Los servicios jurídicos del Gobierno lo analizan para ver si plantean responsabilidades penales
{mosimage}Europapress.- El portavoz del Gobierno de Canarias, Martín Marrero, ha afirmado que los servicios jurídicos de la Comunidad Autónoma continúan estudiando si se produjo un delito de prevaricación en la tramitación de las prospecciones en busca de hidrocarburos en las islas.
"El informe (de José Antonio Martín Pallín, magistrado emérito del Tribunal Supremo) apunta con claridad a que estamos ante una situación en la que se puede haber cometido prevaricación. Se está estudiando, ya que es un informe bastante complejo, y una vez se culmine [el análisis], el Ejecutivo regional adoptará las decisiones que considere oportunas", dijo tras el Consejo de Gobierno.
Aquí, agregó que la idea de encargar dicho documento fue para discernir si se podrían plantear responsabilidades penales en la tramitación de la autorización de prospecciones en aguas de Canarias.
"Principalmente -agregó- por el trato distinto dado a estas prospecciones respecto a las que se iban a tramitar en el Mediterráneo, tanto ante las costas de Málaga, como de Valencia y Baleares".
Sobre el último auto del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) respecto las prospecciones y donde el letrado Helmuth Moya realiza un voto particular en lo que a los sondeos, a la empresa que ha llevado a cabo la prospección y al Ministerio de Industria se refiere, Marrero entendió que la postura de dicho voto particular ya se había evidenciado desde el Gobierno de Canarias.
"Es decir, que el proceso administrativo para autorizar estos sondeos está plagado de irregularidades", manifestó mientras destacó que "hay un enorme margen de duda sobre la repentina decisión de Repsol [de anunciar que no había encontrado petróleo]".
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Rivero seguirá adelante con sus acciones judiciales para que ninguna petrolera busque crudo en aguas de Canarias
El presidente del Gobierno canario, Paulino Rivero, ha afirmado este jueves que el Ejecutivo autonómico proseguirá con sus acciones judiciales contra las prospecciones de petróleo en las islas, aunque Repsol ya haya abandonado sus planes, porque el objetivo es que ni esta empresa ni ninguna otra busquen crudo en aguas próximas a las islas.
"Seguimos en todos los frentes jurídicos porque queremos garantizar que en el futuro no solamente Repsol sino ninguna otra petrolera sea autorizada a llevar a cabo prospecciones en las aguas del entorno de Canarias en coherencia con el modelo de desarrollo que defendemos", ha declarado a los periodistas tras asistir al desayuno informativo de Europa Press.
Así, el presidente regional ha explicado que siguen adelante tanto las quejas presentadas en Bruselas como los expedientes que se tramitan en el Tribunal Supremo y el Constitucional, así como el informe encargado al magistrado emérito del Tribunal Supremo José Antonio Martín Pallín sobre la posible arbitrariedad en las decisiones del Gobierno de España en relación con las autorizaciones de las prospecciones en Canarias.
Si se hubiese producido esa arbitrariedad en Canarias con respecto a otros lugares como Baleares, donde el Ministerio de Medio Ambiente desaconsejó un proyecto de prospecciones y "si se derivaran responsabilidades, incluso penales", el Gobierno autonómico "impulsará las acciones que sean necesarias", ha advertido.
Rivero ha reiterado que la decisión de Repsol de no continuar con las prospecciones en Canarias, por no haber hallado recursos en cantidad y calidad suficientes, supone que "la batalla la ha ganado la sociedad canaria". Aunque ha expresado su deseo de que la multinacional siga llevando a cabo "sus actividades como empresa" en las islas, ha añadido que espera que estas "no tengan nada que ver con agredir al medio natural del archipiélago".
A su juicio, el hecho de que Repsol se haya retirado "a la primera de cambio" se debe a que la empresa y, especialmente, sus accionistas "son conscientes de que para su imagen no ha venido nada bien este empeño" en el proyecto. Además, ha atribuido ese empeño a "la presión del regulador, el Ministerio de Industria", ya que, según le comunicaron los propios accionistas hace unos meses, esas actividades "no estaban en sus planes estratégicos".
El Gobierno de Canarias amplía tres años las suspensiones de las licencias del Transporte Público Discrecional
Dada la continuidad de la situación económica, que llevó a permitir a los transportistas abandonar la actividad y retomarla posteriormente, el ejecutivo cree necesario aumentar el periodo de suspensión posible
El Gobierno de Canarias, a propuesta del consejero de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial, Domingo Berriel, aprobó hoy el Proyecto de Decreto por el que se modifica el Reglamento de desarrollo de la ley 13/2007, de 17 de mayo, de Ordenación del Transporte por carretera de Canarias, en lo que se refiere al plazo de suspensión de las autorizaciones de Transporte Público Discrecional.
Dicho Reglamento establece, en su artículo 60, la regulación de la transmisibilidad y suspensión de las autorizaciones de transporte publico discrecional y, en lo que se refiere a la suspensión en particular, el precepto prevé que la persona titular de una autorización de transporte público discrecional tenga derecho a la suspensión de la misma durante un plazo máximo de cinco años, pudiendo reiniciar la actividad durante ese periodo en las mismas condiciones que en el momento de abandonar la actividad.
Debido a la difícil situación que actualmente afronta el sector del transporte por carretera, provocada por el descenso de la actividad a consecuencia de la ralentización de la economía, el Gobierno de Canarias cree necesario flexibilizar la normativa, para propiciar así la adaptación de las empresas del sector a los diferentes ciclos de actividad.
Así, el decreto aprobado hoy incide en la modificación del plazo máximo para la suspensión de las autorizaciones de transporte público discrecional, en el sentido de introducir la posibilidad de prorrogar dicho plazo de suspensión hasta tres años más; siempre que la persona titular de la autorización continúe cumpliendo con todos los requisitos determinantes para su concesión y se solicite la prórroga antes de que expire el plazo de suspensión otorgado.
De este modo, los empresarios que hayan cesado temporalmente en su actividad y que no vean perspectivas de viabilidad para retomarla todavía, pueden solicitar su ampliación en otros tres años, sin perder la posibilidad de incorporarse en cualquier momento de ese plazo a la actividad en iguales condiciones a las que la prestaban en el momento de dejarla, sin tener que afrontar los requisitos adicionales que supondría comenzar como si se tratase de una nueva empresa.
El Gobierno aprueba el decreto de expedición de certificados y compulsas
La norma unifica criterios y homogeiniza las fórmulas utilizadas para la expedición de copias autentificadas de documentos oficiales públicos y privados
El Consejo de Gobierno ha aprobado el decreto por el que se regula la expedición de certificados, copias compulsadas, copias selladas y copias auténticas de documentos en la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias. Este decreto unifica criterios para el desarrollo y diseño de las fórmulas utilizadas para el ejercicio del derecho de expedición de copias de documentos oficiales. Con ello, se aumentan las garantías legales para corroborar la autenticidad de documentos.
El Ejecutivo ha optado por regular en una misma norma la expedición de certificados, compulsas, sellados simples y copias auténticas de documentos en el ámbito de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, para evitar dispersiones y dotar de mayor claridad y seguridad jurídica el ejercicio de unas funciones de especial relevancia en el quehacer diario de la actuación administrativa.
Además, con esta normativa, se adaptan estos procedimientos a la nueva legislación en materia de Transparencia, Acceso a la Información Pública y al uso de medios electrónicos en la Administración Pública.
El gasto medio por receta del SCS se situó en diciembre en 10,55 euros
Durante el pasado mes, se facturaron un total de 3.511.131 recetas, con un gasto medio cinco céntimos inferior al del mismo período del año anterior
El Servicio Canario de la Salud (SCS) facturó el pasado mes un total de 3.511.131 recetas, con un gasto medio de 10,55 euros, cinco céntimos por receta inferior que en diciembre de 2013, en el que se situó en los 10,60 euros. De esta facturación resultó un gasto total en medicamentos en la última mensualidad del año 37.036.874,44 euros, según consta en el balance económico del gasto presentado por la Consejería de Sanidad en la sesión del Consejo de Gobierno celebrada, esta tarde, en Las Palmas de Gran Canaria.
El número de recetas prescritas por usuario en diciembre pasado fue de 1,84 recetas y el gasto medio por usuario de 19,46 euros, 1,65 euros más que hace un año.
Datos acumulados
Entre enero y diciembre de 2014, se facturaron con cargo al SCS un total de 39.898.478 recetas, con un gasto medio de 10,60 euros, lo que situó la factura total en medicamentos en 422.903.481,96 euros.
Receta electrónica
En cuanto a la facturación en formato electrónico, en diciembre pasado se emitieron 3.342.650 recetas, lo que representa el 93,51% del total de recetas emitidas.
Los porcentajes por Área de Salud fueron: 93,76% en el Área de Salud de El Hierro, 94,56% en La Gomera, 94,62% en La Palma, 93,77% en Fuerteventura, 94,55% Lanzarote, 95,78% en Tenerife y 90,98% en Gran Canaria.
Formación en uso racional
Asimismo, el Servicio de Uso Racional del Medicamento y Control de la Prestación, de la Dirección General de Programas Asistenciales del SCS, impartió en el citado mes cursos presenciales sobre “Terapéutica Pediátrica 2014”, “Uso Racional del Medicamento para Médicos Internos Residentes”, “Receta Electrónica Continua Canaria”, “Uso racional del Medicamento para Enfermería” y “Prestación Farmacéutica y Visado para Residentes”.
En formación “on-line”, se continuó con el desarrollo del curso sobre “Prescripción eficiente en pacientes con EPOC”.