Por: Guacimara Fuentes y Eloy Cuadra, activistas sociales.
Diez años llevamos ya con esta bien llamada Ley Mordaza (Ley Orgánica 4/2015, de protección de la seguridad ciudadana). Tiempo que ha servido para consolidarla como uno de los principales instrumentos de control social del Estado, con efectos profundamente regresivos para los derechos fundamentales y para la democracia misma. Y esto no es ideología, es una realidad que los datos confirman.
Diario El País, nada sospechoso de subversivo, a fecha 24 de agosto de 2024 cifra en 1.292 millones de euros de recaudación por sanciones desde que se aprobó la Ley. Para que se hagan una idea de la exorbitante cifra, 1.300 millones de euros darían para construir hasta 11.000 viviendas públicas. Es decir: con lo recaudado por la ley mordaza desde 2015 hasta 2023 se podría haber construido una ciudad entera de viviendas públicas. Y todo esto sin contar lo que le han quitado a la gente en los últimos dos años, de los que no tenemos información todavía. Sí hay información sobre la justificación de las multas, vinculadas la mayoría a protestas y concentraciones en el espacio público, desobediencia o “falta de respeto” a la autoridad, consumo de drogas blandas y otras acciones de carácter reivindicativo o político. ¿Entienden ahora por qué se llama Ley Mordaza? Su misión es amordazar al ciudadano que protesta.
Otro dato del mismo artículo que debería indignarnos, especialmente en Canarias: el hecho de que Canarias sea la tercera Comunidad en recaudación. ¡¿Pero esto qué es?!
Lo primero que debemos de saber si queremos entender cómo funciona esta Ley, es que no estamos ante un uso marginal de la norma, es un sistema sancionador masivo de uso generalizado entre las policías, diseñado para actuar con rapidez, con un coste administrativo muy bajo y mínima fiscalización judicial. La clave está en su arquitectura. La sanción no necesita condena penal o autorización judicial alguna previa, se apoya casi exclusivamente en la versión policial. Esto es: la palabra del policía tiene presunción de veracidad, lo que obliga a la persona sancionada a iniciar un largo y costoso camino de recursos si quiere defenderse. En la práctica, la pena con su multa llegan primero -conviene pagarla-, la defensa viene después, si es que llega.
Y la realidad es que la defensa casi nunca llega. Porque muchas personas renuncian a recurrir las sanciones por falta de recursos económicos, tiempo o energía, y otras muchas renuncian directamente a participar en protestas o acciones colectivas por miedo a las consecuencias. Y así vamos viendo ya lo que tenemos: una Ley que afecta de lleno a derechos fundamentales reconocidos en la Constitución, como el derecho de reunión y manifestación (art. 21 CE), el derecho a la libertad de expresión (art. 20 CE), o el derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24 CE).
De nuevo veremos mejor la gravedad del asunto si lo comparamos con lo que hay en otros países de nuestro entorno. En países como Alemania por ejemplo, las infracciones relacionadas con concentraciones o protestas públicas se encauzan mayoritariamente por la vía penal, con intervención judicial desde el inicio y sanciones económicas mucho más limitadas, reservadas a supuestos graves y concretos. En Francia, aunque existen multas administrativas por alteración del orden público, estas están más acotadas, requieren una motivación reforzada y no han generado un sistema masivo de recaudación comparable al español. Aún más garantistas son en los países nórdicos, como Suecia o Dinamarca, donde la protesta pacífica goza de una protección especialmente intensa, y las sanciones económicas son bajas y raramente utilizadas como herramienta disuasoria. Si bien es cierto que España está sirviendo de modelo a seguir en países como Italia o Reino Unido, donde se han aprobado leyes represivas recientes o se trabaja en ellas. En ningún caso, con la anticipación (hace 10 años que la sufrimos) y la aplicación masiva que tenemos en España (en torno a los 1500 millones euros recaudados), donde se combinan multas elevadas, tipos infractores vagos, presunción policial reforzada y un uso extensivo del derecho administrativo sancionador, lo que convierte a la Ley en una herramienta con una doble función: recaudatoria, y de disciplinamiento social o represión ciudadana, sin un equivalente real en la mayoría de democracias europeas consolidadas.
Hasta aquí el artículo en lo que tiene que ver con la Ley propiamente dicha y sus efectos sobre la democracia y los derechos fundamentales. Pero no está completa la denuncia si no apuntamos a sus señorías los de la clase política, y a la gran mentira de la “reforma pendiente”. Y es que llevan ya bastantes años, distintos gobiernos y partidos que se autodefinen como progresistas, prometiendo incluso en campañas electorales la derogación o reforma profunda de la Ley Mordaza, y hasta la fecha nada de nada. La ley sigue plenamente vigente, las sanciones se siguen imponiendo, y las reformas anunciadas están bloqueadas. Este detalle solo nos revela una cosa: la casta política, esto es, todos los políticos sin excepción, están más cómodos con esta ley represiva y antidemocrática, porque en el fondo les protege de la sociedad a la que no representan ni defienden.
El problema de lo que estamos denunciando en este texto, es que se trata de un artículo de carácter individual que poco va a cambiar. Es urgente que pasemos a articular una respuesta colectiva, desde Canarias, donde vemos que se están cebando especialmente. Basta con que recordemos muchos de los casos que acabaron con sanciones a activistas en Canarias: a activistas por el derecho a la vivienda, del Sindicato de Inquilinas o de la Acampada Reivindicativa, a anticapitalistas, a movimientos propalestinos, a gente de Salvar la Tejita y otros activistas contra Cuna del Alma, a Carmelo Suárez del PCPC, a taxistas asalariados del sur, a estudiantes contra Vito Quiles y otros fascistas, a Antonio Jimenez de La Voz del Mendigo, a movimientos soberanistas o a la Plataforma SOS Pueblos y Barrios. Incluso al diputado tinerfeño de Podemos que teníamos en el Congreso se lo cargaron con esta ley abusiva. Y siguen recaudando.
No hablamos por tanto de un debate abstracto ni de una cuestión marginal, no es una ley “del pasado”, no es ideología ni memoria histórica: son personas concretas, aquí y ahora, es represión, es miedo, es mordaza, es silencio. Así las cosas, acabamos con un llamamiento a la coordinación social. Desde los colectivos sociales, vecinales, sindicales y políticos que defendemos los derechos civiles, es urgente abrir una nueva fase de coordinación con vistas a actuar. Necesitamos visibilizar el impacto real de la ley mordaza, hay que compartir experiencias y casos, para articular respuestas políticas, jurídicas y sociales conjuntas, y para señalar sin ambigüedades a los que mantienen esta ley por acción o por omisión.
Este artículo es una invitación abierta a ese proceso, por y desde Canarias. Esta Ley sólo caerá cuando consigamos que sea vista como lo que es: un recorte brutal a los derechos democráticos y un problema político real, y sea enfrentada de manera sostenida por una red amplia de colectivos en lucha.