Los abogados de la Defensa consideran que los delitos contra el orden público han prescrito. La Fiscalía admite que ha habido “un cierto retraso” en señalar la vista oral
{mosimage}{mosimage}Entrevista a José Pérez Ventura
Canariasahora.– Dieciocho meses de prisión, y mes y medio de multa por dos faltas, es la pena que piden los servicios jurídicos del Cabildo de Tenerife a los 42 bomberos acusados de desórdenes públicos, por irrumpir en diciembre de 2005 en la sede insular y hacerse fuertes dentro de ella para lograr una negociación sobre sus condiciones laborales.
Al cabo de nueve años y un mes, el juicio comenzó por fin este jueves, después de sucesivos aplazamientos desde que en 2010 finalizara la instrucción judicial y se diera luz verde a la apertura de la vista oral por parte del juzgado de lo Penal número 3 de Santa Cruz de Tenerife. Esa tardanza es la que ha llevado a los abogados de la defensa a invocar que el delito había prescrito, de acuerdo con el Código Penal vigente hace una década.
Sin embargo, la Fiscalía ha alegado que no hay prescripción alguna ya que entre 2010 y 2014 no se dejaron de librar providencias, exhortos y requerimientos de todo tipo para que el juicio se celebrase. “Son 42 personas y hasta hoy no se ha conseguido la citación completa de los acusados”, indicó la fiscal Inmaculada Violán, quien admitió que, en efecto, “ha habido un cierto retraso”, pero también apuntó que hubo un señalamiento para la celebración del juicio en 2012 “que quedó en suspenso, justamente en garantía de los derechos de los procesados”.
El 21 de diciembre de 2005, en medio de una huelga de bomberos del Consorcio tinerfeño, en torno un centenar de efectivos, apoyados por compañeros de Gran Canaria, bajaron desde su sede central en Tomé Cano hasta el Cabildo, en la plaza de España, aproximadamente unos 1.000 metros, ataviados con sus uniformes y según uno de los acusados, acompañados por la Policía local y la Nacional “sin que nadie nos dijera, en momento alguno que ese recorrido era una manifestación ilegal”.
Una vez llegaron al Cabildo, algunos se quedaron por fuera del edificio. “Había niños que nos aplaudían”, dijo el acusado; otros se descolgaron por la fachada y otros entraron en el vestíbulo. “No sabíamos que había niños visitando el Belén navideño e hicimos un corredor para evacuarlos”, añadió.
Después subieron por las escaleras lanzando botes de humos, bengalas y entre medio de pitidos de sirenas y petardos. Un funcionario sufrió una otalgia que tardó tres días en curar, por lo que el Cabildo y la Fiscalía les imputa una falta de lesiones. Los bomberos aseguran que el humo naranja que lanzaron “era totalmente inocuo”.
“Jamás pusimos en peligro la vida ni la seguridad de las personas que estaban en el interior del Cabildo ni fuera del mismo. Somos bomberos, somos profesionales de la seguridad ciudadana y llevamos ese acto de protesta justo para pedir más seguridad para nosotros y los ciudadanos. Pedíamos un aumento de plantilla y mejores condiciones laborales”, añadió uno de los interrogados. Los acusados se han negado a responder a preguntas de las acusaciones pública y particular, y sólo han respondido a sus abogados.
Los acusados que declararon a lo largo de la mañana coincidieron en que no sabían que ese día se celebraba un pleno extraordinario para debatir los presupuestos de 2006. Su intención era forzar una reunión con el presidente del Cabildo, que entonces era Ricardo Melchior, y los responsables del Consorcio, que finalmente fue anunciada para dos días después, tras lo que los bomberos desalojaron el edificio.
Sin embargo, para los servicios jurídicos del Cabildo aquel fue “un acto de violencia” en el que “se puso en riesgo la vida de personas, incluidos niños y mayores”. Está previsto que el juicio dure seis días, hasta el jueves de la semana próxima.