Para el diputado nacionalista, la decisión de Soria es un “ataque en toda regla” a un sector que, en la cumbre internacional celebrada la semana pasada en Tenerife, concluyó que este responsable ministerial es el “que más cosas ha hecho contra el sector”, según las palabras del presidente general de la Unión Española Fotovoltaica, José Donoso.
Quevedo manifestó que “todas las informaciones conocidas demuestran” que la decisión de José Manuel Soria tiene una “naturaleza política y no técnica”. El ministro canario en la materia, según el diputado de NC-CC, tiene que explicar “porqué toma decisiones que van en contra de los intereses generales de Canarias”, como también ha evidenciado la Asociación Canaria de Energías Renovables.
Con este objetivo, Quevedo ha solicitado una comparecencia para que Soria explique la contratación, por el Instituto para la Diversificación y el Ahorro de Energía (IDEA), de los informes independientes para la realización de los servicios consistentes en la elaboración y realización de estudios que valoren y establezcan los estándares de costes de inversión y operación de las tecnologías de generación de electricidad que operan en régimen especial en España, “y su no utilización” en la aprobación del Real Decreto de junio de 2014.
Las dos solicitudes de documentación se refieren al pliego de condiciones del contrato para la realización de los estudios y el informe final de Roland Berger Strategy Consultants S. A.
Con las cuatro preguntas con respuesta por escrito, Pedro Quevedo quiere “esclarecer” la utilidad de un informe que costó 300.000 euros más el Impuesto por el Valor Añadido (IVA), las razones por las que Soria aprobó el Real Decreto de recortes de las energías renovables “prescindiendo” de los informes de asesoramiento contratados, la información que sirvió al ministerio para adoptar las “drásticas” medidas contenidas en el mencionado real decreto, los motivos por los que Soria “no ha facilitado” el informe final de Roland Berger a los diputados que “lo han solicitado, en su legítimo derecho” de control al Gobierno, además de justificar la “imperiosa urgencia y el incumplimiento” de los plazos.