Hace algo más de 3 años, en los despachos enmoquetados de la Consejería de Presidencia “Justicia e Igualdad” (toma ya!!) del Gobierno de Canarias tramaron una agresión contra los derechos de más de 3000 trabajadores y trabajadoras del la Comunidad Autónoma: recortarle el 20% del horario y del sueldo a los más débiles.
Fue una agresión premeditada, porque sabían que iba contra el derecho fundamental de igualdad y contra la legislación europea (Directiva 199/70/CE) que prohíbe tratar a los trabajadores temporales de una manera menos favorable que a los trabajadores fijos. La Secretaría de Estado para la Unión Europea había notificado al Gobierno de Canarias que lo que pensaban hacer –e hicieron 6 meses después– era contrario a la legislación europea y a los derechos de los trabajadores.
Fue una agresión alevosa, porque utilizaron todos los mecanismos imaginables para dejar indefensos a los trabajadores afectados:
La Disposición Adicional 57ª de la Ley de Presupuestos de Canarias para 2013 no figuraba en el Proyecto de Ley, para evitar los preceptivos informes jurídicos (arts. 43 y 44 de la Ley del Gobierno). Usaron espuriamente e los Grupos Parlamentarios para meterla en la Ley por medio de una enmienda de última hora. Y de paso impedir a los demás grupos parlamentarios ejercer su derecho de enmendar y debatir políticamente el asunto.
Y porque agrediendo a los trabajadores a través de un norma con rango de Ley (la de Presupuestos de 2013) dificultaban hasta el infinito la posibilidad de recurrir contra el ataque a sus derechos; porque una Ley sólo se puede recurrir ante el Tribunal Constitucional y no ante la Justicia ordinaria.
Fue una maniobra indigna de cualquier demócrata. Y no digamos si la idean y ejecutan cargos públicos socialistas.
Por el camino, cuando empezaron a sentir el aliento de los trabajadores afectados en el pescuezo, intentaron dar marcha atrás. Con un chantaje, marca de la casa. Les devolvemos el 20% del sueldo que les hemos descontado discriminatoriamente, si retiran las demandas. En fin….
Pero el tiempo, el implacable, pasó. Y el Tribunal Constitucional confirmó lo que el Tribunal de Justicia de Canarias había adelantado, promoviendo una cuestión de inconstitucionalidad: que la medida urdida por Spínola y Cía era un ataque al derecho fundamental a la igualdad. Un ataque en toda regla al derecho fundamental a no ser discriminado y a los derechos de los trabajadores.
Porque si la coartada que pretendieron usar era la de “razones de contención del gasto público”, “deberían disponer (esas modificaciones de las condiciones de trabajo) para todo el personal laboral de forma generalizada”. Así lo han declarado el TSJC y el Tribunal Constitucional.
He expresado que, en mi opinión, la gravedad del ataque a los derechos de los trabajadores y toda la maniobra desarrollada para diseñarlo y ejecutarlo, conscientes de su ilegalidad, aprovechando la situación de temor de los trabajadores a ser despedidos, evitando controles jurídicos y tratando de dificultar al límite la defensa de los trabajadores al incrustar la discriminación en una Ley, que no puede recurrirse directamente ante la Justicia ordinaria.
Y como Aaron Afonso me ha dado el recado desde el Parlamento de que, si pienso así, estoy tardando en ir a la Fiscalía, pues mensaje recibido. Iré, pero no a la Fiscalía; sino directamente a la Jurisdicción Penal. Y si la fiscalía quiere sumarse, que se sume.
A ver si, entre todos los demócratas, conseguimos que en esta tierra nadie se atreva a atacar cobardemente a los más débiles, desde los despachos del poder.
Santiago Pérez, mayo de 2016