Arturo Borges: “Llevaremos al Parlamento medidas que garanticen la calidad de los servicios sanitarios y el acceso a la sanidad de toda la población".
{mosimage}SB-Noticias.– Podemos Tenerife llama a la ciudadanía a movilizarse en defensa de los servicios públicos de salud y a secundar las concentraciones convocadas el 7 de mayo, a las 11:00 horas, ante las entradas principales de todos los hospitales del Servicio Canario de la Salud, así como a acudir a la gran Marcha Blanca del 14 de mayo.
Podemos asume plenamente las 15 propuestas de la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública Canaria, que plantea fórmulas concretas para revertir una situación que tiene como responsables al Partido Popular, Coalición Canaria y al PSOE, sin olvidar a Román Rodríguez, de Nueva Canarias, que dejó una pesada herencia cuando gestionó el Servicio Canario de Salud.
En este sentido, Borges detalla que una de las primeras iniciativas de Podemos será la tramitación de la Ley canaria de iniciativa popular sobre Salud y Sanidad, que, además de derogar la actual Ley de Ordenación Sanitaria de Canarias, potenciará las políticas y estructuras organizativas de salud pública, al garantizar la ”participación efectiva de usuarios y profesionales en la toma de decisiones”.
Borges puntualiza que la propuesta de Podemos va más allá y resalta necesidad de “políticas de rescate de la salud de la población a gran escala, empezando por la pobreza, que es el primer problema de salud”. Por eso, en una primera fase de máxima urgencia, Podemos promoverá la “revisión, en el segundo semestre de este año, de todos los presupuestos de las entidades públicas, transfiriendo partidas de gastos ociosos, superfluos, irrelevantes y prescindible a las partidas comprendidas en lo que denominamos rescate social”. Es decir, a las necesidades perentorias para combatir la pobreza severa que azota a nuestro pueblo.
Asimismo, Podemos plantea que todas las administraciones canarias vigilen "la salud en todas sus políticas” y evalúen el impacto de estas en la salud de la población, ya sean políticas económicas, laborales, medioambientales, sociales, educativas o sanitarias. Solo así, entiende la formación, se avanzará hacia el cambio de modelo de atención a la salud, dejando a un lado el actual de medicina asistencial y yendo a un modelo preventivo de salud pública, mucho menos costoso monetariamente y con muchos menos efectos adversos para las personas.
El encuentro, en el que participaron una nutrida representación de vecinos y vecinas, estuvieron presentes el candidato de Unid@s se puede, Rubens Ascanio, junto a José Marrero, número tres de la candidatura y portavoz municipal de Izquierda Unida, e idaira Afonso, número seis y coordinadora de la candidatura de confluencia en la comarca Nordeste.
Ascanio destacó el importante papel de las plataformas vecinales en la lucha contra un PGO que consideran “plagado de irregularidades y que no se corresponde con las necesidades de la población lagunera, ya que sigue estando centrado en la construcción y la especulación urbanística”. El candidato aseguró que sin ese trabajo vecinal el Plan ya estaría aprobado desde 2013, con el importante número de irregularidades detectadas y miles de afecciones para los laguneros y laguneras.
Desde Unid@s se puede se comprometieron a hacer todas las acciones necesarias, ya sea desde el Gobierno o desde la oposición, para que el Plan General que sea aprobado en el próximo mandato refleje las propuestas de los colectivos vecinales y se convierta en un documento para el desarrollo sostenible y equilibrado del municipio. En este sentido resaltan las posibilidades que existen en la zona para “recuperar suelos abandonados para la práctica de la agricultura o el desarrollo de las zonas protegidas de la costa, como La Barranquera, Bien de Interés Cultural que ha quedado totalmente abandonado”.
Igualmente creen que hay un enorme potencial en el desarrollo de propuestas vinculadas con las energías renovables, que es sin duda “una fuente de empleo de calidad para la gente de la comarca”.
Rubens Ascanio cree que este tipo de encuentros con colectivos sociales del municipio son fundamentales, resaltando la calidad de las intervenciones vecinales, que aportaron numerosas propuestas que serán recogidas en el programa de zona. “Trataremos de repetir la experiencia en más zonas por si interés, ya que vivimos un momento de creciente implicación social y voluntad de cambio, este lunes lo pudimos ver claramente en Valle de Guerra”, apostilla.
El edil teme que Cetensa y otras sociedades estén defraudando y pide al Ayuntamiento que rescinda contratos si se confirma la irregularidad
Pedro Fernández Arcila, concejal de Sí se puede en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, critica que el alcalde de la capital tinerfeña, José Manuel Bermúdez, no haya informado sobre si el Gobierno local tiene constancia de que alguna empresa concesionaria de servicios municipales haya evitado el pago de determinados impuestos y tasas que son gestionados desde el ámbito local mediante la alteración de sus cuentas de alguna manera. Entre los impuestos gestionados por el ayuntamiento destacan el Impuesto de Actividades Económicas (IAE) y el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI).
El concejal ecosocialista recuerda que a finales de marzo pasado solicitó esta información mediante una pregunta en el pleno de la corporación y que se han celebrado desde entonces dos plenos ordinarios sin que el alcalde o el equipo de gobierno municipal hayan respondido.
Arcila informó en el pleno que había tenido acceso a una información que hace pensar que la empresa concesionaria del servicio de cementerios, Cetensa, trata de eludir el pago del IAE mediante algún procedimiento. De confirmarse estas actuaciones, habría razón suficiente para rescindir el contrato, pues el abono de impuestos de esta naturaleza es una obligación esencial plasmada en el contrato.
Este posible intento de la empresa de cementerios “concuerda perfectamente con la afirmación del concejal de Servicios Públicos, Dámaso Arteaga, respecto a que Cetensa tiene una deuda contraída con Santa Cruz”, ha señalado Arcila. La existencia de esta deuda fue reconocida implícitamente por el propio Arteaga cuando dijo que el Ayuntamiento buscaría una fórmula compensatoria para no tener que abonarle a Cetensa 600.000 euros de la tasa de mantenimiento de cementerios. Además, esta tasa es ilegal, como ha recordado en varias ocasiones el concejal ecosocialista.
Arcila considera que podría haber otras empresas concesionarias, aparte de Cetensa, que estén tratando de evitar de manera fraudulenta el pago de impuestos y tasas, no solo del IAE, sino de otros cuya recaudación corresponde a las corporaciones locales. En este sentido, el concejal de Sí se puede ha propuesto que el Ayuntamiento rescinda de manera automática los contratos con aquellas empresas cuyo fraude sea detectado desde la Corporación.
Para detectar esos fraudes, es necesario someter a estas empresas concesionarias de servicios públicos locales y de bienes de dominio público local a un proceso de fiscalización. Esta es una medida, además, prevista en los planes parciales derivados del plan de control tributario o como consecuencia de las actuaciones normales de inspección en lo que se refiere al impago del IBI o de otros impuestos o tasas. En marzo pasado, Arcila preguntó al equipo de gobierno cuántas empresas concesionarias habían sido objeto de esta fiscalización. Es una información que aún continúa esperando el edil ecosocialista.
Además, Arcila preguntó cuáles son las cantidades que pudieran haberse defraudado por parte de cada una de estas empresas concesionarias y, en el caso de que se detectara incumplimientos de las obligaciones fiscales de alguna de ellas, inquirió al grupo de gobierno si está dispuesto a continuar con los contratos de concesión administrativa con estas empresas que han pretendido defraudar al erario municipal.