Por: Rommel Aquieta Núñez *
Hace días que intento describir algo del infierno que se vive en Ecuador con una sola escena. Una que pueda ser capaz de transmitir a los lectores la realidad que este país sudamericano vive cotidianamente en medio de una guerra interna, una crisis social y un proyecto político que parece devorar, poco a poco, la esperanza de todo un pueblo.
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El miércoles 17 de septiembre de 2025, en Ambato, ciudad capital de la provincia de Tungurahua, en la sierra central del país, desde muy temprano en la mañana un grupo de personas se reúne en las afueras del Hospital General Docente. Cierran una avenida principal, gritan consignas; algunos lloran, otros resisten mientras acompañan. Están allí para demandar atención médica. Personas enfermas, aun con la poca fuerza física que les resta y, luego de tres semanas de protesta, buscan obtener una atención adecuada e insumos mínimos y necesarios para continuar con su tratamiento de hemodiálisis y diálisis peritoneal.
Según datos de la Asociación de Centros de Diálisis de Ecuador, la deuda del Estado con las dializadoras supera los 250 millones de dólares, cifra con corte a mayo de 2025. El Ministerio de Salud Pública del mismo país señaló que solo en junio de este año se pagaron un total de 56,8 millones de esa deuda. Lo que no se aclaró muy bien es que esos pagos se realizaron con bonos de deuda interna desde el Ministerio de Economía y Finanzas, es decir, con un tipo de financiamiento a través de inversores o instituciones dentro del mismo Ecuador. En otras palabras, por medio de más deuda pública y sin llegar a concluir el pago total hasta el día de hoy.
En medio de la protesta, los carteles y las consignas que se escuchan desde los megáfonos, la falta de atención y el silencio de las autoridades también apagan vidas. Uno de los pacientes renales se desploma en vivo. Hay un medio de comunicación transmitiéndolo todo. Sus compañeros intentan sostenerlo, gritan, piden ayuda. Nadie escucha, pero todos lo miran en directo. “Por favor llévenle… Queremos los insumos. Por favor, necesitamos, estamos muriendo. Por favor, señor presidente, ayúdenos”.
Desde el interior del hospital la primera respuesta fue un grito: “No pueden grabar”. La emergencia pareció importarle poco al personal y a las autoridades de turno. El paciente murió aquel mismo día. El compañero de protesta apagó su voz en vivo y en directo, mostrándole a todo el país y al mundo que en Ecuador la vida desaparece sin que a nadie le importe.
Cruda y real, la escena devela tan solo una parte de todo lo que se vive en el país. El infierno que experimenta la población entera también se traduce en estadísticas de terror. Según datos del Ministerio del Interior, solo entre enero y julio de este año se contabilizaron 5.268 muertes violentas en territorio nacional; esta cifra representa un incremento de más del 40% respecto al mismo período de 2024. Hasta el mes de agosto se calcula que más de 6.000 personas se registraron como víctimas mortales en lo que sería el año más violento en la historia del país.
Un análisis estadístico sobre homicidios intencionales del primer trimestre de 2025, realizado por el Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado, identificó, adicionalmente, que existe un incremento de homicidios en niños, niñas y adolescentes (NNA). En 2024, un total de 300 homicidios contra NNA de entre 10 y 19 años fueron registrados. Para el primer semestre de este año, 504 nuevos casos se han registrado, evidenciando un incremento del 68% de homicidios dentro de este grupo etario.
El análisis citado revela, además, que existe una fuerte agudización de la violencia con uso de armas de fuego y una consolidación geográfica de la misma que se centraliza en la costa ecuatoriana, siendo Guayaquil la ciudad que concentra el 31,7% de homicidios de todo el país. De enero a agosto de este año, más de 500 mujeres han sido asesinadas de manera violenta; 155 de esas muertes tuvieron lugar en la misma ciudad portuaria.
Lo cierto es que, mientras en la sierra ecuatoriana se pierden vidas en las puertas de un hospital que debería salvarlas, en la costa la violencia las arrebata día tras día, generando cifras alarmantes. Todo esto ocurre mientras el gobierno nacional, presidido por Daniel Noboa, parece vivir en otra realidad, muy lejana de los problemas: la crisis interna, la guerra, las muertes, el crimen y la violencia.
Noboa y su gobierno convocan en Guayaquil a una marcha por la paz. Una marcha para “defender a nuestras familias”, dice el primer mandatario. No cabe duda de que su estéril accionar es el reflejo vivo de la falta de respuestas oportunas y de atención real. La movilización convocada tiene claros tintes políticos; Noboa usa el espacio como plataforma estratégica de ataque y confrontación. Se habla de consulta popular, de intervención en la justicia, de trabas para luchar contra el crimen organizado; se amenaza y se intimida, pero nada se dice de la crisis en áreas como la salud o la educación, nunca se mencionan las cifras del terror y, peor todavía, no se analiza la difícil situación que viven las familias con sus desaparecidos y sus muertos, con su infierno cotidiano.
Tras la denominada “marcha por la paz”, muchos nos seguimos preguntando: ¿acaso el propio gobierno no es quien debería garantizar la paz que reclama marchando en las calles? Son ellos, el equipo de gobierno y su líder máximo, quienes deberían trabajar día y noche para acabar con la violencia; quienes deberían crear y garantizar condiciones de vida dignas para una población que no para de sufrir lo peor de la guerra desatada por el proyecto del llamado “Nuevo Ecuador”.
En “el país de los cuatro mundos” el infierno es un mundo más: uno donde los muertos se multiplican cada hora, donde todos viven con miedo, donde se vigila y se aniquila al enemigo interno; uno donde el terror se esparce entre la gente desde y a través de decisiones y políticas de Estado. Aquí ya no basta con suplicar, con gritar o, peor aún, con callar. La guerra y las precarias condiciones de vida solo pueden despertar cada vez más nuestra indignación, nuestra rabia y nuestra acción. Nada queda por perder que la aterradora realidad no haya destruido ya. Es momento de luchar y, como Marx alguna vez dijo, “no se puede pinchar con alfileres lo que se debe demoler a mazazos”.
*Rommel Aquieta es ecuatoriano, papá, militante y lector de tiempo completo. Comunicador social, periodista e investigador independiente en temas de memoria política. Magíster en comunicación con mención en visualidad y diversidades, y colaborador del Instituto para la Democracia Eloy Alfaro IDEAL.