Ramón Trujillo considera preocupante que la Fiscalía no intervenga en los interrogatorios que conciernen al «segundo caso de presunta corrupción más grave de la historia de Santa Cruz de Tenerife»
El portavoz municipal también muestra su desaprobación por que el Ministerio Fiscal haya pedido que no se realice una prueba fundamental para el caso aduciendo una imposibilidad material «claramente inexistente»
Ramón Trujillo, portavoz de Unidas Podemos en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, acusa a la Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife de tratar de impedir la realización de una prueba pericial económico financiera de las cuentas de Sacyr-EMMASA, la empresa que gestiona el agua en el municipio. Esa prueba es fundamental para determinar los efectos del cobro, presuntamente delictivo, de 33,6 millones de euros, por parte de Sacyr. Trujillo recuerda que al igual que, sin prueba pericial, no hubiera habido condenas en el caso Las Teresitas, podría ocurrir lo mismo en el caso Sacyr.
El escrito de la Fiscalía del pasado día 27 de abril, sostuvo que existe la “imposibilidad material de llevar a efecto el dictamen pericial” porque su realización fue rehusada por la Intervención General del Estado, la Intervención General de la Comunidad Autónoma y, por último, por el Colegio Oficial de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración Local de Santa Cruz de Tenerife. Por supuesto, afirma Trujillo, no hay “imposibilidad material” de realizar el dictamen porque la documentación que se requiere está perfectamente preservada.
Asimismo, para el portavoz progresista municipal, también es muy preocupante que la Fiscalía no se haya dignado a intervenir en los interrogatorios a imputados y testigos en un caso que supuso nada menos que un ingreso, presuntamente delictivo, de 33,6 millones de euros por parte de la empresa adjudicataria de la privatización del agua en Santa Cruz de Tenerife.
Por su parte, el pasado día 23 de mayo el Juzgado emitió un auto asumiendo la tesis de la Fiscalía y dejó sin efecto la diligencia de prueba. Ramón Trujillo, el concejal de Unidas Podemos que ejerce la acción popular, ha recurrido ese auto aduciendo que el pago indebido de 33,6 millones de euros a Sacyr, la empresa adjudicataria del agua, no permitió, o redujo, la generación de beneficios y la retribución del socio minoritario, es decir, el Ayuntamiento. Y, además, la alteración producida en las cuentas habría “justificado” solicitudes de revisión de tarifas, con la consiguiente subida de precios a la ciudadanía, para garantizar el restablecimiento del equilibrio económico.
Asimismo, la prueba pericial debe determinar la existencia del derecho de Sacyr a recuperar 59 millones de euros, que había pagado como precio de la concesión del ciclo del agua por 25 años. También debe esclarecer si el reflejo de esta devolución se ajusta a las normas contables, concretar el perjuicio económico causado y determinar las causas de los desequilibrios económicos aducidos por EMMASA. Se trata de información imprescindible para determinar si los hechos poseen o no relevancia penal. Por lo que, no realizar la prueba pericial, conduciría previsiblemente al archivo del caso.
El recurso presentado, el pasado día 31 de mayo, por Unidas Podemos, cuestiona la “imposibilidad material” de llevar a cabo la prueba pericial por las negativas de las tres instituciones consultadas, que han alegado razones jurídico formales para no hacer la prueba, pero no razones de imposibilidad material. La imposibilidad material no existe porque la documentación contable está disponible y, asimismo, hay personal cualificado para realizarla y mecanismos legales para que el juez ordene la colaboración con la Justicia.
Por lo tanto, el magistrado puede exigir el cumplimiento del deber legal de colaboración con el Poder Judicial a las entidades que declinaron la petición para realizar la prueba pericial. Y, asimismo, el magistrado puede recabar la lista de peritos que todos los años han de remitir a los juzgados los Colegios de Economistas, el Consejo General de Economistas y el Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España, que reúnen la idoneidad técnica requerida y proceder a la designación judicial de dos peritos.
Unidas Podemos reitera que no existe la “imposibilidad material” de realizar la prueba pericial que requiere el caso Sacyr porque la documentación necesaria no se ha destruido y porque hay técnicos de sobra cualificados para llevarla a cabo a requerimiento del magistrado.