerciendo una mala gestión de las viviendas sociales, tapiando y manteniendo vacías muchas de ellas.
Precisamente ese es el caso de la vivienda de Carmen, quince años vacía, llena de basura, deteriorada y usada habitualmente por drogodependientes. Cuando ella entró, la limpió y acondicionó para poder habitarla, actualmente lleva tres años viviendo en ella con su familia, sin agua ni luz. Para Carmen y su familia no fue fácil tomar la decisión de entrar en una vivienda vacía que no les pertenece, ha sido demandante de vivienda pública desde hace más de 10 años, es usuaria habitual de Servicios Sociales y a pesar de haber acudido a estos para solicitar ayuda, no encontró una respuesta que evitara que se viera en la calle con su familia.
La Plataforma de Afectados por la Hipoteca cuestiona al Gobierno de Canarias por haberse comprometido a que ninguna familia fuera desahuciada de esas viviendas sin alternativa habitacional, sin embargo; VISOCAN sigue instando desalojos a través de los juzgados de la isla, con las repercusiones negativas que conlleva, puesto que las familias sin recursos son multadas con cuantías que no pueden pagar y muchas veces esa imposibilidad del pago se materializa en arrestos domiciliarios, en domicilios inexistentes tras ser desalojados, solicitando además el pago de las costas de los abogados de VISOCAN, que son asalariados de la empresa pública.
«Es contradictorio -explican- que una empresa que debe velar por el Derecho a la Vivienda, especialmente de las personas sin recursos, ejerza políticas que provocan todo lo contrario: desalojos forzosos que agudizan la exclusión residencial, los arroja a la exclusión severa, provoca la desestructuración familiar y no contempla la protección de los menores que se ven afectados por los desalojos forzosos de sus hogares».
VISOCAN gestiona gran parte del parque de Viviendas Sociales de Canarias, cuyo fin es garantizar el acceso a una vivienda digna de las familias con menos recursos económicos y sociales y mayores necesidades de una vivienda adaptada a las mismas, pertenecientes al Gobierno de Canarias o que han sido financiadas con dinero público, cuya responsabilidad pública es ser garante de este derecho básico.
Desde la PAH advierten que los desalojos forzosos que se producen sin garantías habitacionales son ilegales y no sólo violan el Derecho a la Vivienda, sino que estando íntimamente ligado a otros derechos fundamentales como el derecho a un medioambiente saludable, derecho a la salud, a la intimidad, a la educación… estos se ven también vulnerados, siendo especialmente grave cuando quien insta dichos desalojos es una empresa gestora de viviendas públicas destinadas proteger y garantizar el acceso a una vivienda digna de las personas que pertenecen a estos colectivos «El Gobierno de Canarias no puede exigir a las entidades financieras que dejen de ejecutar desahucios sin alternativa habitacional y pedir que pongan sus viviendas vacías como parte de parque de viviendas de alquiler social, mientras VISOCAN gestiona sus viviendas de una manera contraria al derecho a la vivienda aprovechando el miedo y provocando el silencio de muchas de las familias».
Desde la Plataforma piden al Presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo Batlle y a la Vicepresidenta y Consejera de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno de Canarias y Presidenta de Viviendas Sociales e Infraestructuras de Canarias (VISOCAN), Patricia Hernández Gutiérrez, que exijan, a la empresa pública, que deje de ejercer políticas de criminalización de la pobreza y no vuelva a instar procedimientos judiciales contra familias sin recursos. Y retire de los juzgados todos aquellos procedimientos que haya iniciado contra personas de este mismo colectivo y opte por iniciar procedimientos administrativos que contemplen el estudio de los casos, itinerarios de inclusión residencial y en caso de ser necesario su desalojo forzoso, se les proporcione una alternativa habitacional.