El Ayuntamiento podría reclamarle a la empresa más de 5 millones de euros
{mosimage}SB-Noticias.- Pedro Fernández Arcila, concejal de Sí se puede en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, ha decidido llevar al Pleno su solicitud para que el Tribunal Económico Administrativo Municipal determine si se le debe cobrar a la empresa Metropolitano de Tenerife la tasa por uso privativo del dominio público, tal y como sostiene su organización política y como el propio Ayuntamiento concluyó en un informe elaborado en 2010.
Arcila recordó hoy la unanimidad de los portavoces municipales a la hora de alabar el trabajo que desarrolla este tribunal, tras la lectura de su informe anual, durante el Pleno celebrado ayer lunes. “Si todos estamos de acuerdo en la ecuanimidad del Tribunal Económico, no sé qué razones tienen el concejal de Hacienda y el grupo de gobierno para impedir que sea este órgano quien dictamine la legalidad de lo que estamos reclamando desde Sí se puede”, señaló el concejal.
El edil dijo que los ingresos que no se están recibiendo por este trato de favor del Ayuntamiento al Cabildo son millonarios. Concretamente, se han dejado de cobrar 7,2 millones desde que comenzaron las obras del tranvía hasta 2010, según un informe de ese año elaborado por el Ayuntamiento, que en ese entonces –y bajo la batuta del PP en el área de Hacienda– ya le pedía esa tasa a Metropolitano. Ese dinero ya está perdido, pues solamente se pueden reclamar los importes de los últimos cuatro años. El dinero que corresponde a este periodo, y que se le puede exigir a Metropolitano, es superior a los cinco millones.
Ahora, y con Coalición Canaria de nuevo al frente de las cuentas locales, “el comportamiento de la Corporación en este asunto vuelve a ser el que de manera reiterada tienen los concejales de ese partido en sus relaciones con el Cabildo, pues muestran una actitud que los asemeja más a consejeros insulares que a ediles que defienden los intereses de este municipio”, afirmó Arcila.
En su moción, Arcila expresa su rechazo a los argumentos esgrimidos por Bernabé en la Comisión de Control de noviembre para rechazar el cobro de esta tasa. Estos argumentos se basaban en una resolución del coordinador general de Economía, Personal y Gestión sobre la que Arcila concluye que “el razonamiento jurídico central, fundamentalmente cuando se acude a la aplicación analógica para justificar, en última instancia, un beneficio fiscal, debe ser seriamente cuestionado”.
Ese razonamiento “supone una evidente infracción del artículo 14 de la Ley General Tributaria, además de una vulneración de la reserva de ley en materia tributaria y un claro incumplimiento del principio de interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos, al establecer un beneficio fiscal atípico y dispar, en función de posibles intereses espurios o completamente ajenos a los principios que inspiran la ordenación y aplicación del sistema tributario que garantiza que el sostenimiento del gasto público se realice en pie de igualdad”, concluye Arcila en su moción.