{mosimage}El presidente del Gobierno canario, Fernando Clavijo, admitió hoy desconocer la problemática de las familias afectadas por los contratos de alquiler con la empresa pública Visocan en el barrio lagunero de San Matías. Respondía así a la portavoz de Podemos, Noemí Santana, quien le preguntó hoy en sesión plenaria por la medidas que tiene previsto tomar el Gobierno en relación a estos casos denunciados públicamente.
La diputada de Podemos denunció que muchos de estos contratos de alquiler obligan a presentar aval solidario, “cláusula considerada abusiva por resoluciones judiciales locales, estatales y europeas.” Al respecto, Santana afirmó que “una empresa de titularidad pública debería ser ejemplarizante.”
La portavoz denunció que familias adjudicatarias de la Pensión Canaria de Inserción (PCI) asumen alquileres que superan el importe de sus ingresos. “Una persona que debe pagar 3.601 euros y cobra 1.813,78”, afirmó.
Clavijo aseguró que asume las críticas, si bien matizó que la responsabilidad corresponde al Gobierno anterior, formado igual que el presente por un pacto de su partido (CC) y el PSOE. Garantizó también que recibiría a la Plataforma cuando reúna toda la información y que analizarán cada una de las circunstancias de forma individual.