La nueva normativa que acaba de publicar Educación trata de impedir que el profesorado que se encuentre en situación de Incapacidad Temporal por enfermedad pueda optar a un empleo
{mosimage}{mosimage}Entrevista a Gerardo Rodríguez
SB-Noticias.- El STEC-IC exige al Gobierno de Canarias que desista en su acoso al profesorado que se encuentra en situación de incapacidad laboral por enfermedad, especialmente cuando se trata de dejar en la calle a docentes interinos por el mero hecho de encontrarse enfermos.
La nueva normativa que acaba de publicar la Consejería de Educación trata de impedir que el profesorado que se encuentre en situación de Incapacidad Temporal por enfermedad pueda optar a un empleo durante el curso 2015/16, algo que atenta gravemente contra el derecho laboral de estas personas, máxime cuando, en muchos casos, la enfermedad tiene su origen en el propio puesto de trabajo. Dicha normativa pretende imponer un reconocimiento médico obligatorio para el profesorado interino e integrante de las listas de empleo que quiera participar en el procedimiento de adjudicación de destinos provisionales para el próximo curso. Esta imposición es discriminatoria en sí misma al tratar de manera desigual a este profesorado por el mero hecho de no ser funcionario de carrera.
Aunque el Consejero de Educación, José Miguel Pérez (PSOE), ha afirmado no gustarle la medida y trate de justificarla en la obligatoriedad de cumplir con una disposición establecida por la Dirección General de Función Pública, lo cierto es que dicha dirección general se enmarca dentro de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad que dirige, el también socialista, Francisco Hernández Spínola. Por tanto, o el PSOE tiene un grave problema de descoordinación, o nuevamente tratan de lanzar balones fuera culpando a otras instancias de lo que, conscientemente, hacen ellos mismos.
El asunto no es nuevo, pues desde que el PSOE ostenta estas dos consejerías, los docentes están siendo especialmente castigados cada vez que caen enfermos, además, es de sobras conocido el exacerbado interés de Spínola por “husmear” en los expedientes médicos y clínicos de todos los empleados públicos, algo que atenta gravemente contra los derechos de los pacientes y supone una flagrante violación de la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal.
Por el contrario, cuando se trata de velar por la salud del profesorado y por el cumplimiento de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, ponen un sinfín de trabas burocráticas para realizar los reconocimientos médicos anuales a todos los trabajadores y trabajadoras que así lo deseen, intentando evitar dichos reconocimientos, en unos casos, o demorándolos en más de dos años, en otros.
No es la primera vez que el PSOE trata de dejar en la calle al profesorado interino que tiene la desgracia de enfermar. En 1993, durante su anterior paso por la Consejería de Educación, decenas de docentes interinos, incluyendo a varias embarazadas, fueron despidos de manera absolutamente irregular por encontrarse de baja. Al final va a resultar que, la de Justicia e Igualdad, es una consejería que le queda muy grande los socialistas.
Por si fuera poco, últimamente se han disparado los casos de docentes que son obligados, por la Inspección General de Servicios de la Comunidad Autónoma (algo así como el médico de empresa), a aceptar el alta de oficio en contra del criterio de los facultativos especialistas de la Seguridad Social o de las distintas compañías médicas con las que mantiene concierto MUFACE.
Conste que el STEC-IC no pretende dar cobijo a quienes se aprovechan del sistema para actuar con picaresca y eludir sus responsabilidades como empleado público, pero “lo cortés no quita lo valiente”. Si la Consejería de Educación tiene fundadas sospechas de que existen casos de ese tipo, debe actuar con responsabilidad y justicia. En democracia, no valen los castigos ejemplares ni las medidas coercitivas. Tal como se plantea la normativa, se presta a que cualquier administración, actual o futura, la utilice para coaccionar a determinados colectivos docentes, eliminando así la capacidad crítica en la labor docente, algo que hasta el PSOE está de acuerdo en calificar como uno de los mayores daños que la LOMCE está haciendo al sistema educativo y a la sociedad que se irá conformando en las próximas décadas. Por otra parte, es materialmente imposible que los servicios médicos de Educación hagan el reconocimiento médico a miles de docentes en tan breve espacio de tiempo, por lo que todo hace pensar que detrás de la medida se esconde algún turbio negocio con servicios médicos privados.
Por todo ello, el STEC-IC, exige la inmediata retirada de dicha normativa y advierte que estará vigilante para que no se conculquen los derechos del profesorado, especialmente del más vulnerable.