Quienes han creado el problema deben resolverlo y no dejar la “papa caliente” para quien venga detrás
{mosimage}SB-Noticias.- El STEC-IC considera que la jornada de 20 horas lectivas; impuesta por la Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad al profesorado de los centros públicos de Educación Secundaria, Enseñanzas de Régimen Especial y de Personas Adultas; está suponiendo un grave perjuicio para el sistema público educativo en todos los sentidos.
En julio de 2012, la Consejería de Educación modificó la jornada de este profesorado para elevar, de 18 a 20, el número de horas lectivas. Además, para mayor castigo al profesorado y a la Educación Pública, el Gobierno de Canarias (CC – PSOE) aplicó un incremento de la jornada mayor que el resto de comunidades autónomas y que no venía establecido por el RDL, al elevar de 24 a 26 las horas de permanencia obligatoria en el centro a costa de reducir las horas de que dispone el profesorado para la preparación de clases y actividades y para su propia formación, algo que no hicieron ni las comunidades gobernadas por el PP.
Aunque en aquél momento, el Consejero de Educación, José Miguel Pérez (PSOE), se amparó en la obligatoriedad de cumplir con el Real Decreto-Ley 14/2012, de 20 de abril, que establece medidas de recorte en el ámbito educativo, la obligación no era tal y así lo demostró el STEC-IC con una propuesta que permitía cumplir con lo estrictamente obligatorio de dicho RDL sin tener que modificar, en absoluto, la jornada y las condiciones laborales del profesorado. Sin embargo, la Consejería la rechazó de entrada sin ningún argumento creíble. Evidentemente, el motivo no era otro que el económico. Esa medida permitió a la Consejería reducir en cerca de mil personas la plantilla docente ahorrándole al Gobierno de Canarias unos cincuenta millones de euros.
En este escenario, el profesorado que imparte docencia en estas enseñanzas (ESO, Bachillerato, FP, EOI, Centros de Adultos, Escuelas de Arte, Conservatorios…) se ve desbordado por el desproporcionado aumento de su jornada lectiva y de actividades complementarias. Algo que, unido a la ingente cantidad de tareas burocráticas y administrativas que se le ha ido imponiendo al profesorado en los últimos tiempos, dificulta enormemente la preparación de las clases y la elaboración y evaluación de las actividades que debe realizar el alumnado, así como la propia formación del profesorado.
Por otra parte, la medida ha contribuido a incrementar el paro entre el profesorado integrante de las listas de empleo que casi no han avanzado en los últimos tres años a pesar de que, en ese periodo, ha habido alrededor de dos mil jubilaciones.
Pero el daño más importante lo ha sufrido, sin duda, el alumnado de esos niveles educativos que, debido a la sobrecarga a que se ve sometido el profesorado, no puede ser atendido con toda la dedicación que sería deseable. Este incremento de la jornada lectiva implica un aumento de alrededor del 10% del número de alumnos y grupos a atender por cada docente, lo que se traduce en una menor capacidad para dar respuesta a todas las dificultades que el alumnado presenta en su proceso de aprendizaje.
Por todo ello, el STEC-IC se ve obligado a exigir al Gobierno de Canarias, y en particular a su Consejero de Educación, que modifique la actual normativa que regula la jornada laboral del profesorado para adecuarla a las condiciones existentes antes de los recortes y de la aplicación del RDL 14/2012. No es aceptable que, mientras el Gobierno de Canarias se jacta de lo bien que marcha la economía en las islas, dicha normativa continúe en vigor otro curso más, por ello debe modificarse ahora que se está planificando el curso 2015/16.
Quienes han creado el problema deben resolverlo y no dejar la “papa caliente” para quien venga detrás. Si de verdad apuestan por una educación pública de calidad, deben demostrarlo con algo más que promesas electorales. De lo contrario, seguirán siendo cómplices del daño que se le está haciendo a la Educación Pública Canaria.