Por José Manuel Rivero. Abogado-Analista político
Lo ocurrido este 27 de enero en el Congreso no ha sido un debate reglamentario de técnica legislativa, sino una ofensiva clasista oligárquica coordinada contra las condiciones materiales de vida de la mayoría social en el Estado español y con mayor gravedad, por sus consecuencias en Canarias, dados sus altos niveles de desigualdad, pobreza y exclusión social. La pinza formada por PP, Vox y Junts para tumbar el Decreto que vinculaba la revalorización de las pensiones a la prórroga del escudo social, es la consolidación de un bloque propietarista que, por encima de sus retóricas diferenciales en relación a la forma de estado, comparte un mismo objetivo de clase: la salvaguarda absolutista de la propiedad privada y el rentismo frente a dar satisfacción a las necesidades sociales y públicas.
El argumento de esta derecha tricéfala es de un cinismo hiriente. Pretenden que la ciudadanía acepte que su «no» es un acto de higiene democrática contra los decretos ómnibus. Es una falacia. Su voto negativo no protege la calidad de las leyes, sino que desprotege a quienes no tienen más patrimonio que su pensión o su alquiler. Separar la subida de las prestaciones de la protección contra desahucios o los bonos eléctricos respecto a las personas vulnerables es, en la práctica, un ejercicio de prestidigitación política: pretenden que aplaudamos un incremento de ingresos mientras abren la puerta de atrás para que el mercado inmobiliario y energético devore esa mejora antes incluso de que llegue al bolsillo del pensionista.
La postura de Junts merece un análisis aparte por su especial crudeza. La formación de Puigdemont vuelve a demostrar que, cuando la estructura económica está en juego, sus intereses de clase burguesa coinciden milimétricamente con los de la oligarquía españolista. Al unirse a PP y Vox para dinamitar la suspensión de desahucios a las personas vulnerables sin alternativa habitacional, Junts se quita la careta: su «patria» no es un territorio ni una lengua, es el mercado inmobiliario. Prefieren dejar a miles de familias a merced de la especulación antes que admitir una mínima intervención pública que garantice el derecho a la vivienda. Es la solidaridad del bloque propietarista, que no entiende de fronteras cuando se trata de defender el «derecho» a desahuciar por encima del derecho a habitar.
Desde un rigor jurídico pegado a la realidad social, no se puede trocear la vulnerabilidad. Un pensionista con una prestación mínima que carece de protección frente a los incrementos abusivos de la luz o el alquiler sigue estando en una situación de indefensión absoluta. La revalorización de las pensiones sin un escudo social que la sostenga es una cáscara vacía, una transferencia indirecta de fondos públicos a los grandes tenedores de viviendas y comercializadoras eléctricas a través de las rentas de los más precarios.
Lo que se ha escenificado el día 27 de enero en el Congreso es la victoria de la acumulación sobre la subsistencia. Han preferido castigar a los sectores populares para enviar un mensaje de fuerza política. Sin embargo, lo único que ha quedado desenmascarado es la naturaleza de este bloque: una alianza de clase que utiliza a los pensionistas de forma cínica e hipócrita para asegurar que el negocio del alquiler y la energía permanezca intocable.
