Por: Joaquín Hernández
CUADERNO DE BITÁCORA
La noticia me llegó me llegó y me pasó por mi cuerpo desde mi cerebelo hasta mis…
La verdad es que no lo podía creer, pero de un gobierno como el canario, lleno de mediocridad, incompetentes, abrazafarolas, coleópteros chupa sangre y demás fauna de auténticos descerebrados, me lo espero todo.
“El Gobierno de Canarias dejará sin asistencia personal a las personas en situación de dependencia a partir de enero”. La noticia era creíble puesto que partía de una denuncia publica efectuada por el Observatorio de Derechos Sociales de Canarias (ODESOCAN).
Yo, uno que está de vuelta de conocer la miserable actitud y aptitud, de comprobar como se creen los reyes del mambo, y me refiero a todos los gobiernos autónomos, incluyendo la Junta de Canarias, no le extraña que se carguen derechos fundamentales de las personas discapacitadas y se pasen por el arco del… los citados derechos.
En este sentido, la atención a la dependencia de las personas con discapacidad está reconocida como un derecho fundamental en España. El artículo 49 de la Constitución garantiza la protección de las personas con discapacidad y, a partir de la reforma de 2025, se amplían los derechos a decidir sobre las prestaciones, a recibir atención sanitaria en cualquier lugar de residencia y a contar con teleasistencia universal.
En resumen, la atención a la dependencia no es solo una política social, sino un derecho constitucional y legalmente protegido que busca la autonomía y la inclusión plena de las personas con discapacidad, de manera que está gente, si tiene razón ODESOCAN, el Gobierno de Canarias está incurriendo en un delito querellable porque, “si la omisión constituye una conducta discriminatoria o un delito de omisión del deber de socorro, el Código Penal contempla tipos como el delito de discriminación (art. 510) o el delito de omisión del deber de socorro (art. 409)”. En esos supuestos, la autoridad judicial puede iniciar una causa penal contra los responsables, ya sean funcionarios o entidades públicas.
Sin embargo, la noticia ha sido desmentida por Candelaria Delgado que es la consejera de Bienestar Social del Gobierno de Canarias y dice:
“El Gobierno de Canarias ha desmentido de forma tajante las advertencias de ODESOCAN, que alertó de que la asistencia personal quedaría paralizada en enero de 2026 debido a la enmienda introducida en los Presupuestos Autonómicos. El Ejecutivo sostiene que esta lectura es incorrecta y subraya que “la asistencia personal está en la Ley de Dependencia, está en la Ley Canaria de Servicios Sociales y va a seguir existiendo en Canarias”. Leída asi la respuesta del Gobierno da la impresión que alguien miente descaradamente, o bien ODESOCAN ha lanzado un bulo, o es la Consejera de Bienestar Social la que está mintiendo y encubriendo una triste realidad como es la anulación de subvenciones a la dependencia.
Sin embargo… ¡¡cáspita!! si seguimos leyendo entre líneas descubriremos la verdadera intención del ejecutivo, lean, lean y a ver si llegan a la misma conclusión que he llegado yo:
“El Gobierno destaca que Canarias cuenta por primera vez con un servicio acreditado de asistencia personal y que su intención es ampliar el número de entidades autorizadas, con el fin de llegar a más personas en situación de dependencia o discapacidad. La adaptación de los procedimientos al marco estatal —subraya— es un proceso que está realizando también el resto de las comunidades autónomas y no supondrá interrupciones en las concesiones ni en los pagos.”
¡¡Apaga y vámonos!! ya sabemos por donde va la historia, que idiota no darme cuenta antes del rollo bananero. Verán ustedes, si se dan cuenta se trata de “ampliar el número de “entidades autorizadas” con el fin de…bla, bla y bla. Todo se reduce al montaje de chiringuitos exprofeso para que el mamoneo de los millones de euros presupuestados no los dispongan los peticionarios, los dependientes y contraten a las personas que ellos estimen más oportunas y diligentes en la atención a su discapacidad, porque, incluso, puede ser un familiar que dedica parte de su tiempo a cuidar de sus abuelos, padres o parientes, y por supuesto que se le debe retribuir con esa minucia que dan, en algunos casos no llega a 150 euros al mes, para cubrir una ayuda domiciliaria.
Si tenemos en cuenta que en la Comunidad Canaria el 75% de las residencias geriátricas son de titularidad privada, y que el resto publicas están colapsadas, la ayuda domiciliaria supone la única posibilidad de que nuestros mayores encuentren en su domicilio la facilidad que le suponga tener, en los últimos años una mejor calidad de vida.
Se les ha visto el plumero, y conste que de chiringuitos oportunistas estamos hasta los mismísimos… de aguantar.
¿Seguiremos soportando a esta caterva de inútiles, hasta cuándo?