La nueva filtración de WikiLeaks, a la que ‘Público’ ha tenido acceso en exclusiva en España, prueba que el acuerdo sobre servicios plantea imponer a ayuntamientos, gobiernos regionales y a la administración central la obligación de informar al resto de países antes de aprobar nuevas normativas que entren dentro del enorme marco de esta alianza
Publico.es.- Los cincuenta países que negocian el pacto secreto TiSA mantienen el rumbo para abrir las puertas de los servicios públicos al sector privado. A pesar de las crecientes críticas a la gestión de la política comercial de la Comisión Europea en nombre de los 28, Bruselas ha fijado su posición en las conversaciones del acuerdo que afectará a prácticamente todos los servicios, desde los postales hasta los transportes, a pesar de la exigencia del Europarlamento a que el Trade In Services Agreement (TiSA, en inglés) deje fuera los servicios públicos. Y todo ello tiene lugar en una atmósfera de secretismo aún más densa que la que envuelve el TTIP.
Una nueva filtración de WikiLeaks a la que Público ha tenido acceso en exclusiva en España muestra que las negociaciones han mantenido, e incluso endurecido en algunos aspectos, la línea hecha pública por este diario entre junio y julio de 2015.
Uno de los documentos filtrados recoge la obligación de los estados de informar al resto de países -y por tanto a sus empresas- antes de aprobar normativas que puedan afectar a sus intereses comerciales. Y, mientras algunos de los estados negociadores piden acotar esta imposición, EEUU, Canadá y otros tantos exigen que se mantenga ante prácticamente cualquier escenario.
Los expertos de WikiLeaks advierten que hasta el más pequeño de los ayuntamientos tendrá que informar al resto de países sobre las normativas que quiera aprobar
Esto afectaría incluso a las medidas adoptadas de urgencia por los respectivos gobiernos, ya que incumplirían la cláusula que obliga a dar una “oportunidad razonable” al resto de estados firmantes para hacer comentarios en base a sus intereses o los de sus empresas. El TiSA impone que las partes tengan “tiempo suficiente” para comentar, sin acotar ningún periodo temporal concreto, y establece que los estados “deben considerar” sus aportaciones.
Y, si EEUU logra imponer su posición, la obligación de dar cuentas al resto de estados se aplicaría a las regulaciones “a cualquier nivel de gobierno”, por lo que según los expertos de WikiLeaks esto obligaría hasta al más pequeño de los ayuntamientos a informar sobre las normativas que planee aprobar por su posible impacto en los intereses económicos y financieros de los inversores extranjeros.
Por otro lado, el documento establece restricciones a las tasas que cada uno de los países puedan imponer al resto por los procedimientos para prestar servicios a lo “razonable”, y la UE respalda que la cantidad fijada no pueda superar el coste administrativo.
«Las negociaciones van mucho más allá de los aspectos legítimamente vinculados al comercio, hasta una agenda política profundamente liberalizadora»
El análisis de la organización que dirige Julian Assange advierte que el texto encuestión “lleva las negociaciones mucho más allá de los aspectos legítimamente vinculados al comercio, hasta el territorio de una agenda política profundamente liberalizadora”. Advierte que tal y como está contemplado hoy el TiSA “obstruye” la capacidad normativa de los estados para imponer la desregulación que los lobbies corporativos están exigiendo a los negociadores.
El referido documento es el borrador del anexo sobre Regulación Nacional de la ronda de reuniones del 10 de octubre de 2015, una versión actualizada del escrito fechado en febrero de ese mismo año al que este diario accedió a mediados del pasado año.
Normativas más “gravosas de lo necesario”
El marco de actuación del acuerdo es enorme -desde las normativas sobre la expedición de licencias para prestar servicios hasta, posiblemente, los estándares técnicos-, y en función de qué propuesta tenga un mayor apoyo, más duro será el acuerdo final.
Una de ellas es impedir que las regulaciones sean “más gravosas de lo necesario para asegurar la calidad del servicio”; otra que estén basadas en “criterios objetivos y transparentes” relacionados con su prestación, lo que situaría en un segundo plano los objetivos ambientales o sociales.
El acuerdo también pretende acelerar los tiempos a la hora de tomar decisiones normativas en las que haya que contar con las opiniones de estos estados. Los acota a “periodos de tiempo razonable”, sin “retrasos injustificados”.
Los expertos de WikiLeaks cuestionan si dentro de lo “razonable” entraría un estudio de impacto ambiental sobre una nueva normativa, pero la respuesta de nuevo depende la propuesta que finalmente se imponga, o del nivel de inconcreción del lenguaje que plantee este texto.