La Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Canarias (ADSPC) informa que el Juzgado de Instrucción número 5 de Las Palmas de Gran Canaria, a pesar de las pruebas presentadas y sin realizar ninguna diligencia, no ha admitido a trámite la querella, presentada por esta entidad el pasado 15 de enero de 2020, contra los responsables de la trama del negocio con los tratamientos de Oncología Radioterápica en la isla de Gran Canaria.
«Pretendíamos cumplimentar la vía judicial, para revertir el proceso privatizador, comprometida con la ciudadanía que apoyó con su generosa aportación económica la colecta o crowdfunding que organizamos con dicha finalidad», afirman representantes de la Asociación.
El principal querellado era Pedro Lara, Jefe del Servicio de Oncología Radioterápica del Hospital Dr. Negrín, durante los años que figuran en la querella, por presuntos delitos al pretender «compatibilizar», desde hace años, dicho puesto con la misma labor como Jefe de Servicio de Oncología Radioterápica de la Clínica San Roque a la cual se derivan, por el Concierto de la Radioterapia, los pacientes del Hospital Dr. Negrín.
Todo ello con la presunta colaboración de José Manuel Baltar, que era Director de Operaciones de entonces en San Roque, ocupándose de enviar y autorizar los pacientes de Radioterapia que se conciertan con esa clínica, con un coste de la concertación y un número de derivaciones mantenido sin que mediara concurso y con independencia de las necesidades del servicio y de las fluctuaciones de la lista de espera.
En la actualidad Lara, a partir de denuncias en prensa y en el Parlamento de Canarias, según se ha publicado se vio obligado a dimitir de su plaza de Jefe de Servicio así como de la de Catedrático de la Universidad de Las Palmas, ocupando en la actualidad la Jefatura de Servicio en la Clínica San Roque.
La ADSPC indica que se ha constatado que en los años en que el propio José Manuel Baltar era Consejero de Sanidad los tratamientos derivados fueron 249 en 2017, 272 en 2018 y hasta octubre de 2019 ascendían a 211, reportando un ingreso promedio anual a este centro privado de 1,6 millones de euros públicos. Unos presuntos hechos se relatan en la querella y de los que considera la Asociación era conocedor el Consejero Baltar no, aunque después se viera obligado a intervenir cuando el escándalo fue público.
La querella no se ha admitido a trámite aunque tipifica posibles delitos de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, cohecho y contra la Hacienda Pública entre otros.
«Para frenar el saqueo y la corrupción sanitaria hay que abolir toda forma de privatización»
La Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de canarias insiste en que en la mayoría de las Comunidades Autónomas esta realidad se ha traducido en los mismos problemas, se multiplica entre cuatro y siete veces el coste, hay irregularidades en la adjudicación de las concesiones o conciertos, recortes y deterioro en edificios y equipamiento, en la calidad de los materiales, sobrecostes no contemplados en los contratos, contrataciones de personal amañadas, trampas y sobreprecios en la publicitación e información al público, etc.
«En las tramas que se desarrollan se involucran empresas y responsables políticos, como ha sido presuntamente el caso en Canarias, por parte de sucesivos responsables de la Consejería de Sanidad. El más expresivo el del Consejero José Manuel Baltar», afirman.
Desde la ADSPC hace años que vienen denunciando en foros profesionales y sociales, los graves riesgos para pacientes, sistema sanitario, trabajadores y arcas públicas de la privatización. En este sentido afirman: «Nos hemos enfrentado a los grupos de presión profesional que la promueven (financiados por laboratorios, empresas tecnológicas, empresas consultoras, compañías de seguros médicos, fondos de inversión, etc,) que han visto en la sanidad un enorme negocio, dados los importantes recursos públicos que se destinan a la misma».
Recuerdan que la privatización que se presenta como alternativa a la gestión pública a la que se acusa de costosa, burocrática e ineficiente, no ha evidenciado las prometidas ventajas en eficiencia, transparencia y calidad, a lo que habría de añadir unos costes disparatados imposibles de sufragar a medio y largo plazo, así como la secuela grave de la generalización de la corrupción pública, como se ha podido demostrar en otras CCAA.
Finalmente hacen un llamamiento para poner freno a este «saqueo de dinero público», para lo que proponen:
1. Abrir auditorías en el Parlamento Autonómico para analizar la aplicación de las concesiones o conciertos y sus consecuencias para la Sanidad, la población y las arcas públicas.
2. Apertura de procesos de denuncia progresiva de las concesiones o conciertos y su reintegración al sistema público.
3. Sanciones ejemplares para los implicados en cualquier trama de corrupción, dada la trascendencia de ello para la salud de la población.