SB-Noticias.- El Grupo Parlamentario Socialista ha registrado una proposición no de ley por la que pide al Gobierno de España que inicie un proceso de diálogo con el objeto de definir y aprobar un nuevo Estatuto de los Trabajadores. El portavoz de Empleo, Héctor Gómez, explica que con esta propuesta se solicita además que se incorporen, como ejes del nuevo texto, la recuperación de la negociación colectiva, el derecho al tiempo en el trabajo, acabar con la brecha salarial entre hombres y mujeres, aumentar el salario mínimo interprofesional hasta lo determinado por la Carta Social Europea, acabar con las figuras de falsos autónomos y becarios además de recuperar en el Estatuto la consideración de derechos.
Para este objetivo proponemos la recuperación del Estatuto de los Trabajadores como carta de derechos. Además de recuperar los derechos laborales más clásicos, como el derecho a la formación profesional o la igualdad de oportunidades en el acceso al empleo, básico para insertar a colectivos tan vulnerables como las personas con discapacidad al mercado de trabajo, es necesario incorporar al Estatuto de los Trabajadores la garantía de derechos tan básicos como:
1.- La seguridad y salud en el trabajo.
2.- La libertad religiosa.
3.- El secreto de las comunicaciones, incluso las que tienen que ver con el uso de internet, del correo electrónico o las redes sociales.
4.- El derecho a la propiedad científica e intelectual de los trabajadores.
Por su parte, entendemos necesario acabar con la figura de los falsos autónomos. Los trabajadores autónomos económicamente dependientes (que son los que trabajan en exclusiva para una sola empresa y denominamos falsos autónomos) que hoy regula el Estatuto del Trabajo Autónomo deberían pasar a formar parte del ámbito del Estatuto de los Trabajadores y, por tanto, ser considerados trabajadores por cuenta ajena con los mismos derechos que los demás trabajadores. Y, en consecuencia, deberían tener los mismos derechos de Seguridad Social que el resto de los trabajadores, resultando el abono de sus cotizaciones sociales, una obligación de los empresarios y no de ellos mismos.
Otro de los objetivos es terminar con la figura de los falsos becarios. Un nuevo Estatuto de los Trabajadores debería incorporar una definición estricta de la condición de becario, de modo que se exija que la finalidad de su actividad en la empresa sea únicamente formativa y no productiva, requiriéndose en todo caso que el becario o la becaria se encuentre incorporado a un programa formativo curricular (es decir, que la beca sea el complemento de estudios oficiales, universitarios o de formación profesional, en el sistema educativo o de formación para el empleo, pero no de formación no oficial o de teleformación). Si se da el caso de que en la actividad del becario se combinan elementos formativos con actividad profesional, se presumirá la existencia de un contrato de trabajo para la formación o en prácticas, según sea la titulación del trabajador.
Por su parte, entendemos que la lucha contra la precariedad sería más efectiva estableciendo tres tipos de contrato. De esta manera, el objetivo debe ser que la tasa de temporalidad converja con la media de los países de la zona euro en un plazo máximo de una legislatura. Para ello, proponemos la existencia de tres modalidades de contrato de trabajo:
1.- Un contrato de trabajo indefinido para la cobertura de puestos de trabajo estables.
2.- Un contrato de trabajo temporal para la cobertura de puestos de trabajo temporales.
3.- Un contrato de relevo y para la formación.
No podrán cubrirse puestos de trabajo permanente con contratos temporales y ningún contrato temporal podrá durar más de un año. Aunque la negociación colectiva podría extenderlo hasta dos, fijar tasas máximas de temporalidad en los distintos sectores de actividad productiva y los puestos de trabajo que se consideran de carácter temporal. Tenemos que convertir los contratos temporales en lo que realmente son, excepciones a la regla general de la contratación estable. No vamos a penalizar con más cotizaciones a la Seguridad Social la contratación temporal que se ajuste a esta regla. Pero sí pagarán más los que abusen de la contratación temporal, porque su abuso supone un sobre coste para todos en el pago de las prestaciones por desempleo.
En esta dirección, no podemos consentir la existencia de trabajadores pobres. Ni por justicia, ni por eficiencia económica. Muchas veces se dice que el salario es un coste. Y lo es. Pero el salario es también una renta. La renta de millones de trabajadores. Si los salarios son bajos, el consumo se resiente y, sin consumo, y demanda interna, no crece la producción. Sin producción, no crece el empleo. Debemos convertir la subida de salarios en un motor de crecimiento económico y del empleo. Y por eso hay que subir el salario mínimo interprofesional.
Nuestro objetivo es que, en un plazo razonable de tiempo, el salario mínimo interprofesional alcance la cuantía que señala la Carta Social Europea como retribución mínima suficiente y que es el 60% del salario medio neto. Por eso la subidao del salario mínimo interprofesional de acuerdo con la evolución de nuestra economía debería ser una realidad.
Con el objetivo de vincular los salarios a la productividad es necesario crear un Observatorio de Productividad que emita recomendaciones oficiales que informen a los agentes sociales del crecimiento salarial necesario para mantenerse en línea con las subidas existentes en los países de la zona euro. De esta forma, las subidas salariales podrían alinearse con las necesidades de competir en una zona monetaria única y podrían evitarse comportamientos cortoplacistas en los procesos de negociación del salario que han apoyado, al menos hasta la fecha, los ajustes vía destrucción de empleo.
Tenemos que acabar también con la brecha salarial entre mujeres y hombres. Para ello lo primero que necesitamos es transparencia. Todas las empresas tendrán un registro donde consten de manera desagregada los salarios y complementos salariales que perciben los trabajadores y las trabajadoras de su plantilla. Todas las empresas tendrán también obligatoriamente un plan o estrategia de lucha contra la desigualdad salarial.
Los trabajadores y trabajadoras contratados por las empresas de servicios deben cobrar lo mismo que los que realizan el mismo trabajo que ellos pero contratados por la empresa principal. Es una forma de garantizar la igualdad salarial de los trabajadores, de manera que si se realiza un mismo trabajo, y en un mismo centro de trabajo o empresa, los trabajadores y trabajadores tengan derecho a cobrar el mismo salario, sin importar si han sido contratados por la empresa principal o la empresa de servicios. La idea central es que al mismo trabajo le corresponda el mismo salario, sin que el hecho de ser contratado por una empresa de servicios suponga una reducción del mismo.
Hay recuperar el derecho al tiempo en el trabajo y la jornada como un derecho del trabajador y una forma eficiente de mejorar la producción. Hay a regular de nuevo el trabajo a tiempo parcial y exigir con claridad la predeterminación del horario de trabajo sin confusas remisiones a la negociación colectiva; permitir las horas complementarias sólo si están previstas en convenio colectivo y no por simple pacto individual; exigir que el porcentaje de horas complementarias no supere el porcentaje de jornada irregular de los trabajadores a tiempo completo; y suprimir la posibilidad de que el tiempo parcial se compute anualmente, lo que provoca confusiones innecesarias con el trabajo fijo-discontinuo.
La negociación colectiva tiene la misma función redistributiva que los impuestos. Con la negociación colectiva se distribuyen los beneficios de la actividad económica y empresarial. Recuperemos, pues, la fortaleza de este instrumento y, con ella, la mayor igualdad que genera.
A este fin debemos dar a los sindicatos todo el protagonismo en el proceso de negociación colectiva. Deben seguir existiendo los comités de empresa y delegados de personal, pero sin funciones de negociación. Deben ser las organizaciones y secciones sindicales las que gobiernen la negociación colectiva y los descuelgues salariales cualquiera que sea el ámbito o nivel en que se desarrollen. Hay que derogar las extrañas comisiones ad hoc que hoy participan en los procesos de reestructuración empresarial y reivindicar el papel del consenso y la participación de los trabajadores como elemento central de la toma de decisiones en el ámbito de la empresa.
Por otra parte, es necesaria una ley de participación institucional que clarifique el papel y asegure una financiación transparente de las organizaciones sindicales y empresariales.