Román Rodríguez. Portavoz parlamentario y presidente de Nueva Canarias.
{mosimage}Las recientes elecciones del 27S no han servido para resolver las profundas diferencias políticas entre Cataluña y el Estado español. Su resultado ha supuesto un profundo fracaso para el Gobierno de Rajoy y su inmovilismo: el PP apenas supera el 8% de los votos y queda como quinta fuerza en el Parlament. Mientras, el independentismo gana claramente los comicios, sus dos organizaciones suman la mayoría absoluta de escaños de la Cámara. Pero no logra su objetivo plebiscitario de superar el 50% de los sufragios.
No son sólo los votantes de JXS o de la CUP, un 48%, formaciones que presentaron un programa nítido a favor de la independencia, sino los de otras organizaciones, caso de CSQP (8,94%), que apoya el derecho a decidir y la celebración de un referéndum, o el PSC (12,74%), que apuesta por un modelo federal. Son menos, muchos menos, los agrupados en Cs y el PP, un 26% los que defienden el actual estatus político.
Modelo
Las elecciones del 27S confirman un complicado escenario político que impone la necesidad del diálogo, que debe llevar a plantear una reforma del modelo territorial nacido de la Constitución del 78 que, más de 35 años después, precisa ser actualizada desde la búsqueda del entendimiento y el consenso.
En la ruptura del diálogo en Cataluña hay una responsabilidad compartida entre quienes han pretendido una declaración unilateral de independencia en el marco de unas elecciones autonómicas y quienes, desde el PP, no han hecho otra cosa que alimentar la desafección en los últimos años. De hecho, el independentismo ha multiplicado ampliamente su apoyo ciudadano desde que gobierna Rajoy. Aunque el proceso comenzó a intensificarse con anterioridad.
Especialmente con la presentación por el PP de un recurso ante el Tribunal Constitucional contra el Estatut que fue aprobado por las Cortes, por dos tercios del Parlament y, además, ratificado en referéndum por los ciudadanos y ciudadanas de Cataluña. Hasta el candidato conservador Albiol ha señalado los excesos de esa campaña contra el Estatut. A ello se sumaron agresivas campañas contra el consumo de productos catalanes, que sólo han logrado avivar el fuego de las desavenencias y el desafecto hacia el Estado español.
Las Cortes y el Gobierno, que salgan de las elecciones generales que se celebrarán el próximo 20 de diciembre, tienen grandes responsabilidades y tareas a desarrollar. Por un lado, si se logra una mayoría progresista, revertir los retrocesos de este nefasto período conservador. Retrocesos en los servicios públicos, en las agresivas leyes laborales o en los ataques a las libertades, simbolizados con la conocida como ley mordaza.
Pero también en la contrarreforma de la legislación sobre el aborto, pese a que el PP tuvo que recular algo respecto a sus más restrictivas posiciones iniciales. O, en definitiva, con el conjunto de las políticas de recortes y austeridad que solo han traído más pobreza y más desigualdades sociales.
Pero las elecciones generales deben suponer, asimismo, una oportunidad para romper con el inmovilismo estéril de este período y abrir las puertas a una reforma de la Constitución que ayude a desbloquear el actual y grave problema territorial. En este sentido, resulta interesante la aportación del que fuera candidato a la secretaría general del PSOE, el profesor José Antonio Pérez Tapias, quien señala que “el Estado no puede seguir con el diseño autonómico que ha tenido hasta ahora, a pesar de sus frutos”. Añadiendo que la cuestión no se resuelve con una reforma superficial de la Constitución.
Tapias defiende los elementos positivos de “una consulta legal a la ciudadanía catalana para que se pronunciara sobre su preferencia en cuanto a la relación de Cataluña con el Estado español, consulta que sigue siendo pertinente plantear”. Y concluye que “ir a un Estado de naciones -plurinacional, por tanto- no es ninguna quimera malamente desiderativa, sino la solución de convivencia democrática que se vislumbra para el Estado español”.
Estado federal
Desde Nueva Canarias hemos venido señalando reiteradamente la necesidad de abordar una reformulación hacia un Estado federal asimétrico, que sea capaz de reconocer las especificidades de los distintos territorios.
En el caso de Canarias, pese a no formar parte de las llamadas comunidades históricas, consideramos que nuestra situación en el Atlántico, a más de 1.000 kilómetros del continente europeo y a poco más de un centenar del africano, nuestra historia y cultura y el hecho de ser frontera Sur de la Unión Europea (UE), requiere de un tratamiento propio en lo económico y fiscal, así como un máximo nivel de autogobierno. Circunstancia que sí hemos consolidado con nuestro reconocimiento como región ultraperiférica en la Unión Europea.
Nueva Canarias quiere, modestamente, contribuir a esa mayoría de cambio que reconduzca la situación de la economía, genere empleo de calidad, garantice los servicios públicos, blindándolos en la Constitución, y contribuya a lograr unos mayores niveles de equidad.
Encauzando al tiempo el problema territorial, mediante una reforma de la Carta Magna que, en el caso canario, posibilite un nuevo y avanzado estatuto político, tras quedar fuera del primer nivel competencial en 1982 y en 1996. Y perder otra oportunidad, más recientemente, en 2007, con la partidista e interesada retirada del Estatuto.