Lídia Poch Páez, Bióloga. Mª Josefa García Silva, Bióloga. Antonia Ruano González, Química. Miguel A. Robayna Fernández, profesor de Filosofía. Miembros de la asociación “Muévete por el Clima” y de otros colectivos socioambientales.
El novelista, crítico e intelectual Raymond Williams decía que “Ser verdaderamente radical es hacer la esperanza posible, no la desesperación convincente». Esta es una máxima que sin duda tenemos que aplicar los ecologistas, después de los contundentes datos arrojados por el sexto informe del panel intergubernamental sobre Cambio Climático de Naciones Unidas.
La emergencia climática no es un recurso retórico para intentar atraer la atención sobre una problemática grave, sino una definición fiel de la situación que afrontamos. Nunca la humanidad se había enfrentado a una situación como a la que nos enfrentamos en la actualidad. La concentración de CO2 en la atmósfera es la mayor en 2 millones de años, el crecimiento del nivel del mar es el mayor en al menos 3.000 años y el nivel del hielo en el Océano Ártico está en su nivel más bajo en al menos los últimos 1.000 años, solo por poner algunos datos.
El informe del IPCC plantea cinco posibles escenarios de subida de temperaturas, y en el peor, la temperatura media del planeta podría subir hasta 4,4 grados lo que implicaría un sinfín de fenómenos meteorológicos extremos con consecuencias catastróficas para los ecosistemas y la vida en la tierra, poniendo en riesgo hasta el normal suministro de alimentos. Por ello el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, calificó el informe como una “alerta roja para el planeta”.
Canarias, por las reducidas dimensiones de su territorio insular la dependencia del exterior, la situación geográfica y la fragilidad de nuestros ecosistemas es una de las regiones del mundo que sufrirá los efectos del cambio climático. El aumento del nivel del mar, las sequías, los incendios forestales o la desertización pueden hacer de las islas un lugar inhabitable. Los gases causantes de estos efectos son fundamentalmente los que se emite por quemar combustibles fósiles (petróleo, gas y carbón) para generar energía. Y aunque se pueda pensar que la aportación de un territorio tan pequeño como Canarias a las emisiones es insignificante, lo cierto es que las centrales térmicas de Juan Grande y Jinámar, que producen la energía eléctrica en Gran Canaria, están entre las plantas más contaminantes de toda España.
Contamos en Gran Canaria con el proyecto “Salto de Chira”, la propuesta de descarbonización más importante de Canarias y una de las más importantes del estado español. Se trata de una central hidroeléctrica de almacenamiento que bombeará agua desalada desde la costa hasta la presa de Chira utilizando la energía renovable sobrante, para hacer caer esa agua hasta la presa de Soria, moviendo una turbina y generando energía limpia cuando sea necesaria.
Esta iniciativa promovida por el Cabildo de Gran Canaria permitirá el aumento de la penetración de energías renovables en un 36% para alcanzar entre el 51 y el 70% de generación de energías limpias en la isla. Además, este proceso generará un excedente de 700.000 metros cúbicos de agua que se destinarán a la lucha contra la desertización que amenaza el 95% del territorio insular, así como al desarrollo del sector primario y a las repoblaciones.
Se trata de una central pública (promovida por el Cabildo de Gran Canaria, aunque operada en régimen de concesión administrativa por el operador del sistema, que en España es Red Eléctrica) que surge para solventar el principal problema de las energías renovables, que no es otro que el almacenamiento, y que además ayudará a solventar la escasez creciente de recursos hídricos. Además, el proyecto ya cuenta con la declaración de impacto ambiental favorable, un documento elaborado por algunos de los mejores técnicos medioambientales del archipiélago, que han establecido que las afecciones al Barranco de Arguineguín van a ser asumibles y compatibles con la conservación del espacio y han establecido toda una batería de medidas compensatorias. Por su parte el Cabildo de Gran Canaria ya ha anunciado su intención de llevar un plan de restauración ambiental para la zona.
Nos parece muy preocupante que entre quienes se oponen al proyecto estén ganando terreno voces que piden una moratoria en la instalación de energías renovables en Canarias, lo que sería un suicidio ecológico, social y económico que nuestra tierra no se puede permitir. Paralizar las energías renovables, aunque fuera unos años, sería impedir la principal oportunidad de Canarias para reducir emisiones, diversificar la economía, ganar en soberanía y generar empleo de calidad en nuestras islas.
Como ecologistas entendemos a la perfección que una gran infraestructura de este tipo pueda generar cierto rechazo o dudas entre algunos sectores del ecologismo, ya que buena parte de la identidad del ecologismo canario se ha configurado en relación con la defensa del territorio frente a la especulación urbanística derivada del binomio turismo-construcción. Pero lo cierto es que Salto de Chira no tiene nada que ver con esas operaciones especulativas.
Es por ello que cobra más importancia que nunca la articulación de un “ecologismo de emergencia”. Porque otra de las conclusiones de los expertos del IPCC es que a pesar de la gravedad de la situación aún estamos a tiempo de poder arreglarlo.
En la actualidad, quienes defendemos un ecologismo social crítico debemos estar en alerta constante, exigiendo e incidiendo políticamente sobre los gobernantes y las instituciones para que los proyectos que favorecen la transición ecológica se ejecuten con la mayor planificación y ambición climática y presionar a las instituciones para que vayan mucho más allá, evitando la permisividad absoluta, ya que estamos ante una crisis civilizatoria que exige una transformación profunda del modelo productivo canario y su dependencia de turismo y del exterior.
Como todo ello tiene una evidente dimensión pública, debemos insistir en que los gobiernos locales, insular y autonómico deben mejorar la presencia ciudadana en el proceso de transformación ecosocial, lo que conduce a la toma de medidas como el fortalecimiento de las capacidades de gestión local e insular, la adecuada coordinación interinstitucional entre las distintas administraciones; la gestión participativa real y no sólo formal; y la transparencia y rendición de cuentas con indicadores objetivos de desempeño. Desde estos planteamientos, pensamos que, en general, el Cabildo de Gran Canaria lleva desarrollando desde la legislatura anterior una acción pública que supone una oportunidad política para los colectivos ecologistas, sentando las bases de una política ecosocial que abre muchas vías de futuro para el bienestar de nuestra sociedad.
Nos jugamos nuestro futuro, y queda mucho por hacer. La situación es grave, pero como decía Williams tenemos que hacer la esperanza posible, y para ello apostamos por un ecologismo de emergencia: ambicioso climáticamente, con una visión crítica de conjunto más allá de cierto conservacionismo y que apueste por incidir en las políticas públicas ambientales, participando en medidas y proyectos concretos que contribuyan a combatir el cambio climático, mejorar la calidad de vida de las personas y garantizar un futuro digno y saludable para las generaciones futuras de nuestras islas y del planeta.