La Asociación de Vecinos Ruala de La Laguna denuncia el cierre ilegal de la calle Cañaveral, multas y retirada de vehículos
Continúa la polémica por el cierre al tráfico de la calle Cañaveral en La Laguna por parte del Ayuntamiento en el año 2023. Una decisión que según los vecinos tomó de manera unilateral el gobierno municipal y que perjudica a cientos de vecinos de las zonas limítrofes de San Roque, La Rúa, Bronco Lomo Largo y Aguere.
La situación se ha ido enconando y el jueves 25 de septiembre se produjo una actuación policial en dicha vía, con multas, inmovilizaciones y retirada arbitraria de vehículos.
Los vecinos afirman que el cierre de la calle es ilegal
“El cierre se materializó mediante Bando municipal, firmado el 18 de enero de 2023, pero el documento del cierre nunca se ha podido ver por los vecinos afectados. Más grave aún, la señalización actual pone solo «vecinos del camino Cañaveral» cuando la calle se llama «Calle Cañaveral», generando confusión e inseguridad jurídica sobre el alcance real de la prohibición.
Una medida unilateral que se adoptó sin estudios técnicos que la justifiquen, sin informes de movilidad, sin análisis de alternativas y sin evaluación del impacto en los vecinos de las zonas limítrofes. El procedimiento seguido presenta graves defectos legales que comprometen su validez”.
Para la Asociación es una decisión que perjudica a muchos y favorece a pocos
“El análisis jurídico del caso revela que el alcalde utilizó indebidamente un bando municipal para una decisión que requiere ordenanza municipal aprobada por el Pleno. La jurisprudencia es clara: ‘un bando municipal no es el instrumento adecuado para adoptar la decisión de cierre o peatonalización de las calles del municipio’.
La medida viola el principio constitucional de proporcionalidad al no haberse demostrado que el cierre al tráfico sea la única medida posible para garantizar la seguridad vial, que se hayan evaluado alternativas menos restrictivas y que los beneficios para unos pocos vecinos compensen los perjuicios para cientos de habitantes”.
Consideran que se ha producido una vulneración de derechos fundamentales
“El cierre unilateral vulnera múltiples derechos constitucionales como el derecho a la libre circulación (artículo 19 CE), el derecho a la igualdad ante la ley (artículo 14 CE), el derecho a la participación ciudadana (artículo 23 CE) y la prohibición de arbitrariedad de los poderes públicos (artículo 9.3 CE).
La adopción de medidas que benefician selectivamente a un grupo reducido mientras perjudican masivamente a otros constituye una discriminación injustificada”.
Auguran que el colapso se agravará con el cierre de la calle Tabares de Cala
“La situación empeorará dramáticamente cuando se materialice el cierre planificado de la calle Tabares de Cala. El efecto acumulativo de ambas medidas generará colapso circulatorio en las vías alternativas, aislamiento de barrios enteros, discriminación entre diferentes zonas del municipio y vulneración masiva del derecho a la movilidad urbana”.
Ruala anuncia una batalla legal
“Ante esta situación insostenible que ya llevamos casi padeciendo 3 años, la Asociación de Vecinos RUALA anuncia que pondrá en marcha todas las medidas necesarias:
Por una parte acciones jurídicas inmediatas como un Recurso contencioso-administrativo solicitando la nulidad del bando municipal, Medidas cautelares urgentes para suspender inmediatamente el cierre y Reclamación de responsabilidad patrimonial por los daños causados a los vecinos».
Y Movilización Ciudadana
“Con Manifestaciones en las calles hasta conseguir la reapertura, coordinación de todos los vecinos afectados y presión institucional para exigir soluciones definitivas”.
Finalmente la Asociación de Vecinos RUALA declara que «ya no se aguanta más esta situación «y que defenderá” el interés general de los vecinos» frente a las decisiones arbitrarias del Ayuntamiento.
“Hasta aquí hemos llegado»- esta frase resume el hartazgo de cientos de familias que han visto como una decisión unilateral, sin justificación técnica y legalmente cuestionable, ha convertido su vida diaria en un calvario durante casi tres años.
La actuación policial de hoy no es más que el síntoma de un problema mayor: tres años de decisiones arbitrarias que han generado indefensión, injusticia e inseguridad jurídica para cientos de vecinos”.