En una reunión reciente con personas residentes afectadas se pudieron constatar varias irregularidades por parte del Cabildo de La Palma.
Sara Hernández, portavoz de Drago La Palma, asegura que se “ignoran los derechos de las personas residentes” y se “incumple el reglamento del propio centro”.
Drago La Palma denuncia la gestión autoritaria, opaca y socialmente insensible del Cabildo de La Palma en el proceso de reforma de la Residencia de Mayores de La Dehesa; que además está cometiendo varias irregularidades.
En palabras de la portavoz de Drago La Palma, se trata de una actuación que se está llevando a cabo “ignorando los derechos de participación de las personas residentes, incumpliendo el reglamento del propio centro y trasladando las consecuencias de la mala gestión institucional a quienes se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad”.
En una reunión con varias personas residentes afectadas, que tuvo lugar el pasado mes de diciembre, desde Drago La Palma se constató la situación de desamparo y maltrato institucional en que se encuentran. Durante esta reunión, se expusieron de forma colectiva las preocupaciones y el rechazo al proyecto de reforma en los términos planteados por el Cabildo en ese momento.
Tras analizar el Reglamento de Régimen Interno y las actuaciones del Cabildo, desde Drago La Palma se concluye que la reforma carece de consulta previa y participación efectiva por parte de quienes viven en el centro, pese a que el propio reglamento reconoce explícitamente ese derecho.
El artículo 2 del reglamento recoge el principio de participación de las personas residentes en los procesos de toma de decisiones que afecten a sus condiciones de vida, mientras que el artículo 19 reconoce su derecho a participar en la gestión del centro a través de los órganos representativos reglamentariamente establecidos. Entre esos órganos se encuentra la Junta de Coordinación, con representación de residentes, personal del centro y Cabildo, que no fue informada ni consultada sobre esta reforma.
Tal y como afirma Hernández, “no estamos ante un simple problema de comunicación, estamos ante una decisión tomada a espaldas de quienes viven allí, vulnerando derechos reconocidos en el propio reglamento del Cabildo”.
Falta de información oficial y ausencia de diálogo real
Durante la reunión mantenida con Drago La Palma, las personas residentes denunciaron la ausencia de una comunicación oficial, por escrito y dirigida al conjunto de las personas afectadas. La información sobre los traslados se transmitió de forma oral, informal y fragmentada, sin garantías ni documentación previa.
Asimismo, trasladaron haber solicitado en varias ocasiones reuniones formales con responsables del Cabildo, sin obtener respuesta. Ante esta situación, 18 personas residentes presentaron una queja formal ante la Diputación del Común, rechazando la reforma y los traslados mientras no se les garantizaran por escrito condiciones de alojamiento equivalentes a las actuales, registrando también un recurso solicitando acceso a la dirección del centro al expediente completo del proyecto.
Una reforma mal planificada a costa de las personas residentes
El Cabildo justifica la reforma de la Residencia de Mayores de La Dehesa en la necesidad de adaptar las instalaciones a un modelo de atención a personas dependientes. Sin embargo, para Hernández “esta decisión evidencia una grave falta de planificación, al optar por una actuación que pone patas arriba la vida de casi una veintena de personas residentes, en lugar de proyectar nuevos recursos residenciales diferenciados que den respuesta a la diversidad de realidades existentes en la isla”.
Con un presupuesto cercano a seis millones de euros —cuatro veces superior al coste de construcción del Centro de Alzheimer que permanece cerrado—, el Cabildo elige una solución que obliga a reubicar a las personas afectadas, en muchos casos en habitaciones compartidas con personas con altos grados de dependencia, perdiendo autonomía, intimidad y estabilidad en sus condiciones de vida.
A ello se suma que las plazas que se anuncian como nuevas ya existen actualmente, y que el centro no se encuentra a plena ocupación, lo que refuerza la percepción de una gestión deficiente de los recursos públicos.
“El Cabildo no planificó un traslado digno y ahora pretende culpabilizar a las personas mayores de su propia incapacidad para gestionar una reforma”, señala Hernández.
Un problema estructural de modelo sociosanitario en La Palma
Más allá del conflicto concreto, Hernández advierte de que “esta situación pone de manifiesto un problema estructural en el modelo de atención sociosanitaria de La Palma, en una isla cada vez más envejecida y con altos niveles de precariedad”.
“Las personas mayores sin familia ni recursos económicos carecen de alternativas habitacionales dignas”, prosigue Hernández, y añade que “las personas con demencia o alzheimer continúan compartiendo espacios inadecuados porque el centro especializado, terminado hace años, sigue sin abrirse”.
En este contexto, Hernández considera “especialmente grave” el discurso institucional cada vez más agresivo del Cabildo, que ha llegado a señalar públicamente a una sola persona como responsable de bloquear una inversión millonaria. “Estas afirmaciones, además de ser falsas —existen documentos firmados por al menos 18 personas—, resultan profundamente irresponsables, al enfrentar a la opinión pública con personas mayores vulnerables para ocultar la falta de planificación y de soluciones estructurales en materia de cuidados y dependencia en La Palma”, asegura Hernández.
“Resulta escandaloso que, teniendo seis millones de euros, la única solución que plantee el Cabildo sea tirar dos plantas y rehacerlas, sin diálogo, sin planificación social y sin empatía”, lamenta la portavoz se Drago La Palma, y destaca que “no se trata de un problema técnico, sino de un problema político; una institución incapaz de gestionar recursos públicos con inteligencia y sensibilidad social”.